Recopilación de casos de corrupción de la PP... he decidido petar el foro. A la hez con tó!

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130. Caso Lezo/Blanqueo capitales



Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) ha negado haber manejado dinero oscuro ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo y ha desmentido que haya blanqueado capitales a través de sus negocios, como la casa de subastas y la guardería que fundó.
Cavero ha declarado durante 25 minutos ante el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 que instruye el caso Lezo. Ella está investigada (imputada) por un supuesto blanqueo de capitales dentro de la trama liderada por González, exmano derecha de Esperanza Aguirre. Es la pieza 5 del caso Lezo. A preguntas del fiscal y de los abogados, Cavero ha asegurado que ni ella ni su marido han manejado dinero B en sus negocios, si bien ha puntualizado que ella al margen de los negocios de Ignacio González. Es más, no hablaban nunca de ello, según fuentes jurídicas presentes en su declaración. El fiscal le ha interrogado a Cavero por los dos negocios que fundó, en concreto por si los utilizaba para lavar dinero de supuestas comisiones. Son la casa de Subastas Segre, cuya presidencia dejó el pasado mayo, así como la guardería Chickies, S.L.
El dinero de ambos negocios era aportado por los socios –ha explicado Cavero- y nunca ha manejado dinero B, ni ella ni su marido, ha asegurado al juez instructor.
La familia de Ignacio González ha sido llamada a declarar en el caso Lezo. Es una supuesta trama liderada por González y por el exconsejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, y que tiene como epicentro los negocios de la empresa pública Canal de Isabel II en Latinoamérica, aunque afecta también a diversas administraciones públicas.
El caso Lezo liderado por González -, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril- está dividido en seis piezas y tiene 68 investigados. Entre los citados a declarar por el juez en esta pieza están dos sobrinas del matrimonio –Rocío y Lourdes Bonet Cavero-, así como la empresaria salmantina Carmen Pazos, socia de Cavero en el negocio de las escuelas infantiles y dueña de la guardería “Mis pollitos”.
Ignacio González y los miembros de la trama Lezo fueron investigados en un sumario secreto del Juzgado Central de Instrucción 6, donde se utilizaron sofisticados aparatos de escucha que hasta entonces sólo se habían usado para el terrorismo, en vista de que la trama había sido alertada –supuestamente- de que era investigada.
En una de las grabaciones, Ignacio González explica a su hermano Pablo, exconsejero de MercaSalamanca, que ha conseguido que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, le conceda el contrato de cuatro guarderías municipales, que las explotaría con el negocio de su mujer, según las escuchas de la UCO de la Guardia Civil difundidas.
Hace unas semanas que Lourdes Cavero abandonó la empresa dedicada a las guarderías, donde estaban también sus dos sobrinas.
La pieza número 5 del caso Lezo está centrada en la trama de blanqueo de capitales y cuenta con 19 personas imputadas, entre ellas el expresidente madrileño, su esposa y su hermano Pablo, las dos sobrinas y Edmundo Rodríguez Sobrino.
La casa de subastas Segre fundada por Cavero puso a la venta el pasado año 110 lotes de relojes, joyas y plumas -una de ellas adjudicada por 18.000 de euros- intervenidos en la operación Púnica a David Marjaliza, exsocio del exconsejero madrileño Francisco Granados, que permaneció dos años y medio en prisión preventiva y que compartió Gobierno con González siendo Esperanza Aguirre presidenta regional, informa Efe.
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121...Caso Plaold

El Caso Plaold se llamó a proceso judicial que implico a Plaold e Indesis son dos empresas que, según acusaciones desde sectores nacionalistas, podrían haber recibido importantes contratos de forma ilegal por sus vínculos con dos altos cargos del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco del PSE. El Gobierno Vasco ha rechazado en varias ocasiones que haya habido alguna ilegalidad, alegando que las acusaciones son una cortina de humo por parte del PNV, anteriormente en el poder, para ocultar el caso Margüello....... Desde el PP, con cuyo apoyo gobierna el PSE, han pedido que se investiguen estos contratos.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: País Vasco
• Coste aprox.: 146.140 €
• Total implicados: ?
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial:abierto

joete gigaTROLL...

 

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131. Caso Lezo/Canal Golf



El Canal de Isabel II adjudicó la gestión de las instalaciones del campo de golf del Canal de Isabel II en los terrenos del III Depósito en Islas Filipinas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) a pesar de que su oferta económica era inferior en dos millones de euros a otras.
La adjudicataria, constituida como Green Canal Golf, estaba formada por la UTE compuesta por Iridium, Soto Once y Tecnoconcret, participada por José Juan Caballero y por su cuñado Pablo González, hermano del presidente regional, Ignacio González. Pablo González está investigado en el caso Lezo precisamente por supuestos amaños en esta concesión.
El Gobierno regional ha facilitado esta semana a los diputados de la oposición de la Asamblea de Madrid las actas de las reuniones del Canal que solicitaban y otros documentos, entre los que se encuentran los del proceso de concesión del campo de golf, unas instalaciones cuya construcción fueron declaradas ilegales por diversos estamentos judiciales y que la Comunidad comenzará su derribo a finales de este mes.
En dichos documentos se detalla que a la gestión de dichas instalaciones, que también incluían campo de fútbol, pistas de pádel y cafetería, se presentaron diez proyectos, entre los que destacaban dos de ellos. Uno era el de About Golf, que presentaba la mejor oferta económica, 5,5 millones de euros en cinco años, cuando el mínimo de puja inicial era de 1,5 millones. El resto de las empresas ofrecían menos dinero.
Pero en esta adjudicación, a diferencia de otras, no primaba la oferta económico. Había una oferta técnica más subjetiva en la que entraba una valoración económico-financiara (PEF), de la planificación y calidad del proyecto (PC), del equipo humano asignado (EH), de los medios ténico-deportivos (MT) y de otras propuestas complementarias (PC).
El proyecto de About consigue el máximo, 30 puntos, en la oferta económica, pero 10 en el PEF, 16,67 en el PC, 10 en el EH, 8,33 en el MET y 5 en el PC, logrando un total de 80 puntos. En cambio, la UTE logró 18,87 puntos en la parte de la oferta económica y luego 15 en el PEF, 16,67 en el PC, 12,5 en el EH, 10 en el MT y 10 en el PC, logrando un total de 82,54 puntos, que le hicieron ganador del concurso.
El responsables en esta asunto del Canal entendía que la oferta técnica ganadora "era muy satisfactoria tanto por la precisión y detalle del Plan Económico-Financiero y el Estudio de Viabilidad, como por la calidad del proyecto de explotación de las instalaciones y de los medios técnicos y equipo humano comprometido", mientras que en la otra sólo señalaban que era "una oferta de alta calidad en lo relativo al programa de gestión y explotación en las instalaciones".
En un auto del juez que llevaba inicialmente el caso Lezo, Eloy Velasco, conocido tras decretar prisión provisional para los hermanos González, apunta que el expresidente de la Comunidad de Madrid intercedió para que el Gobierno regional aprobara el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.
El magistrado señaló que González tramitó una comunicación desde el consejo de la empresa de agua madrileña al gobierno regional resaltando que estaba al frente del Canal y que era vicepresidente del Ejecutivo regional en ese momento.
El objetivo era conseguir que se aprobara el nuevo proyecto para Chamberí (el originario se basaba en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto) pese a que el Consistorio advirtió en 2006 que esta solicitud no era acorde a las normas de urbanismo.
Además, conocidas las implicaciones del hermano del expresidente en la UTE adjudicataria de la concesión, señaló que existió un "riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato que pudo permitir a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares".
Asimismo, precisa que a pesar de desvincularse "formalmente" del consorcio, Tecnoconcret declaró ventas a Green Canal Golf entre los años 2007 y 2012 por importe de 623.000 euros por lo que la sociedad siguió facturando en el periodo en el que estaba participada por el entorno de González.
De manera paralela a los ingresos, se detectaron "importantes movimientos de dinero en efectivo" en las cuentas de dicha sociedad, el de mayor cantidad el efectuado entre 2008 y 2011 por más de medio millón de euros. También se registraron disposiciones de efectivo por parte de los socios José Antonio Clemente Martín y Fernando Manuel Serrano Fuentes.
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122....Caso Plasencia

El Código Penal establece para la prevaricación administrativa únicamente penas de inhabilitación para ejercer cargo público, pero la prevaricación urbanística es un tipo de agravado de ese mismo delito para el que se contemplan también penas de prisión o multa.

Tres de los cuatro investigados ahora figuran entre los que fueron condenados a distintas penas en marzo de 2014 por la Audiencia Provincial en el llamado ‘caso Plasencia’. Elia Blanco (PSOE) fue condenada a dos años y un día de prisión, además de a ocho años de inhabilitación por un delito continuado de fraude en adjudicaciones de obras públicas. La exalcaldesa pasó en la guandoca un total de 15 meses, desde que ingresó el 12 de mayo de 2015 hasta que le fue concedido el tercer grado a mediados de agosto de 2016.

En ese mismo proceso se condenó a Francisco Barbancho (PSOE) y a Mónica García (Prex-Crex) a ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Extremadura
• Coste aprox.: 18.000 €
• Total implicados: 3
• Año de los hechos: 2014
• Estado judicial: Cerrado con condenas

joete gigaTROLL

 

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132.
Caso Lezo/Financiación PP



Dos causas distintas que convergen en los mismos hechos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha llegado a esta conclusión tras examinar los procedimientos sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en los casos de corrupción que instruye. Las prácticas ilícitas investigadas en Púnica y Lezo han resultado ser partes de un mismo todo y por ello, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado ha decidido agruparlas en una sola pieza bajo el sumario que investiga la trama presuntamente liderada por Francisco Granados.
En su escrito explica que el objetivo ha sido desde el inicio "analizar la forma en que se sanearon las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", en el caso de Lezo, tras las elecciones del año 2011, y en el de Púnica en los comicios de 2007 y 2008. Como ya ocurrió desde el primero de los años rastreado, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores, dice el magistrado.
El objetivo en todos los casos era eludir la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid y abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales.
En la pieza que hasta ahora se instruía en Lezo los indicios apuntaban a un uso del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- distintas cantidades. "Se evidencia el solapamiento de ambas investigaciones", dice el juez y argumenta que debe acumularse toda la investigación en Púnica porque estas diligencias se incoaron con anterioridad y ya afectaban a la campaña electoral de 2011.
La única diferencia radica en la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid en las distintas campañas. En el caso de 2007 lo ostentaba Francisco Granados mientras que, en la del 2011 era Ignacio González pero esta circunstancia "en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos".
Por ello, el juez dispone el cese en Lezo de la investigación de todos los hechos relacionados con la financiación de la campaña electoral del año 2011 y su inhibición y continuación en Púnica, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Remite allí testimonio de todas las pruebas que puedan sustentar la declaración, que detalla en su auto. Envía, por ejemplo, una conversación intervenida a González en la que habla con su antecesora Esperanza Aguirre y otras charlas pinchadas en Lezo. También el material incautado en registros de domicilios y de las sedes de ICM e Indra y las declaraciones prestadas por varios testigos, entre ellas la de Silvano Corujo, y los imputados en relación con esta investigación.
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132 casos y solo vamos por la L.

 

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123....Caso Plasenzuela

El Juzgado número 2 de Trujillo en el el caso Plasenzuela, el mayor proceso de corrupción que ha habido en la región hasta el momento. Hace siete meses la Fiscalía solicitó el sobreseimiento al considerar que no existían bases suficientes como para sostener la imputación de delitos penales tanto al exalcalde de la localidad, José Villegas (PSOE), como al exsecretario municipal, Leopoldo Barrantes, al exconcejal, Francisco Crespo y al alcalde de Torremocha Domingo Galán.
Cabe recordar que el caso se destapó en el año 2009 tras la denuncia del también exalcalde de Plasenzuela, Adrián González (PSOE). A José Villegas se le imputaban delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y delitos urbanísticos.
La Fiscalía sostuvo entonces que Villegas se había quedado con más de 2 millones de euros en ayudas públicas que habían sido concedidas a la residencia de ancianos del municipio entre los años 2004 y 2008. También que defraudó 2,2 millones a la Seguridad Social desde el año 1997, al dejar de abonar la cuota de los trabajadores municipales, y que se apropió de más de 200.000 euros de fondos públicos simulando la venta de productos de su propia empresa al ayuntamiento y a la residencia de ancianos. Conocedores de todo esto eran, según decía la Fiscalía, su exsecretario, Leopoldo Barrantes, y el exconcejal Francisco Crespo.
LAS ACUSACIONES Tras más de seis años de investigación (el caso entró en los tribunales en el 2009) el Ministerio Fiscal advirtió de la falta de pruebas para continuar con las imputaciones. El juez pidió entonces a las acusaciones (el ayuntamiento de Plasenzuela y la Seguridad Social) que hicieran constar si consideraban necesario continuar con las diligencias. El consistorio decidió en pleno solicitar al juez que se practicaran diligencias complementarias. La Seguridad Social no mostró interés en que continuara abierto el caso.
Así las cosas el juez desestimó al ayuntamiento su petición, con lo que en marzo el juzgado dictó un auto en el que ordenaba el sobreseimiento provisional del caso. Ninguna de las partes ha recurrido esta decisión.
Este diario se puso ayer en contacto con José Villegas, que no quiso hacer declaraciones: "Siempre he mantenido mi inocencia y ahora se ha demostrado, el juez ha dicho que no hay nada. Estoy tranquilo y trabajando", apostilló.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Extremadura
• Coste aprox.: ? €
• Total implicados: ?
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: ?

123...gigaTROLL y lo que queda.....

 

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133. Caso Lezo/Inassa y Emissao



Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial Inassa (dependía societariamente de Canal Extensia), hoy en prisión preventiva, convocó en septiembre de 2012 una asamblea extraordinaria de accionistas para disminuir el capital social de Inassa, que pasó de 115.365 millones de pesos colombianos (entonces 49,1 millones de euros) a 75.765 millones de pesos (32,2 millones de euros). Con la diferencia, 17 millones de euros, Inassa tenía el mandato de Canal Extensia, en teoría, de "expandir el negocio del Grupo Canal en Latinoamérica". A los 17 millones se sumaron 4,8 millones de euros procedentes de "los dividendos generados por Inassa en años anteriores". En total, 21,8 millones de euros.
Según el informe del Canal, "no existe prueba de que ningún miembro de Extensia autorizara" esa expansión, tal y como dijo Edmundo Rodríguez en una junta directiva de Inassa celebrada en enero de 2013. Los 21,8 millones se depositaron en un fondo fiduciario, cuyo contrato no preveía la necesidad de autorizaciones por parte de Extensia para mover el dinero. Todo dependía de Inassa. Fernanda Richmond, no obstante, consejera de Extensia y de Inassa, "era consciente de que los fondos depositados quedaban al margen de cualquier control por parte de Extensia. Por ende, "esta circunstancia imposibilitó que Canal de Isabel II pudiera tener conocimiento sobre el alcance de la operación de fondos patrimoniales que se describe". Del Canal colgaba Extensia, y de esta, Inassa.
En noviembre de 2012, Edmundo Rodríguez y Fernanda Richmond decidieron dar un papel relevante en la expansión comercial de Inassa en Brasil a Francisco Ruiz Muñoz, "persona ajena al Canal", a quien se le encarga un estudio de mercado sobre la situación económica brasileña. Este asesor gestionaba la empresa Cetus Consulting, que en 2012 obtuvo apenas 12.000 euros de ingresos y no tenía trabajadores. "Pese a la falta de experiencia profesional, no consta quién decidió formalmente contratar a Ruiz Muñoz en nombre del Canal". El informe recoge unas manifestaciones de Richmond: fue "recomendado por IG", es decir, por Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.
También en noviembre de 2012, Edmundo Rodríguez y Susana Monje, presidenta de Grupo Essentium y ese año tesorera del Fútbol Club Barcelona, firmaron en Madrid un "acuerdo de confidencialidad y concurrencia", ya que Essentium ostentaba unos derechos sobres las acciones de Emissao. Es decir, la empresa brasileña a la que había echado el ojo Inassa ya tenía un acuerdo previo con esta constructora. Las negociaciones para la compra de Emissao de forma conjunta (entre Inassa y Essentium) comenzaron en diciembre de 2012. En principio, Inassa iba a pagar 16,3 millones de euros por el 40% de Emissao.
Dos informes realizados en los primeros meses de 2013 no recomiendan la compra de Emissao. El primero, interno, desde la propia Inassa. "Se encontró un precario sistema de información financiera, no hay contabilidad al día, no existen políticas administrativas. Se incurre en grandes riesgos operativos, los cuales pueden causar pérdidas debido a la falta de control", son algunas de las conclusiones. "No consta que este informe fuera compartido con Canal de Isabel II o Canal Extensia".
KPMG, por su parte, llevó a cabo otra auditoría de Emissao, supervisada por parte de Inassa por el asesor externo Francisco Ruiz Muñoz, "sin que participe en la revisión del proceso personal del Grupo Canal". Este informe advertía de que Emissao pagaba comisiones a terceros para conseguir contratos en Brasil. No solo eso. También revela diferencias en la cifra de beneficios que comunicó Emissao en relación con los reales. "La señora Richmond conoció las contingencias detectadas por KMPG".
A principios de 2013 se decide que la operación de compra de Emissao se articularía a través de una sociedad vehículo radicada en Uruguay, en la que participarían a partes iguales Inassa y Essentium (esta última a través de otra firma panameña). Para ello, se siguen los consejos de Ignasi Maestre, asesor fiscal andorrano, conocido por llevar asuntos económicos de estrellas del fútbol e intermediar en operaciones en paraísos fiscales. Maestre era además accionista de la empresa uruguaya que se eligió, Soluciones Andinas de Agua.
El 3 de abril de 2013 se reúne el consejo de administración de Extensia, que aprueba comprar por unanimidad el 40% de Emissao a través de la uruguaya Soluciones Andinas. En ese consejo estaban Adrián Martín, Fernanda Richmond y Fernando de Cevallos. "En el acta de esa reunión no se hace constar información trascendental". Por ejemplo, no se menciona el acuerdo con Essentium, ni que KPMG había elaborado un informe demoledor, ni se habla del precio de compra. A su vez, el consejo de Extensia no informó al consejo del Canal de Isabel II.
El 20 de junio de 2013, en Montevideo (Uruguay), Canal Extensia e Inassa compran Soluciones Andinas por 5.500 euros. En ese trámite, el Canal no envió a nadie. El apoderado que firmó en nombre de las filiales de la mayor empresa pública de Madrid era un simple trabajador de Ignasi Maestre. A pesar de que Soluciones Andinas pasa a ser de Extensia e Inassa, otra firma de Maestre, de nombre Yavango, aparece como administradora de la sociedad uruguaya. La junta directiva de Inassa aprueba la compra de Emissao dos meses después, el 25 de septiembre de 2013.
En mayo de 2013, sin saber por qué, Essentium (de Susana Monje) decide no participar en la operación. Así, Inassa pasa de comprar el 40% de Emissao a más del 70% de la firma brasileña. "No existe un experto independiente que valore el precio de Emissao". Al final, se decide adquirir en octubre de 2013 el 75% por 29 millones de dólares (21,4 millones de euros entonces). De esa cantidad, no se utilizan los 21,8 millones que se habían obtenido tras rebajar el capital social de Inassa, sino que 6,3 millones se obtienen tras pedir un préstamo a una entidad financiera.
Al final, el 10 de octubre de 2013, Canal Extensia aprobó pagar 29,4 millones de dólares (21,7 millones de euros), 444.202 dólares (328.000 euros) más de lo que había aprobado la junta directiva de Inassa 15 días antes, el 25 de octubre. "No se justifica la diferencia". Tampoco se informó al consejo de administración del Canal de Isabel II. El contrato de compraventa se firmó el 14 de noviembre de 2013, y el dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, pactó tres pagos: 14,7 millones de euros ese mismo mes a cuenta suya en el Royal Bank of Canada de Ginebra (Suiza); 3,6 millones de euros en diciembre al Banco Bradesco (Brasil), y 3,2 millones también en diciembre al Royal Bank of Canada de Ginebra.
El contrato de compra también establecía que el dueño de Emissao debía constituir un aval de tres millones de dólares (2,2 millones de euros) por un plazo de dos años para cubrir posibles contingencias que pudieran surgir en el futuro y no estuvieran recogidas. Pero en junio de 2015 se suscribe un pacto en el que se decide resolver ese aval por una "prenda sobre las acciones de Cristovam", que tenía el 25% de la compañía. "Llama la atención que se aceptara sustituir esa garantía por una prenda cuyo valor era significativamente inferior". Además, las contingencias detectadas por KMPG "superaban con creces esos tres millones".
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Volvamos a las andadas...

134. Caso Lezo/Mercasa

Directivos de la empresa pública Mercasa destruyeron pruebas que pudieran incriminarles y falsificaron documentos para tratar de ocultar pistas de los presuntos desfalcos en esta compañía investigados por el juez José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Así se desprende de los pinchazos telefónicos a Pablo González, hermano del ex presidente madrileño Ignacio González.
Desde ayer, Mercasa ha perdido a parte de su cúpula, pues este escándalo ha provocado la dimisión de su presidente, Eduardo Ameijide. Pablo González, que era director de Operaciones y Estrategia de Mercasa, fue destituido también ayer, así como la abogada del Estado María Jesús Prieto.
La Guardia Civil sospecha que Pablo González ha oficiado durante años como testaferro para los negocios ilegales de su hermano y por ese motivo coincidieron las dos operaciones policiales del Canal de Isabel II y Mercasa.
Los pinchazos telefónicos sobre él por el caso del Canal alumbraron evidencias sobre el pago de sobornos de Mercasa y terminaron con su detención. El ex presidente de la empresa, Eduardo Ameijide, aseguró según los pinchazos que el consorcio público/privado de Mercasa que supuestamente perpetró los sobornos se constituyó en realidad para el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en otros países.
La abogada del Estado María Jesús Prieto, que fue presidenta de ese consorcio y también era directiva de Mercasa, habría jugado un papel central, según las pesquisas, en la destrucción y falsificación de documentos.
Fuentes de la investigación confirmaron a EL MUNDO que De la Mata investiga si Mercasa encargó una auditoría forensic para identificar y después ocultar sus desfalcos. Es decir, según la investigación, dicha auditoría no fue utilizada para hacer emerger presuntas irregularidades en Mercasa, sino para eliminar evidencias que pudieran incriminar a directivos involucrados en las ilegalidades.
En concreto, los pinchazos revelan que el actual presidente del consorcio público/privado de Mercasa, Miguel Ramírez, llegó a asegurar que Prieto estaba, a partir de la auditoría, reconstruyendo documentos de la época en la que ella ocupó la presidencia del consorcio, entre julio de 2008 y febrero de 2011.
En el punto de mira están las presuntas comisiones cobradas por un contrato de 218 millones de euros para construir un mercado de abastos en Luanda (Angola). El hombre fuerte de Mercasa en Angola era Guilherme Taveira, un fugitivo de la Justicia al que la Audiencia Nacional tiene puesta una orden internacional de busca y captura desde hace más de dos años. Este periódico encontró a Taveira en Luanda, donde vive tranquilo a sabiendas de que no será deportado. Taveira es sospechoso de haber cometido sobornos para la empresa Defex -caso por el que está buscado- y para Mercasa.
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124......Caso Plaza

La Fiscalía Anticorrupción pidió, hace casi un mes, más tiempo para conseguir un pacto global con los principales encausados por el saqueo de más de 150 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza y hoy llegan a la sala de vistas con dicho acuerdo debajo del brazo.

Según pudo saber EL PERIÓDICO, ayer se rubricó en la capital aragonesa dicha conformidad de condenas entre los representantes del ministerio público, José Grinda y Juan José Rosa, y los abogados de buena parte de los acusados, entre los que se encuentran los considerados cerebros de la causa: el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril; el directivo de Acciona José María Jordán; el exdirector técnico de Plaza Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el jefe de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld.

De dicho encuentro tan solo trascendió que de los 25 encausados en total tan solo dos de ellos podrían ingresar en prisión. Se trata de García Becerril y de Jordán, y que al menos cuatro procesados no admiten nada y, por lo tanto, la Audiencia Provincial de Zaragoza continuará el proceso judicial contra ellos. Es el caso del exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y de los empresarios Agapito Iglesias, Miguel Ángel Floría y Marimar Jaso.

DINERO RECUPERADO / Aunque las condenas, en lo referente a penas privativas de prisión, distan mucho de los 191 años que pedía Anticorrupción al inicio del causa, la recuperación del dinero malversado ha jugado un papel importante en este acuerdo.

Al dinero procedente del decomiso de los bienes y propiedades a los encausados que irá destinado al Estado hay que añadirle los 60 millones de euros que recibirá el Gobierno de Aragón por parte de Acciona, una de las dos empresas que conformaron la UTE que llevó a cabo las obras en la plataforma logística. El resto de la responsabilidad civil subsidiaria hasta llegar a los 147 millones de euros se realizará por el procedimiento del arbitraje judicial.

Aunque hasta ayer no se pudo firmar el acuerdo global, el pasado mes de septiembre se gestaron los primeros pactos. No fueron baladíes, ya que cada uno de los procesados que admitió hechos apuntalaba a alguno de los cerebros. los empresarios José Luis y Ramón Margalejo; el gestor Francho Chabier Blasco y el que fuera jefe de obra de la UTE conformada por Acciona y MLN, Alejandro Viñuales. A Blasco y a Ramón Margalejo les retiraron la acusación. De esta forma, los fiscales consiguieron el reconocimiento de que hubo falsedad documental en las certificaciones de trabajo para generar falsos sobrecostes.

Se trata de un acuerdo que se gestó en el primer aplazamiento de fecha de juicio. Con el segundo llegó otro importante, el constructor Francisco Hernández confesó que le hizo tres obras a García Becerril (la reforma de su apartamento de Salou y en otras dos fincas de la exmujer del exgerente en San Mateo de Gállego, y en una casa en Torres de San Lamberto) y que el pago de dichos trabajos los asumió la empresa pública Plaza. Añadió que, de todo ello, eran conocedores los directivos de Acciona Aragón

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Aragón
• Coste aprox.: 147.000.000 €
• Total implicados: 29
• Año de los hechos:
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL y lo que queda......

 

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135.
Caso Lezo/Tren Navalcarnero



Un papel en blanco, el documento 1.2, con la siguiente anotación mecanografiada: "Banco: ANGLO IRISH BANK. Nº cuenta (IBAN) CH54 0854 8010 2122 10001. Titular: Lauryn Group Inc". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha tomado las huellas dactilares a cuatro directivos de la constructora OHL, entre ellos las de su expresidente Juan Miguel Villar Mir. Los agentes buscan "la comprobación de la data, veracidad y trazabilidad de un determinado documento" que puede ser clave en la investigación de una de las piezas del caso Lezo: quién ordenó el pago de la comisión de 1,4 millones que presuntamente pudo recibir el expresidente regional Ignacio González después de que la Comunidad de Madrid adjudicara la construcción y concesión del tren de Móstoles a Navalcarnero a OHL.
La UCO ya sabe el nombre de las dos filiales mexicanas de OHL que enviaron las dos transferencias que recibió la empresa panameña Lauryn Group Inc en la cuenta que tenía abierta en el banco suizo, el nombre de los trabajadores de OHL que ejecutaron esos pagos, el nombre de los directivos intermedios que ordenaron a esos trabajadores esos pagos, y los trabajos (al parecer falsos) que supuestamente hizo Lauryn para OHL que sirvieron para enmascarar esos pagos. Falta un dato clave: quién fue el alto cargo de OHL que ordenó transferir los 1,4 millones, quién fue esa "autoridad incuestionable", como la define uno de los directivos imputados.
En esta pieza ya están imputados Juan Miguel Villar Mir; su yerno el empresario Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya (titular de la cuenta suiza de Lauryn); Tomás García Madrid, ex consejero delegado de OHL; Rafael Martín de Nicolás, exconsejero de OHL y director general de construcción área España, y Felicísimo Ramos, sin cargo concreto dentro de la compañía. También lo está Ignacio González, el supuesto destinatario del dinero. Él siempre lo ha negado y Adrián de la Joya declaró que se quedó con el dinero cuando López Madrid le dijo que era para pagar sobornos a cargos públicos, concretamente a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y estrecho colaborador de González.
Tras tomar declaración a todos los investigados, la UCO ha podido trazar el rastro del dinero, pero no ha podido llegar al origen de la cadena de mando. El 22 de noviembre de 2007, las filiales mexicanas Constructora de Proyectos Viales (CPVM) y OHL Sucursal México giraron sendas transferencias por un importe de 2,5 millones de dólares a una cuenta del banco suizo Anglo Irish Bank cuyo titular era Lauryn Group INC. Transferencias soportadas por facturas de trabajos presuntamente realizados por Lauryn.
La primera, de un millón de dólares por la "prestación de servicios relativos a la búsqueda y contratación de personal local y mano de obra en general, así como todo lo relacionado con la selección y fijación de condiciones con subcontratas y proveedores de bienes, equipos, medios de transporte y herramientas". La segunda, de un millón y medio de dólares, por un "estudio de mercado del sector de la construcción, posibles clientes privados y públicos y viabilidad de los mismos en México y Centroamérica". Las transferencias las hizo Adolfo Soto, uno de los directivos de OHL en México. Este declaró como testigo y señaló que firmó la orden de transferir los fondos tras recibir la indicación de Felicísimo Ramos, que la UCO sitúa como ex director de control de gestión de OHL. Soto también explicó que no obtuvo respuesta cuando trató de "recabar justificación que soportase esos pagos".
Felicísimo Ramos, investigado por cohecho y blanqueo, declaró ante la Guardia Civil que él no tenía autonomía para ordenar transferencias y que cuando lo hizo se estaba limitando a seguir las instrucciones que recibía de superiores. Esas órdenes partieron de Tomás García Madrid. Ramos aportó dos documentos, un correo electrónico que le envió García Madrid con datos sobre Lauryn y un papel que contenía el número IBAN de la cuenta donde había que transferir el dinero, el documento donde han aparecido huellas y los investigadores quieren cotejar con Villar Mir. Ramos, lamentablemente, no recordaba quién le entregó este último papel.
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125....Caso Plaza de Toros
Ignacio Cobo, el magistrado que preside el juicio iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo; el secretario municipal Juan Luis Vázquez alopécico, y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso por presunto delito de prevaricación administrativa en el caso del fraccionamiento en 69 partes de las obras de la plaza de toros, se ha visto obligado a suspender el plenario ante las demoras procedimentales de las partes, principalmente las defensas, en la fase de exposición de las cuestiones previas.

Visiblemente molesto y reprochando a las partes su actitud en el procedimiento, el magistrado, tras la deliberación de la Sala, ha anunciado la suspensión del plenario hasta al resolución por escrito de las cuestiones previas. En este sentido, y tras subrayar que la alteración del procedimiento no es atribuible a este órgano jurisdiccional, prevé que el nuevo señalamiento sería en un plazo que rondaría los cinco o seis meses.

El juez ha pedido a los abogados que en un futuro intenten "adecuar" su conducta procesal tras constatar la "sorpresiva presentación" de cuestiones en el propio acto cuando no constaban previamente en ningún escrito de defensa.

A lo largo de la vista, y ante las dificultades planteadas, el presidente ha dirigido un auténtico rapapolvo a los abogados y sus argumentaciones "improcedentes" lamentado "planteamientos" como estos para "dilatar" procesos, que contribuyen a ralentizar la Justicia española.

Entre otras cuestiones, las defensas planteaban a la sala que se aportaran las transcripciones de las declaraciones en sede judicial de primera instancia y que se excluya en el procedimiento a la acusación popular que ejercían los dos grupos políticos personados en la causa, IU y PP, alegando cuestión de forma y por considerar que no se hizo en los plazos establecidos.

La suspensión del juicio se ha producido en la primera de las tres sesiones previstas, que ha comenzado a las 10.00 horas de este martes y se ha suspendido para la deliberación de la sala al filo del mediodía. En el plenario, Joaquín Hermoso y el aparejador municipal Eugenio Ángel Manso se han sentado en el banquillo de los acusados, mientras que el secretario municipal Juan Luis Vázquez alopécico se ha situado en la parte reservada a los abogados, tras asumir su propia defensa.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa en el caso del fraccionamiento en 69 partes de las obras de la plaza de toros de la ciudad minera.

Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía, los acusados, conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación, sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de la contratación, y con la finalidad de tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, "actuando en total connivencia" procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación de la contratación de las obras de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano.

La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, cuyo gasto se fraccionó en 69 expedientes, en partidas correspondientes a cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados de obra, adjudicados a diferentes empresas.

Asimismo, estima que no está debidamente acreditado el delito de tráfico de influencias respecto a Eugenio Ángel Manso, ni el delito de falsedad documental imputado a los tres acusados, por la aportación de documentación al juzgado relativa a los honorarios por la redacción de los proyectos y la dirección de obra.

"Al no tratarse de documentos falsos, sin perjuicio de las irregularidades administrativas que se puedan detectar y de los hechos por los cuales han sido objeto de acusación, tampoco concurren elementos para imputar dicha falsedad a los acusados", subraya. Consecuentemente, apunta, no concurren elementos para imputar el delito de estafa procesal en grado de tentativa ni en concepto de autor ni en concepto de cooperador necesario.

Acusación particular

No lo ve igual la acusación particular a cargo de los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular, que solicitan para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.

Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el delito continuado de tráfico de influencias.

Por otra parte, por falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan-Luis Vázquez alopécico y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales. Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales por tráfico de influencias.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Castilla La Mancha
• Coste aprox.: ? €
• Total implicados: 3
• Año de los hechos:2018
• Estado judicial: Abierto

 

[Gigatr0n]

136.
Caso Líber



Trama que está siendo investigada por amañar contratos en varios ayuntamientos y consejerías de la Región de Murcia.

 

[rejon]

126....Caso Plaza/Kartódromo
La alegría y el estupor se pudieron medir a partes iguales anoche en la sala de vistas de la Audiencia Provincial en la que durante la semana pasada fueron juzgados el exviceconsejero de Obras Públicas (PSOE) Carlos Esco, el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza Ricardo García Becerril y el empresario Santiago Becerril Pastor. Pasadas las 21.00 y tras siete horas de deliberación, los miembros del jurado daban lectura a un veredicto que declaraba no culpables a los tres encausados y la magistrada-presidenta, Esperanza de Pedro, se apresuraba a dictar, conforme a la decisión del tribunal, una sentencia absolutoria a viva voz (in voce).

Tras dos años de instrucción del caso, fruto de una denuncia presentada por Jesús Andreuquien sucedió a Ricardo García Becerril cuando el gobierno PP-PAR tomó el relevo a la coalición PSOE-PAR en el Pignatelli, los tres acusados escuchaban aliviados cómo el jurado los declaraba no culpables. "No esperaba otra cosa", comentaba escuetamente García Becerril al salir de la sala de vistas visiblemente contento. "Claro que estoy satisfecho", reconocía también Carlos Esco. No era para menos, ya que ambos se enfrentaban a penas de entre diez y once años de prisión por delitos de cohecho y malversación de caudales públicos o, alternativamente, apropiación indebida.

"Muy, muy contento"

En cuanto a Santiago Becerril, sin cuya confesión de que había pagado una comisión de 661.110 euros a Ricardo García Becerril no hubiera existido esta causa, su alegría no podía ser mayor."Estoy muy, muy contento", aseguró. Las peticiones de pena para este acusado eran menores, ya que todos solicitaban la aplicación de la atenuante de confesión y el arco de condena podía haber oscilado entre el año y medio y los dos años y medio de guandoca, más el pago de 661.100 euros de indemnización.

En concreto, Santiago Becerril confesó a la Policía, al juez y al jurado, que en 2004, cuando Plaza decidió comprar el terreno en el que se ubicaba su negocio, el único kartódromo de Aragón, para hacer allí accesos a la plataforma y la zona comercial, él no quería venderlo, pero finalmente accedió. Aseguró que el precio que pactó con García Becerril, la persona a la que el consejo de administración de la sociedad encargó la gestión, fue de 1.050 millones de pesetas (6.310.628 euros), que incluía una comisión ilícita del 10% (661.110 euros), para el exgerente. Añadió que le entregó este dinero en tres plazos y en cada uno de ellos destruyó el cheque. Por último, manifestó que cuando le preguntó para quién era la comisión, García Becerril le contestó que se la repartía a medias con el"delegado, ese señor de barbas".

La confesión era el pilar del caso y la sospecha planeaba sobre los acusados. Pero todos los personas de color augurios que pesaban sobre ellos se desvanecieron en cuanto el jurado empezó a leer su veredicto. Sobre todo, cuando afirmaron:"Hemos visto indicios de delito pero no se han presentado pruebas suficientes". Esta aseveración la hicieron para cada uno de los encausados y para los tres delitos que se les atribuían.

Incluso cuando se refirieron a la confesión de Santiago Becerril, los jurados dijeron que sus palabras no eran suficientes y que entraban en contradicción con las de García Becerril, que en todo momento ha negado los hechos, y con las de Esco, del que consideraron probado que tenía mala relación con el exgerente y que no conoce a Santiago Becerril.

El fiscal del caso, Javier Checa, anunciaba minutos después que no pensaba recurrir el fallo, mientras que las acusaciones particulares, en nombre del Gobierno de Aragón y la sociedad pública Plaza, se remitían a futuras consultas con sus respectivos clientes.

"Yo no la voy a recurrir porque, tal y como se ha pronunciado el jurado, la sentencia es inatacable", manifestaba Checa."Me lo miraré pero es imposible cogerlo, porque la valoración de la prueba es inamovible", añadió. El fiscal reconoció, no obstante, que había sido una sorpresa porque hasta ahora los jurados populares han condenado sistemáticamente en casos parecidos."En cualquier caso, la explicación que dan es válida, aunque a esta parte no le convenza", subrayó.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Aragón
• Coste aprox.: 661.110 €
• Total implicados: 3
• Año de los hechos:
• Estado judicial: