Recopilación de casos de corrupción de la PP... he decidido petar el foro. A la hez con tó!

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115.. Caso Hidrogea



usto a las puertas de la Cabalgata de los Reyes Magos, la senadora del PP Pilar Barreiro y varios de los principales concejales en su etapa de alcaldesa de Cartagena han protagonizado un auto. Y, a su pesar, no ha sido el de los Reyes Magos, sino uno donde reciben carbón judicial por una causa de presunta corrupción. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, instructora del 'caso Pokemon', ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a cuatro exediles del PP, por realizar viajes pagados por la concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea (antes Aquagest), de 2005 a 2012. Y, además, ha ofrecido a Barreiro, que está aforada ante el Supremo y por lo tanto no puede ser imputada en el juzgado gallego, que se persone en el procedimiento, dado que se investiga si la exregidora favoreció a la citada empresa.
La magistrada aprecia indicios de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en Agustín Guillén, exconcejal de Hacienda y exvicealcalde, imputado ya por prevaricación en el 'caso Novo Carthago'; María Ángeles Palacios, exconcejal de Hacienda y exconsejera de Sanidad; José Vicente Albaladejo, exedil de Infraestructuras, y José Cabezos, exedil de Hacienda y exvicealcalde. Todos ellos serán interrogados por videoconferencia el 7 de mayo, por los desplazamientos «de placer» a Nueva York, Atenas, Mallorca, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Madrid. La juez también interrogará como investigado al funcionario jubilado José Padial, exjefe de Infraestructuras, y a los directivos de Hidrogea (que pertenecía al grupo Aguas de Barcelona -Agbar- y ahora a Suez) Luis Rodolfo García y José Albaladejo.
En un auto fechado el 3 de enero y comunicado ayer a las partes, la magistrada acepta la petición del servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia que, como adelantó 'La Verdad' en noviembre, considera que políticos y responsables de la empresa encargada del suministro y la depuración de agua gozaron de «viajes de placer», a modo de «continuo pago de prestaciones de servicios».
La magistrada ha ofrecido a la exalcaldesa la posibilidad de personarse en la causa, con un abogado, para conocer todo lo relativo a la investigación sobre ella, que viajó a Nueva York en 2008 con cargo a la empresa. Además, pedirá al Senado que confirme la condición de senadora de Barreiro y ofrecerá a esta personarse en la causa, porque «podría haber tenido participación activa en la toma de decisiones que habrían beneficiado al grupo empresarial investigado».
Asimismo, según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone que si «le interesa pueda ejercitar debidamente su derecho de defensa y recabar la información procesal que resulte conveniente, sin perjuicio de que si procediera se elevará la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo». El miércoles, el TS citó a Barreiro como imputada por varios delitos en el 'caso Púnica', para que sea interrogada el próximo día 15. Ciudadanos exigió al PP su dimisión para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Como testigos, tendrán que declarar también por vía digital el 7 de mayo M. A. C. y M. P. L., esposas del exconcejal Guillén y del ejecutivo García; J. M. R., esposo de Palacios; y M. D. S., esposa de Antonio Jesús Navarro, exdirector de Aquagest en Cartagena. De igual forma, la instructora ha pedido al Consistorio información sobre los cargos que ocupó María Dolores Soler, exedil de Infraestructuras y exdiputada regional del PP, quien también fue de viaje.
En su resolución, la juez se hace eco de un informe de Vigilancia Aduanera (organismo de la Agencia Tributaria) del 4 de octubre. Este detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia de viajes contratada por Aquagest y de documentación municipal y de la empresa de aguas, un presunto trato de favor a esta en la prórroga del servicio durante 25 años (desde 2017 a 2042) y la realización de obras millonarias. Aduanas explicó que los viajes a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron Barreiro y otros cinco concejales tuvieron lugar antes y después de que esos políticos tomaran «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea».Los agentes citan los billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» de viajes como el de abril de 2008 a Nueva York de Barreiro, Guillén y Palacios, ya entonces consejera.
Rama del 'caso Pokemon'
Tres meses antes, Hidrogea vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de 2009 y 2010. Cuatro años antes, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Votaron a favor el PP, el PSOE salvo dos concejales que se ausentaron e Izquierda Unida. Se abstuvo MC.
En esta rama del 'caso Pokemon', que afecta también a los municipios de Murcia y Lorca y que engloba a varias provincias, la magistrada ha autorizado a Aduanas a aportar datos económicos y fiscales desde el año 2000 de imputados, testigos y otros empleados de Hidrogea. E insta al Ayuntamiento a aportarle abundante información sobre cuestiones como las «obras e inversiones comprometidas por la concesionaria en sus contratos» y las «actas de recepción»; la auditoría de costes; la negociación de la prórroga; y la «identificación de los funcionarios que aprobaban los estudios de tarifas».
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109. Caso Limusa

Al margen de cómo termine el juicio, y no son minucias ni económicas ni de prisión las que se juegan en ese lance, lo cierto es que para los catorce acusados de un presunto fraude fiscal millonario, que se habría cometido con negocios inmobiliarios en los municipios de Lorca y Águilas, el asunto ya les ha salido muy caro. Tremendamente caro. Tanto como lo puedan ser los 48,5 millones de euros que, en una fianza récord de responsabilidad civil, les ha impuesto el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, Javier Quintana, en previsión del pago de las elevadísimas indemnizaciones que en su día puedan derivarse de este procedimiento.
«Ni han satisfecho la fianza ni lo van a hacer, porque ninguno de ellos dispone en principio de semejantes cantidades», explicaban esta semana fuentes del procedimiento, que admiten que el impago les va a suponer más que previsiblemente el embargo de todos los bienes que puedan tener a su nombre. Siempre según estas informaciones, el juzgado se encontraría ya realizando gestiones de averiguación del patrimonio de los catorce acusados, con el fin de ejecutar los embargos. Por otro lado, parte de esos bienes se encontrarían ya desde hace años sometidos a medidas judiciales para evitar que puedan ser enajenados.
El procedimiento judicial que ha dado origen a esta fianza multimillonaria se inició hace ya una década, en 2007, a raíz de que Jacinto Parra, un antiguo empleado de la empresa pública de limpieza de Lorca (Limusa) a quien habían represaliado, se plantara en el juzgado y empezara a relatar un cúmulo de presuntas irregularidades cometidas en el seno de la compañía.
La 'rajada' del extrabajador dio origen a la 'Operación Limusa', en la que quedó probado el uso de fondos públicos para sufragar gastos tan particulares como fiestas en prostíbulos y que acabó costándole al gerente de la firma, Francisco Gil Eguino, una condena a siete años y medio que ha tenido que purgar en prisión.
Pero, además, Jacinto Parra relató cómo las oficinas y el personal de Limusa se utilizaban para otras cuestiones no menos privadas de Gil Eguino, como eran las de contar grandes cantidades de dinero que llevaba allí de sus negocios inmobiliarios. «Era dinero oscuro que obtenía de operaciones realizadas con sus actividades privadas; lo llevaba en bolsas de basura y de comercio», refirió a los investigadores, para añadir seguidamente que los fajos de dinero «los extendía en una mesa y los distintos empleados los contaban y hacían cinco montones, todos ellos del mismo importe, y los metían en cinco sobres a los que les ponían nombre».
Lo más interesante para los policías nacionales que, por orden del juzgado, se encargaban de realizar las averiguaciones sobre este asunto, es que el exempleado de Limusa se acordaba perfectamente de quiénes eran esos beneficiarios. «Estas personas, a cada una de las cuales se les entregaba su parte de todo ese dinero oscuro, eran el propio Gil Eguino, Miguel Miras García, Urbano Alejo Vicente, Sebastián Fernández Rabal y Ángel Trinidad Martínez Tudela». ¿Montones de dinero oscuro? ¿Negocios inmobiliarios no declarados? ¿Contabilidad opaca? ¿Importantes hombres de negocios involucrados, identificados por sus nombres y apellidos? Demasiado sugerente para dejarlo caer en saco roto.
Poco después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca abría las diligencias previas 1.094/2007 por un supuesto delito de defraudación tributaria, que el pasado septiembre concluyeron con la redacción del auto de apertura de juicio oral. El fiscal, tal y como desveló 'La Verdad en esas fechas, solicitó penas que rozan los cien años de guandoca para los catorce acusados, multas por un total de 22,6 millones y el pago de indemnizaciones que suman 2,9 millones, que es la cifra a la que ascenderían las cantidades supuestamente defraudadas a la Hacienda Pública en varias operaciones inmobiliarias.
Los procesados por estas diligencias, que ya están solo pendientes de que se señale y celebre el juicio, son un exconcejal socialista de Lorca, Miguel Miras García; el notario Sebastián Fernández Rabal, el dentista Urbano Alejo Vicente; el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez Tudela; los empresarios Ana María Cánovas Sánchez, Diego Cánovas Griñán y Manuel Latorre Millán; el arquitecto José Bartolomé García Martínez, y los promotores José y Antonio Baño Albacete, Juan y Felipe Reverte Segura y José Antonio González García.
Todos ellos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública por operaciones inmobiliarias llevadas a cabo entre los años 2004 y 2006, a través de sociedades como Cabo Cope Naturaleza SL, Tana SA, ARQ 21 SL, Vía Urbe SL, Promotora del Suelo y Vivienda de Murcia SA, Inversiones Umbe SL, AJM Inversiones y Proyectos Almenara SL. Algunos de los negocios se cerraron mediante pagos de grandes cantidades de dinero oscuro -hasta 1,8 millones de origen desconocido-, de forma que el precio oficial se fijaba muy a la baja para sustraerse al pago de impuestos. Las cuantías presuntamente defraudadas en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades habrían ascendido a 2,9 millones de euros.
Si en la calificación del Ministerio Fiscal es Francisco Gil Eguino, el antiguo gerente de Limusa, quien se lleva la peor parte con peticiones de penas de 12 años de prisión, 1,5 millones en multas y 206.757 euros de posibles indemnizaciones, también está a la cabeza en cuanto al volumen de las fianzas de responsabilidad civil fijadas por el juez. No en vano, le ha exigido que deposite casi 4,3 millones de euros. Aunque le superan los promotores Felipe y Juan Reverte y José Antonio González García, que rozan los 5 millones.
A partir de ahí, las fianzas decrecen desde los casi 3,9 millones fijados a Miguel Miras, Sebastián Fernández Rabal, Urbano Alejo Vicente y Ángel Trinidad Martínez Tudela, a otras que se quedan en torno a los 1,9 millones.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Región de Murcia
• Coste aprox.: 2.900.000 €
• Total implicados: 14
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL

 

[Don Vladimir Harkonnen]

Sin leerme el hilo doy por hecho que el 90% de las respuestas son balbuceantes esbirros de sus jefes diciendo "P-p-pero la pzzzzzoeee a robao masssss".

 

[rejon]

Sin leerme el hilo doy por hecho que el 90% de las respuestas son balbuceantes esbirros de sus jefes diciendo "P-p-pero la pzzzzzoeee a robao masssss".

Pues leetelo y no digas insensateces..

 

[Gigatr0n]

Sin leerme el hilo doy por hecho que el 90% de las respuestas son balbuceantes esbirros de sus jefes diciendo "P-p-pero la pzzzzzoeee a robao masssss".

Al principio del hilo tienes graficas y links donde te pone claramente la corrupción pepera que es, mas que vergonzante. Los simplones de los votantes no saben salir de andalucia y sus eres. Del partido podrido no se sabe lo que ha robado en total, puesto que sus argucias llegan hasta el Caribe incluyendo tooooooda España.
Aqui las comparaciones y el "y tu mas" es bochornoso como poco.

Pues leetelo y no digas insensateces..

Tu cállate puñetero gandaluz de los narices! el hilo ES MIO y YO LO CREÉ... aqui tu no tienes derecho a ordenar nada, puñetero cacahuete simplón.

 

[Gigatr0n]

116. Caso Horas Extras



Los hechos por los que se produce la condena ocurrieron entre 2004 y 2010, cuando Eva Corrales era concejal delegada de Fiestas y luego de Relaciones Institucionales (el alcalde de la época, Lorenzo Sánchez Alonso, de Roteños Unidos, resultó absuelto de prevaricación). La Audiencia dio por probado que ante la necesidad de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de adquirir bandas de sirenas, ninfas de carnaval y damas de las fiestas populares Eva Corrales Caballero y el responsable técnico de la Delegación de Fiestas, José María Caballero Márquez, acordaron que se efectuasen estas prendas en el taller que tenía en su casa un funcionario del Ayuntamiento, Manuel García Rodríguez. Los responsables municipales actuaron así, según los jueces, “a pesar de constarles la prohibición que pesaba sobre tal persona de efectuar tal encargo por ser funcionario del Ayuntamiento”. Para ocultar esta irregularidad, Corrales y Caballero acordaron que las facturas se emitirían a nombre de Josefa Moreno Rebollo, la esposa de Manuel García.
A partir del año 2007, el funcionario solicitó que constase en su nómina la retribución por estos trabajos bajo la fórmula de horas extraordinarias. Como García no podía presentarse a los concursos públicos convocados por el Ayuntamiento y el gobierno municipal quería que fuera él quien confeccionara los encargos para las fiestas, la concejal y su colaborador convinieron con el responsable de la Delegación de Personal, Francisco Arjona Laynez, que abonara los encargos bajo la fórmula de supuestas gratificaciones por trabajos extraordinarios, con el concepto de horas extra, lo que también fue consentido por el interventor del Ayuntamiento, Miguel Fuentes Rodríguez, “que no efectuó reparo alguno a tal planteamiento”, recuerda el Supremo. Estas adjudicaciones fueron conocidas y consentidas también por Manuela Serrano Fénix, encargada del Departamento de Protocolo, e Ismael Puyana Román, que sucedió a María Eva en el cargo de concejal de Fiestas cuando aquella pasó a ser delegada de Relaciones Internacionales.
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110) Caso Luciano Alonso
Febrero del 2017: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto al ex consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta Luciano Alonso de un delito de prevaricación administrativa por el que la Fiscalía le pedía nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en relación a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.


En la sentencia, fechada este mismo viernes y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal Andaluz indica que, "aún conscientes de encontrarnos ante una conducta irregular, no amparada por la normativa y reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y credibilidad" de la Administración, "resulta obligado dictar una sentencia absolutoria en el plano penal".


En este sentido, el TSJA pone de manifiesto en la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, que en este caso no se ha acreditado la concurrencia del elemento objetivo del delito, como es la "contradicción con el derecho o ilegalidad absolutamente inexplicable", mientras que tampoco se ha acreditado "fehacientemente" el elemento subjetivo, como es "actuar a sabiendas de una flagrante ilegalidad".

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: ?
• Total implicados: )
• Año de los hechos:2017
• Estado judicial: ?

joete gigaTROLL ...payasete...

 

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117. Caso Hoyo de Manzanares



Según recoge esta semana El Confidencial.com, la Fiscalía de Madrid viene investigando desde el pasado mes de noviembre un fallido ‘pelotazo urbanístico’ que la Universidad Antonio de Nebrija proyectó hace 16 años en el campus que tiene el municipio de Hoyo de Manzanares, donde pensaba construir 118 viviendas. Tras varios meses de investigación, el pasado 24 de julio el ministerio público solicitó al juzgado decano de Colmenar Viejo que citara como investigado (nueva figura jurídica de la imputación) a 23 personas, entre ellas gran parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Hoyo, del Partido Popular, con su alcalde, Ramón Regueiras, a la cabeza, y a los dos arquitectos representantes de la universidad. También esta denunciada una edil de Ciudadanos. La Fiscalía acusa a todos ellos de prevaricación. La citación se puede producir este mismo mes de septiembre.
Un portavoz de la universidad asegura, sin querer aportar más datos, según dice El Confidencial, que aún no ha recibido noticia alguna de la Fiscalía y que su actividad es la docencia, “no la construcción de viviendas”, a pesar de que el Pan Parcial S-49 ‘Campos de la Berzosa’, promovido por este centro esté aprobado en el BOCM desde marzo del año 2001 y prevé una edificabilidad de 23.000 metros cuadrados que se traducen en 33 viviendas agrupadas y 85 aisladas. En realidad, el problema no está en los pisos proyectados en suelo generado por la universidad, sino en la parcela que iba a utilizar para construir un acceso directo a la nueva zona universitaria de las viviendas y que es imprescindible para evitar que afecte al tráfico de la Urbanización La Berzosa. Este acceso uniría la A-6 con los pisos.
Al respecto, la Universidad representada por dos arquitectos que también están denunciados por la Fiscalía, presentó en noviembre de 2013 el proyecto de segregación de la parcela que tienen en el número 1 de la Avenida de Asturias (Avenida de La Berzosa), segregación que es imprescindible para ceder parte del suelo al Ayuntamiento, y que se puede construir una carretera que comunique la Vía de Servicio de la A-6 y el ámbito G-49, la vieja aspiración de la inmovilidad para levantar las 118 viviendas. Pero según la Fiscalía “los representantes denunciados eran plenamente conscientes de que la actuación urbanística era ilegal y no obstante promovieron su aprobación, atribuyendo esta decisión al Ayuntamiento”.
Entre los denunciados está el alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Reguerias (PP), la concejal de Urbanismo, Belén Gómez (que es arquitecta), la edil de Medio Ambiente, Mónica Díaz Jiménez (también arquitecta) y los ediles Juana de Lozar, Victoria Barcerasa, Ana M. Lorenzo y Elena Talavera (Ciudadanos). La Fiscalía también ha denunciado a los ex concejales Daniel Lorena y Susana Segovia. Todos ellos por estar en la Junta de Gobierno y en el Pleno, dos órganos donde se aprobó la segregación (que no cumplía con la Ley) y la posterior concesión de las licencias. El Ministerio Público quiere que también se cite como investigado a un técnico municipal, y a los dos arquitectos de La Nebrija.
El problema es que la Junta de gobierno Local y después el Pleno (aquí con los votos del PP y Ciudadanos) aprobaron la segregación presentada por la Universidad y la posterior modificación de las Normas Subsidiarias del municipio sabiendo que vulneraba varios artículos de la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Rehabilitación Urbana de 2015, según la propia Fiscalía. Todo se aprobó basándose en una operación ‘fraudulenta y que ni siquiera había cumplido la condición de que la cesión del suelo al Ayuntamiento para el viario fuese inscrita. “Así se le ha advertido al Partido Popular. Que la operación no era legal”, señala el portavoz de Unidos Podemos por Hoyo, partido que presentó la denuncia inicial.
Es más, la Comunidad de Madrid en mayo de 2016 devolvió al Ayuntamiento todo el expediente urbanístico debido a su inviabilidad ya que la tramitación acordada no cumplía la ley. Por eso la Fiscalía ha pedido que declare como testigo la responsable de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno Regional que ha vetado el proyecto. Esta denuncia de la Fiscalía supone un importante obstáculo a un proyecto que lleva 16 años en dique seco. Sin carretera un puede haber viviendas. “Las cosas se han hecho mal, y el pelotazo urbanístico que se estimaba en 20 millones de euros tendrá que esperar”, dicen desde Unidor por Hoyo. La Universidad y la urbanización de La Berzosa limitan además con el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares.
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111)<<<Caso Mallén
La Audiencia de Zaragoza ha condenado al exalcalde de Mallén, Antonio Asín, a seis meses de suspensión de empleo o cargo público por faltar a la verdad cuando presentó un acta ante el Registro Mercantil diciendo que las cuentas de la Sociedad Urbanística Municipal (SUMM) del ejercicio 2011 se habían aprobado por unanimidad. Según el tribunal, tanto el exregidor como el exsecretario de la SUMM y también encausado Pedro Rueda “eran conscientes de la falsedad de lo certificado”, puesto que la Junta General que debía validar aquellas cuentas ni siquiera se había celebrado. De ahí que finalmente condene a ambos a idéntica pena.
La Fiscalía y el PP de Mallén -que fue el que a través de los concejales Marta Pardo y Jaime Beltrán llevó el caso a los juzgados- pedían cuatro años de prisión por falsedad continuada tanto para el alcalde y presidente de la SUMM como para el secretario, ya que también les acusaban de manipular las actas de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 presentadas ante el Registro Mercantil. Sin embargo, el tribunal ha reducido la condena a la pena mínima porque no aprecia continuidad delictiva y “aunque se faltó a la verdad, tal alteración no tuvo trascendencia alguna en el tráfico jurídico”. De hecho, como siempre mantuvo la defensa, a cargo del letrado Enrique Trebolle, la Audiencia Provincial reconoce en su sentencia que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento de Mallén siempre se correspondieron con la realidad.
Para los magistrados, la única falsedad reprochable penalmente es la cometida con respecto a las cuentas de 2011. “Respecto de los demás certificados expedidos por los acusados no cabe condena, bien por las prescripción de los delitos (...), bien por no apreciarse la existencia de tal delito de falsedad (…) o bien porque, aunque se faltó a la verdad, tal alteración no tuvo trascendencia alguna en el tráfico jurídico”, argumenta en su fallo la Sección I. Según esta, tampoco procede por tanto sancionar al exregidor y el secretario tan severamente como proponían la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado José María Viladés. De hecho, estos consideraban a los encausados autores de un delito del artículo 390 del Código Penal y la Audiencia Provincial dice que se ajusta más a los hechos el 398. De esta forma, la Sala entiende que hubo falsedad pero de “escasa trascendencia”.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Aragón
• Coste aprox.: 35.554 €
• Total implicados: 2
• Año de los hechos: 2011
• Estado judicial: Cerrado con condenas

joete gigaTROLL...

 

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118.
Caso Imarol



El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado a un año y medio de prisión y a una multa de de 151.800 euros al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, por emitir, a través de su empresa Imarol S. L. una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa Inversiones. La entrega del dinero, “cuya causa y finalidad se desconece” según recoge la sentencia, la efectuó el empresario Vicente Cotino, a través de su empresa Sedesa Inversiones, que también ha sido condenado a la misma pena por computar ese pago (500.000 más 80.000 euros de IVA) como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades y “reducir de forma fraudulenta la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal 2008” dejando así de ingresar a la Hacienda Pública 150.000 euros.
La magistrada, que les considera autores de los delitos de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, considera que los dos condenados se pusieron de acuerdo para crear un documento que “aparentaba ser una factura” por unos supuestos servicios de asesoramiento prestados por la empresa de Olivas a la de Cotino, interesado en vender sus acciones en Proyectos Eólicos Valencianos.
Ambos deberán además indemnizar de manera conjunta y solidaria con 150.000 euros a la Agencia Tributaria por el dinero defraudado en el ejercicio fiscal 2008.
La jueza concluye que la factura es falsa, que el servicio de asesoramiento de Olivas a Cotino fue “inexistente” y que el informe de tres páginas aportado por el expresidente de la Generalitat Valenciana para justificar el cobro del dinero es una documentación a la que tuvo acceso como presidente de Bancaja, entidad que también negoció con Iberdrola la venta de su paquete accionarial en el mismo proyecto eólico.
La sentencia, notificada hoy a las partes, destaca la “contundente prueba indiciaria” que “nos permite concluir la existencia de una simulación de prestación de asesoramiento y gestión” por Imarol SL a Sedesa Inversiones.
Frente a la versión de los acusados y de los informes periciales que aportaron, la jueza fundamenta su pronunciamiento en el “detallado, contundente, riguroso e imparcial informe emitido por los técnicos de Hacienda” sobre el carácter ficticio del trabajo facturado.
Sobre este punto subraya que pese a lo elevado del importe de la remuneración, 500.000 euros, no existía contrato, “ni concreción de los trabajos, ni directrices, ni valoraciónes de los mismos, ni correos electrónicos, ni faxes entre Imarol y Sedesa Inversiones, ni documento alguno que relacione el pago de los 500.000 euros más IVA con el concepto de servicio que recoge la factura”. Recuerda además, que la empresa de Olivas “carece de personal y de infraestructura”, y “desde su constitución no ha tenido prácticamente ninguna actividad”.
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QUE NO PARE LA FIESTA IJOPUTAS!!!

 

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112),,,,Caso Mar Blau

Los doce ex altos cargos públicos y empresarios acusados en el marco del caso Mar Blau serán juzgados en los próximos meses ante la Audiencia Provincial de Palma y, junto a las empresas investigadas en la presunta trama de amaños, deberán hacer frente a una fianza civil de 50 millones de euros.

Esa es la suma en la que el juez instructor, siguiendo la tesis acusatoria que esgrimen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, ha cuantificado el posible perjuicio económico generado a resultas del presunto «arreglo ilegal» de tres puertos deportivos en Mahón, Ibiza y Formentera, más de 700 exclusivos amarres cuya adjudicación está bajo sospecha.

El más cuantioso de los negocios náuticos investigados es el de Ibiza Nueva, una concesión pública otorgada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para explotar más de 500 puestos de atraque en la rada de Ibiza cuyo beneficio ha sido valorado por las acusaciones en más de 20 millones de euros.

Entre los acusados destaca la figura del ex presidente de la APB durante el gobierno del PSOE entre los años 2007 y 2011, Francesc Triay, para quien la Fiscalía reclama 10 años de guandoca. También, por su relevancia en el sector público portuario,la del histórico ex director de la APB Ángel Matías, que afronta peticiones de hasta 18 años de prisión; o la del conocido empresario madrileño Gerardo Díaz Ferrán, antiguo presidente de la patronal CEOE a finales de la pasada década y actualmente cumpliendo condena carcelaria por el caso Marsans. Díaz Ferrán ocupaba entonces el vértice del conglomerado empresarial que a tenor de la investigación resultó favorecido de forma presuntamente ilegal por los políticos de la APB, agrupado bajo la marca Trapsa Yates.

Cabe recordar que el escándalo realmente empezó a fraguarse bajo el mandato del antecesor de Triay al frente de la APB, Joan Verger, histórico miembro de la vieja guardia del PP, quien figuraba desde el inicio como uno de los principales acusados, pero falleció en plena instrucción del caso.

El caso se originó precisamente a raíz de que EL MUNDO desvelase unas grabaciones del año 2005 en las que se podía escuchar cómo Verger sugería a los empresarios que aspiraban a explotar un puerto deportivo en Mahón un plan para alterar el sentido del concurso a cambio de dinero y amarres para grandes yates en favor para los empresarios vinculados a Trapsa. Sólo esos amarres se han valorado en 4,5 millones de euros.

En un auto recién dictado y que hace propias las conclusiones de la Fiscalía publicadas hace dos semanas por este diario, el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma decreta ahora la apertura de juicio oral y concluye la larga investigación judicial iniciada en 2008, hace ya más de ocho años. De hecho, el fiscal aplicará por este motivo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que favorecerá a la defensa de los acusados, quienes han negado siempre los cargos y piden su absolución.

El juez Antoni Rotger, que en anteriores pronunciamientos señaló la presunta existencia de un estado de presunta «corrupción sistémica» larvada en el seno de la APB durante años, eleva ahora el caso a la Audiencia e impone esa abultada fianza, que da la medida de la magnitud de los negocios que se investigan.

Lo hace, como fija la ley, «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas a los acusados por la Audiencia». Cabe recalcar que no se trata de una fianza para eludir prisión -salvo Díaz Ferrán, ningún acusado ha sido privado de libertad- sino para garantizar que, en caso de que finalmente hubiera condena por los delitos que se imputan, la Justicia tuviera recursos afianzados para poder resarcir el daño económico.

Las empresas que se alzaron con los negocios o estuvieron implicadas en los hechos han sido declaradas responsables subsidiarias en caso de que las personas acusadas no respondan por el dinero. Algo que presumiblemente ocurrirá.

El escrito de acusación del fiscal, suscrito por el fiscal Juan Carrau, mantiene que «los acusados se concertaron para llevar a cabo diversas actuaciones que evitaban cumplir la legalidad sobre contrataciones públicas». Y va más allá al afirmar que estas acciones «suponían un favorecimiento arbitrario a determinadas empresas y personas».

Según el Ministerio Público, Triay conocía el estado del concurso de Mahón cuando fue nombrado presidente de la APB en 2007 y «pese a tener evidencia de las graves irregularidades cometidas y de los ilegales acuerdos» no hizo nada. «No sólo no las subsanó sino que participó activamente en diversas reuniones relativas al arreglo ilegal del concurso de Mahón y de Ibiza Nueva».

El fiscal denuncia además que altos cargos de la APB aceptaron cocinas de una constructora y recalca que a cambio de información privilegiada, uno de ellos, también fallecido, obtuvo una «compraventa en términos favorables» de un apartamento en la isla de Formentera como «compensación por información privilegiada y trato de favor».

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares reclamarán a la Audiencia Provincial que declare nulas algunas de las concesiones portuarias que están siendo objeto de investigación en tres de las cuatro islas. Una circunstancia que, de producirse, provocaría un auténtico problema en la Autoridad Portuaria, ya que el proceso de adjudicación de un puerto es largo, complejo y aviva todo tipo de intereses enfrentados en un sector que tiene una importancia capital para el archipiélago. Es habitual que no pocas concesiones acaben centrando sonados litigios en los tribunales del ámbito contencioso-administrativo, como ha ocurrido sin ir más lejos con la concesión del puerto de Andratx sobre la que acaba de fallar el Supremo

• Partido/Org: PSOE
• Lugar:Baleares
• Coste aprox.: 50.000.000 €
• Total implicados:12
• Año de los hechos:2005
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL...simplerron de hez,,,

 

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119. Caso Imelsa



Las siglas se corresponden con la empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez.
Según el TSJCV hay 130 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.
Hasta el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, aún secreta, conocida como "Caso Taula" en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo de capitales en el Consistorio valenciano, ampliada posteriormente a delito electoral, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear efectivo de supuesta procedencia ilícita (en la que está imputado el Partido Popular) y la de las contrataciones y finiquitos irregulares en Imelsa.

 

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113).....Caso Maratón Santa Pola
La alcaldesa socialista de Santa Pola (Alicante), Yolanda Seva, está citada a declarar en un juzgado el 27 de noviembre por la contratación de la última Media Maratón que -según consta en la denuncia del PP que ahora investiga la Fiscalía- iba a resultar gratuita para el Ayuntamiento y finalmente costó 100.000 euros. La alcaldesa ha confirmado a Europa Press la citación, que recibió el pasado viernes y de la que ha dicho no saber nada.

Seva ha sido llamada a declarar en los juzgados de Elche junto a su concejal de Deportes, Maria Dolores Tomás López, tras la denuncia presentada en Fiscalía por el grupo municipal del PP. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este lunes Europa Press, los populares santapoleros apuntan a los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

El PP expone que el coste de la celebración de la media maratón del pasado 21 de enero superó los 100.000 euros y que la adjudicataria tuvo unos ingresos, por el precio cobrado a cada corredor, de unos 150.000 euros. Además, se precisa que Intervención no emitió ningún informe porque "no se comprometía gasto alguno" para el Ayuntamiento, circunstancia que desde el PP se asegura que "no resulta cierto" y que se acalló "arteramente" los gastos que "efectivamente" tuvo la media maratón. Según el PP, días antes del decreto de Alcaldía que autorizaba la prueba se emitieron informes desde Servicios Generales, de Servicios Eléctricos y de Obras, Ocupación de Vía Pública, AMFISA, Urbaser y McDonald, donde se subraya la "ingente" cantidad de elementos necesarios para la celebración de la prueba. "Por tanto, podemos afirmar que antes de que, por la alcaldesa presidenta, se dictara el decreto de 18 de enero de 2018 autorizando la celebración de la prueba de la Media Maratón Santa Pola el día 21 de enero de 2018, se habían realizado, prácticamente, el 80 por ciento de las actuaciones necesarias para su práctica", denuncia el PP. Además, los 'populares' subrayan que por "los antecedentes documentales" la contratación de la mercantil se realizó "de forma directa, sin concurso ni licitación alguna", lo que a su juicio supone una "violación de las normas de contratación administrativa más elementales".

Para el PP, el contrato debería haberse ajustado a la categoría de servicios de espectáculos, e indican que no podría ser considerado contrato menor dado que "aunque el precio a satisfacer por el Ayuntamiento de Santa Pola a la empresa privada organizadora es nulo, el valor estimado no lo es".

Y consideran que el "valor total de la explotación" debe tener en cuenta los ingresos por el precio que pagan los corredores, la captación de publicidad e incluir "las aportaciones que puede hacer la administración contratante en forma de asunción de gastos de funcionamiento", como policía, personal, conexiones o infraestructuras. Por todo ello, el PP santapolero entiende que no puede recurrirse a un contrato menor ni a un procedimiento negociado sin publicidad y sí "a un procedimiento abierto".

Como ejemplo, recuerdan que la media maratón de enero de 2016 fue organizada por un club de atletismo local que asumió el coste de 5.600 euros de la Policía Local. Frente a ello, exponen que la mercantil adjudicataria este 2018 "no abonó absolutamente nada" a la administración, fijó los precios y se quedó la recaudación obtenida.

Finalmente, denuncian que la Junta de Gobierno ratificó el decreto de Alcaldía el 26 de enero, cinco días después de celebrarse la prueba. "Y para perjudicar aún más a las arcas municipales el Ayuntamiento de Santa Pola, ni siquiera se liquidó" a la adjudicataria las tasas que "obligatoriamente" debía satisfacer por las ordenanzas fiscales por utilización de instalaciones deportivas y prestación de servicios motivados por espectáculos, caravanas".

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Comunidad Valenciana
• Coste aprox.: 100.000 €
• Total implicados: 2
• Año de los hechos: 2018
• Estado judicial: Abierto

 

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120. CASO INESTUR/CONTRATOS



Al final hubo pacto de conformidad. Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern se han declarado hoy culpables del caso Ibatur y aceptan una pena de prisión de 14 meses para cada uno. Admiten haber cobrado, mientras estaban al frente de este organismo público, un total de 50.787 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.
El exasesor jurídico del Ibatur Miguel Ángel Bonet, por su parte, también ha llegado a un acuerdo y se conforma con una multa al igual que los empresarios Bartolomé Morey y Kamal Dorai, proveedores del Instituto Balear de Turismo.
Tras la admisión de los delitos y el acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones y las defensas, el presidente del tribunal, Jaime Tártalo, ha dictado sentencia firme in voce para Alía y Alabern, así como para otros tres acusados en este caso y ha absuelto a una sexta procesada, la esposa de uno de los implicados, a quien la Fiscalía ha retirado la acusación al entender que no tuvo una participación relevante en los hechos.
Alía y Alabern ingresarán en prisión porque sus defensas no solicitarán la suspensión de la condena.
El juicio es el segundo del caso Ibatur, relativo al desvío de fondos públicos desde dicho instituto, tras el celebrado también con condena en febrero de 2014.
En este caso, la Fiscalía considera que los exaltos cargos públicos contrataron a tres particulares de manera ilegal y arbitraria, evitando la concurrencia y con desprecio de las normas administrativas y además exigieron comisiones de alrededor de un 4% y diversos regalos.
Además, según la Fiscalía, Alía fue contratado como asesor para beneficiarle como compensación tras su renuncia a la gerencia del Ibatur. Dimitió en julio de 2004 al asumir la responsabilidad del llamado caso Rasputín, por haber cargado a las arcas públicas gastos realizados por una delegación oficial en el club erótico de dicho nombre en un viaje promocional a Moscú.
Las acusaciones han tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados porque la investigación comenzó en 2009. Han aplicado además atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la Justicia en distinta medida para varios de los procesados.
En concreto, Alía ha sido condenado por cohecho, fraude y prevaricación a 14 meses de prisión, inhabilitación especial para cargo público en la administración por 3 años y multa de 12.696 euros, penas que se han fijado teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.
Además hará frente a una responsabilidad civil de 3.400 euros y, a medias con Alabern, de otros 50.787 euros. Estas cuantías ya las ha consignado.
Alabern ha sido condenado por los mismos delitos a 14 meses de prisión, inhabilitación de 3 años y multa de 13.196, así como a indemnizar a Ibatur con 2.000 euros y a pagar junto con Alía los 50.787 euros.
Para el ex responsable jurídico del Ibatur, Miguel Ángel Bonet, (que cumple condena de prisión por otra pieza de Ibatur), concurren las atenuantes confesión y colaboración con la Justicia, además de la dilación indebida, y ha sido condenado por fraude y prevaricación a 7 meses de prisión sustituibles por 1.680 euros de multa.
Uno de los empresarios beneficiados, que ha devuelto el dinero, ha sido condenado a 7 meses sustituibles por multa de 2.100 euros; y el otro, que confesó los hechos y colaboró desde el primer momento con la justicia, a 9 meses y medio de guandoca que se sustituirán por multas que suman 8.158 euros.
Cabe recordar que la Fiscalía acusa a Alía y Alabern de cobrar comisiones de hasta el 15% a cambio de adjudicar 'a dedo' contratos a los tres empresarios que también se han sentado hoy en el banquillo.
El Ministerio Público reclamaba diez años de guandoca para cada uno por presuntos delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad mercantil, falsedad de funcionario y cohecho. Del mismo modo, solicitaba cinco años y diez meses de prisión para el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet, tres años para Kamal Dorai, dos años y seis meses para la mujer de éste, Francisca Jaume, y 18 meses para el publicista Bartolomé Morey.
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121.
Caso Isjoma



Un juez ha procesado a dos ex concejales de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos del PP, a tres técnicos y a un empresario por el supuesto amaño de varios contratos para el montaje de escenarios e infraestructuras de actividades festivas y culturales. El magistrado Ángel Villanueva atribuye a los seis implicados delitos continuados de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, según se recoge en el auto hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). Además, contra uno de ellos, el exedil de Hacienda Juan Zaragoza, aprecia también indicios de la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
El auto, que es recurrible, pone fin a una investigación judicial que se inició en 2009, a raíz de la denuncia presentada por un empresario, José Antonio Alavés, por supuestas irregularidades en la adjudicación, ese mismo año, del contrato a otra firma, Isjoma SL, con la que él competía.
La causa se dirigió en un principio contra el adjudicatario, Isidro García, el antiguo jefe de servicio de la Concejalía de Atención Urbana, Víctor López, y el técnico que ha sido ahora exculpado.
Con posterioridad, la investigación se amplió a multitud de contratos a favor de Isjoma desde 2003 e implicó a otros dos funcionarios, Ginés Pérez Beltrán y Francisco Ramón Casal, así como al exvicealcalde y ex edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, y al exconcejal Zaragoza.
Isjoma SL recibió en 2003 la primera adjudicación del contrato para el montaje de infraestructuras destinadas a actividades festivas y culturales del ayuntamiento por un importe de casi 2,4 millones de euros. No obstante, tal y como relata el juez en su auto, Atención Urbana inició en ese momento y hasta la fecha de extinción del contrato, en 2009, "una contratación paralela" para "suministros de idéntica o análoga naturaleza" al del objeto de aquél.
Esa otra contratación "se llevó a cabo de forma directa, a dedo, con infracción de las normas legalmente establecidas para la tramitación y adjudicación de contratación pública", añade el magistrado.
Supuestamente, era realmente Isjoma SL la que elaboraba la documentación "que servía de base para el pago final de las certificaciones" de suministros, las cuales firmaban Víctor López y los técnicos Ginés Pérez y Francisco Casal, pese a que no respondían a la realidad, según el magistrado. La resolución judicial alude al supuesto fraccionamiento de diversos contratos, entre ellos los relativos a actos con las belleas del foc o del racó municipal de las Hogueras de San Juan, un evento de la Federación de Dinamarca de Gimnasia y Baile o el suministro de moquetas.
En febrero de 2009, Isjoma volvió a ganar el concurso para el montaje de infraestructuras de fiestas y actos culturales para un plazo de seis años, por una cuantía cercana a los 4,6 millones de euros. Ese contrato fue amañado a favor de la citada mercantil y en perjuicio de Alavés, Montajes y Realización SA, tras una propuesta de Víctor López que contó con el visto bueno y consciente del entonces concejal Juan Llorens, según Villanueva.
La propuesta fue elevada a la mesa de contratación y la "injusta conclusión" que contenía era conocida por su vicepresidente, y responsable de la Concejalía de Hacienda, Juan Zaragoza, según el auto.
Este último filtró, presuntamente, el informe elaborado por López al competidor directo de Isidro García, José Antonio Alavés, lo que podría constituir un delito de infidelidad de documento público, de acuerdo con el auto conocido hoy.
Alavés grabó precisamente una de las conversaciones que mantuvo con Zaragoza y aportó la grabación a la fiscalía junto a la denuncia que interpuso por las supuestas irregularidades.
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