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Salarios de los españoles: Se abre la veda: funcionarios de prisiones, médicos y profesores exigen la equiparación. Noticias de España
Lo que otros colectivos públicos dejan claro es que el melón abierto con policías y guardias civiles debe ser solo el principio: entienden que 2018 también tiene que ser su año
La equiparación salarial entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas está más cerca. El Gobierno ha lanzado una propuesta para que esta realidad llegue en 2020 y los agentes de estos cuerpos cobren exactamente lo mismo que los Mossos d'Esquadra en tres años, independientemente del sueldo que tienen ahora. Los sindicatos policiales consultarán la oferta a sus bases en los próximos días y, si hay luz verde, con toda seguridad la equiparación estará incluida en los Presupuestos de este año. Se trata de una reivindicación de hace tiempo, pero que no es exclusiva de este colectivo: de hecho, muchos otros empleados públicos iniciarán un frente en los próximos meses para exigir esa homologación y la recuperación del salario perdido desde la crisis en vista de que se abre el melón.
Es el caso, en primer lugar, de los funcionarios de prisiones, que exigen al Ejecutivo ser incluidos de inmediato en la negociación junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su reivindicación insiste en que Instituciones Penitenciarias también forma parte del Ministerio del Interior y entienden que "dejarles fuera" de la negociación supone un "ninguneo" y una "exclusión" evidente. El sindicato CSIF ya ha anunciado que habrá más movilizaciones en la calle en el mes de abril si no hay avances en este sentido y recuerdan que, como Policía y Guardia Civil, estos funcionarios también juegan un papel crucial en la defensa de la seguridad nacional y la lucha antiterrorista. Según la propuesta presentada por la organización sindical en el Congreso, el coste anual para alcanzar la igualdad de sueldos sería de 170 millones de euros.
La diferencia salarial entre estos funcionarios a nivel nacional con los autonómicos (Cataluña es la comunidad que tiene las competencias transferidas) es de 400 euros en el caso de los funcionarios de escala básica, 500 en los encargados de departamento y hasta 1.800 en los cargos directivos. La exigencia influiría en un total de 23.000 personas en este colectivo, dejando a un lado los 5.000 empleados de prisiones que en estos momentos hay en Cataluña. Además, CSIF añade un problema estructural de cierta gravedad: las plantillas de Instituciones Penitenciarias están cada vez más mermadas y envejecidas.
Más allá del caso concreto de las prisiones, el estudio más reciente elaborado por CSIF (relativo a 2017) pone de manifiesto las enormes diferencias salariales en un mismo puesto de trabajo si se realiza en la Administración General del Estado o en algunas comunidades autónomas, que pueden alcanzar los 1.000 euros en el caso del personal de servicio y mantenimiento; y hasta 21.600 euros anuales en el caso de los funcionarios de nivel A1 (aquellos que tienen una titulación superior), siendo Euskadi la región con retribuciones más altas.
Médicos y profesores preparan un frente
Los sectores de la sanidad y la enseñanza también han tomado nota del posible acuerdo que el Gobierno podría firmar en pocos días con los cuerpos policiales y entienden que ha llegado su hora después de ver congelado su salario (como el del resto de funcionarios) desde 2010 y con el único aumento del 1 % en 2016. Estos colectivos también exigen cuanto antes una homologación independientemente de la comunidad en la que ejerzan.
Los médicos reclaman, como mínimo, una equiparación en el salario base y el concepto fijo de la nómina (es decir, la parte relativa al Estado) que, después, debería verse ampliada en todos aquellos conceptos variables como son las guardias. De hecho, estas últimas son las que más cambian su situación dependiendo de la región en la que trabajan: hay diferencias de hasta un 40 % teniendo en cuenta que en algunas CCAA la guardia se paga a 14 euros la hora frente a los 23 euros de otras. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado una manifestación de carácter nacional el próximo 21 de marzo en Madrid que tendrá como principales reivindicaciones la recuperación del poder adquisitivo (aseguran haber perdido entre un 25 y un 30 por ciento desde 2010) y, por el otro, la homologación salarial.
Y es que, por poner un ejemplo, entre trabajar en Murcia o en País Vasco y hacerlo en Andalucía o en Navarra, el salario de un médico de unos 30 años, con un trienio trabajado e incluyendo guardias, puede variar hasta en 1.000 euros. A diferencia del profesorado, todos los médicos cobran sueldos superiores al salario medio de su comunidad. Las grandes diferencias se encuentran en ejercer la profesión en una región u otra. Por ejemplo, los médicos murcianos son los más beneficiados en términos de salario bruto gracias al precio pagado por las guardias y al complemento específico de cada autonomía.
La petición de equiparar las grandes desigualdades en los conceptos fijos ya la planteó la CESM al PP cuando llegó al Gobierno en 2011. Pero la falta de coordinación entre las comunidades autónomas hizo que la propuesta cayera en saco roto. El secretario general, Francisco Miralles, explicó a este diario la postura de la Confederación: "Entendemos que no es razonable desde ningún punto de vista discriminar el salario de un profesional de la sanidad por autonomía". Por este motivo, las diferencias persisten, incluso aumentan, como muestra el siguiente recorrido por cada una de las comunidades autónomas que compara el sueldo medio de las regiones con el salario tipo de un profesor de secundaria y un médico.
En cuanto a los profesores, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) asegura que "ha llegado el momento de restablecer sus condiciones económicas y laborales" y compensar el esfuerzo realizado durante la crisis. Según su portavoz de acción sindical, Ramón Izquierdo, también iniciarán movilizaciones en las próximas semanas si el Ministerio de Educación no empieza a abordar la recuperación del poder adquisitivo perdido y la equiparación salarial de estos profesionales en toda España.
Esta última petición la basarán en un pilar fundamental: la necesidad de crear un estatuto de la función pública docente (actualmente no existe) donde se establezcan las retribuciones mínimas para todos los cuerpos docentes y una carrera profesional con cuantías iguales en toda España, tomando como referencia las regiones mejor situadas (País Vasco). ANPE recuerda además que los profesores son el único cuerpo de carácter estatal (el ingreso, acceso y movilidad lo regula el Estado) en el que los salarios sí están transferidos y son diferentes tanto en cuantías fijas como en complementos (tutorías, coordinación de planes etc.), causando desigualdades de al menos 300 euros mensuales, según el sindicato.
Salarios de los españoles: Se abre la veda: funcionarios de prisiones, médicos y profesores exigen la equiparación. Noticias de España
Lo que otros colectivos públicos dejan claro es que el melón abierto con policías y guardias civiles debe ser solo el principio: entienden que 2018 también tiene que ser su año
La equiparación salarial entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas está más cerca. El Gobierno ha lanzado una propuesta para que esta realidad llegue en 2020 y los agentes de estos cuerpos cobren exactamente lo mismo que los Mossos d'Esquadra en tres años, independientemente del sueldo que tienen ahora. Los sindicatos policiales consultarán la oferta a sus bases en los próximos días y, si hay luz verde, con toda seguridad la equiparación estará incluida en los Presupuestos de este año. Se trata de una reivindicación de hace tiempo, pero que no es exclusiva de este colectivo: de hecho, muchos otros empleados públicos iniciarán un frente en los próximos meses para exigir esa homologación y la recuperación del salario perdido desde la crisis en vista de que se abre el melón.
Es el caso, en primer lugar, de los funcionarios de prisiones, que exigen al Ejecutivo ser incluidos de inmediato en la negociación junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su reivindicación insiste en que Instituciones Penitenciarias también forma parte del Ministerio del Interior y entienden que "dejarles fuera" de la negociación supone un "ninguneo" y una "exclusión" evidente. El sindicato CSIF ya ha anunciado que habrá más movilizaciones en la calle en el mes de abril si no hay avances en este sentido y recuerdan que, como Policía y Guardia Civil, estos funcionarios también juegan un papel crucial en la defensa de la seguridad nacional y la lucha antiterrorista. Según la propuesta presentada por la organización sindical en el Congreso, el coste anual para alcanzar la igualdad de sueldos sería de 170 millones de euros.
La diferencia salarial entre estos funcionarios a nivel nacional con los autonómicos (Cataluña es la comunidad que tiene las competencias transferidas) es de 400 euros en el caso de los funcionarios de escala básica, 500 en los encargados de departamento y hasta 1.800 en los cargos directivos. La exigencia influiría en un total de 23.000 personas en este colectivo, dejando a un lado los 5.000 empleados de prisiones que en estos momentos hay en Cataluña. Además, CSIF añade un problema estructural de cierta gravedad: las plantillas de Instituciones Penitenciarias están cada vez más mermadas y envejecidas.
Más allá del caso concreto de las prisiones, el estudio más reciente elaborado por CSIF (relativo a 2017) pone de manifiesto las enormes diferencias salariales en un mismo puesto de trabajo si se realiza en la Administración General del Estado o en algunas comunidades autónomas, que pueden alcanzar los 1.000 euros en el caso del personal de servicio y mantenimiento; y hasta 21.600 euros anuales en el caso de los funcionarios de nivel A1 (aquellos que tienen una titulación superior), siendo Euskadi la región con retribuciones más altas.
Médicos y profesores preparan un frente
Los sectores de la sanidad y la enseñanza también han tomado nota del posible acuerdo que el Gobierno podría firmar en pocos días con los cuerpos policiales y entienden que ha llegado su hora después de ver congelado su salario (como el del resto de funcionarios) desde 2010 y con el único aumento del 1 % en 2016. Estos colectivos también exigen cuanto antes una homologación independientemente de la comunidad en la que ejerzan.
Los médicos reclaman, como mínimo, una equiparación en el salario base y el concepto fijo de la nómina (es decir, la parte relativa al Estado) que, después, debería verse ampliada en todos aquellos conceptos variables como son las guardias. De hecho, estas últimas son las que más cambian su situación dependiendo de la región en la que trabajan: hay diferencias de hasta un 40 % teniendo en cuenta que en algunas CCAA la guardia se paga a 14 euros la hora frente a los 23 euros de otras. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado una manifestación de carácter nacional el próximo 21 de marzo en Madrid que tendrá como principales reivindicaciones la recuperación del poder adquisitivo (aseguran haber perdido entre un 25 y un 30 por ciento desde 2010) y, por el otro, la homologación salarial.
Y es que, por poner un ejemplo, entre trabajar en Murcia o en País Vasco y hacerlo en Andalucía o en Navarra, el salario de un médico de unos 30 años, con un trienio trabajado e incluyendo guardias, puede variar hasta en 1.000 euros. A diferencia del profesorado, todos los médicos cobran sueldos superiores al salario medio de su comunidad. Las grandes diferencias se encuentran en ejercer la profesión en una región u otra. Por ejemplo, los médicos murcianos son los más beneficiados en términos de salario bruto gracias al precio pagado por las guardias y al complemento específico de cada autonomía.
La petición de equiparar las grandes desigualdades en los conceptos fijos ya la planteó la CESM al PP cuando llegó al Gobierno en 2011. Pero la falta de coordinación entre las comunidades autónomas hizo que la propuesta cayera en saco roto. El secretario general, Francisco Miralles, explicó a este diario la postura de la Confederación: "Entendemos que no es razonable desde ningún punto de vista discriminar el salario de un profesional de la sanidad por autonomía". Por este motivo, las diferencias persisten, incluso aumentan, como muestra el siguiente recorrido por cada una de las comunidades autónomas que compara el sueldo medio de las regiones con el salario tipo de un profesor de secundaria y un médico.
En cuanto a los profesores, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) asegura que "ha llegado el momento de restablecer sus condiciones económicas y laborales" y compensar el esfuerzo realizado durante la crisis. Según su portavoz de acción sindical, Ramón Izquierdo, también iniciarán movilizaciones en las próximas semanas si el Ministerio de Educación no empieza a abordar la recuperación del poder adquisitivo perdido y la equiparación salarial de estos profesionales en toda España.
Esta última petición la basarán en un pilar fundamental: la necesidad de crear un estatuto de la función pública docente (actualmente no existe) donde se establezcan las retribuciones mínimas para todos los cuerpos docentes y una carrera profesional con cuantías iguales en toda España, tomando como referencia las regiones mejor situadas (País Vasco). ANPE recuerda además que los profesores son el único cuerpo de carácter estatal (el ingreso, acceso y movilidad lo regula el Estado) en el que los salarios sí están transferidos y son diferentes tanto en cuantías fijas como en complementos (tutorías, coordinación de planes etc.), causando desigualdades de al menos 300 euros mensuales, según el sindicato.
