Pese a las repetidas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ligaron parte o todos sus ahorros a la suerte de las empresas del grupo Nueva Rumasa. Ahora que esa suerte se tuerce, ven peligrar seriamente su dinero. Los pequeños inversores de empresas como Clesa, Dhul o Garvey se preparan para pelear en los tribunales. La Plataforma de Afectados Nueva Rumasa, creada el pasado 7 de febrero, aglutinaba ya ayer a más de 800 personas. Y es un bufete malagueño, el de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, el elegido para defender sus intereses.
El juez de lo mercantil en excedencia Enrique Sanjuán, responsable del departamento del ramo del mencionado despacho, trabajaba ayer a marchas forzadas para ordenar la avalancha de documentación que le están remitiendo los pequeños inversores de Nueva Rumasa. «La plataforma agrupa ya a más de 800 personas. El total de inversores en realidad no se conoce debido a la falta de supervisión financiera, pero creemos que la cifra de 5.000 que ha dado la empresa está inflada y más bien se sitúa en 3.000», afirma Sanjuán, que aspira a reunir al mayor número de afectados posible para tener más fuerza en las acciones legales que se planteen a partir de ahora.
El abogado califica de «dramática» la situación para estos inversores, que en algunos casos depositaron en las empresas de Ruiz Mateos todos sus ahorros. Hay que tener en cuenta que las tres primeras emisiones que lanzó Nueva Rumasa eran a 50.000 euros, y que algunos ahorradores llegaron a suscribir hasta 150.000 euros. «Si las empresas entran en proceso concursal les va a ser muy difícil recuperar su dinero, pues en el mejor de los casos serían acreedores ordinarios», explica Sanjuán.
Las tres primeras emisiones de deuda que realizó el conglomerado de Ruiz Mateos fueron a través de pagarés, por lo que sus propietarios se consideran acreedores ordinarios. Eso significa que a la hora de recibir el dinero van después de los bancos con garantías hipotecarias, los trabajadores, la Seguridad Social y Hacienda. Pero la última emisión fue de participaciones y sus titulares, al considerarse socios de la empresa, serían los últimos en cobrar en un proceso concursal.
El despacho malagueño está diseñando la mejor estrategia para defender los intereses de estos afectados en los diferentes escenarios que se pueden plantear a partir de ahora. La situación actual de Carcesa, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano es preconcursal, lo que significa que tienen un plazo de cuatro meses para renegociar su deuda y evitar la entrada en suspensión de pagos.
Concurso necesario
Sin embargo, la plataforma de inversores se está planteando instar al concurso ordinario antes de que cumpla ese plazo. De esta manera, Nueva Rumasa se vería obligada a resarcir su deuda con dichos ahorradores o a cerrar una refinanciación completa. Si no lo hiciera, la declaración de concurso necesario apartaría de la gestión a sus responsables e incluso podría derivar responsabilidades penales. Además, los afectados verían privilegiada el 25% de su deuda al haber iniciado ellos el proceso.