Recopilación de casos de corrupción de la PP... he decidido petar el foro. A la hez con tó!

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101. Caso Invercaria/J. Martín
El juez del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido a la Audiencia Provincial para su procesamiento la causa contra la diseñadora Juana Martín por los delitos de prevaricación y malversación de las ayudas públicas de Invercaria recibidas entre 2006 y 2011.
En una providencia dictada este viernes por el juez, a la que ha tenido acceso Efe, el juez remite esta pieza a la Audiencia para el enjuiciamiento de la diseñadora y los exdirectivos de Invercaria -empresa de capital riesgo de la Junta cuyas ayudas son investigadas- Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Martín ocho años de prisión, para Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, otros ocho años de guandoca y veinte de inhabilitación y para Cantos y Nieto seis años y seis meses de prisión y 18 de inhabilitación. Cifra el perjuicio económico a las arcas públicas en 949.749 euros.
En su escrito de acusación, Anticorrupción explica las operaciones desarrolladas por Juana Martín junto a Invercaria desde enero de 2006, que comenzó con un préstamo participativo de 120.000 euros concedido cinco días después de la constitución de la compañía. También se elaboraron proyectos como el diseño de colecciones «pret-a-porter», la creación de una marca o un proyecto de «moda hotel». En 2011 Invercaria reclamó sin éxito a Juana Martín la devolución de un préstamo por valor de 200.000 euros, según el auto de procesamiento del juez.
Durante su declaración ante el instructor, la diseñadora cordobesa explicó que con el préstamo de Invercaria planificó llevar la producción a jovenlandia porque era más barato y «en Andalucía no existían talleres adecuados para el proyecto». Dijo que no conocía la empresa pública sino que las ayudas fueron iniciativa del consejero de Innovación, entonces Francisco Vallejo. Aseguró que Cantos y otros responsables de la empresa pública «hicieron todo el papeleo» ya que ella «confiaba plenamente en Invercaria porque lo identificaba con la Junta de Andalucía».
La empresaria declaró que «todos los préstamos» se destinaron al «diseño, confección, apertura de tiendas, talleres, contratación de personal y gastos de gestiones» de una línea «pret-a-porter» pero posteriormente vino la crisis y entre 2010 y 2011 cerró sus tiendas.
Juana Martín se enfrenta a otra petición de 3 años de guandoca por un delito de alzamiento de bienes por el que ha sido procesada en el Juzgado de lo Penal 2 de Córdoba, que ya ha quedado visto para sentencia. Este delito lo habría cometido con un inmueble embargado y con el que Invercaria pretendía cobrarse la deuda de la diseñadora por los préstamos concedidos y no devueltos.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 949.749 €
• Total implicados: 4
• Año de los hechos: 2006
• Estado judicial: Abierto

 

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108. Caso Gürtel/Caja B PP Valencia




Descargar la Sentencia del Caso Gürtel - Pieza de la Caja B del PP en Valencia

Nuevo batacazo para el Partido Popular. La Audiencia Nacional acaba de hacer pública la sentencia por la que queda acreditada la financiación ilegal del PP valenciano en la época en que Francisco Camps era presidente de la Generalitat, aunque éste no estuviera sentado en el banquillo de los acusados.
El Juzgado Central de lo Penal ha impuesto penas que van desde los cuatro meses de guandoca a los seis años y nueve meses para 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008.
En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública.
La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de cinco años y tres meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de cinco años de guandoca, y a Álvaro Pérez, de seis años y nueve meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza.
También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de cinco años y un mes de guandoca y tres años al asesor financiero Ramón Blanco Balín. Entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a cuatro años de guandoca al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión.
La ex gerente Cristina Ibáñez resulta condenada a tres años y cuatro meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a tres años y ocho meses, y la extesorera Yolanda García, a cuatro meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.
Esta sentencia por una de las piezas del caso Gürtel se da a conocer quince días después de la otra sentencia por la pieza principal de esta misma trama de corrupción por la que se consideró al PP partícipe a título lucrativo, que le supuso una moción de censura al presidente de Gobierno Mariano Rajoy y su salida del Ejecutivo.
Ahora, el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, da por acreditado que varios empresarios pagaron al PP valenciano a cambio de recibir adjudicaciones de manera irregular. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción había conseguido que nueve empresarios reconocieran los delitos por lo que los hechos probados estaban ya asumidos por los implicados.
Tanto el líder de la trama, Francisco Correa, y sus dos hombres de confianza, Álvaro Pérez y Pablo Crespo se encuentran en prisión cumpliendo una condena de doce años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por otra pieza de Gürtel conocida como ‘caso Fitur’, y ya confirmada por el Tribunal Supremo. Además, Correa y Crespo fueron condenados por la Audiencia Nacional a 51 años de guandoca para el primero y 37 años para el segundo. En esta segunda sentencia, Pérez, conocido como El Bigotes fue absuelto.
En la sentencia, el magistrado abre la puerta contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien señala como el “artífice” de esa operativa fraudulenta. Así, explica que su declaración como testigo en el juicio fue “ totalmente infructuosa porque en relación con los hechos nada sabe, nada recuerda, nada reconoce”. Destaca que aun considerando que ha sido designado como “artífice del mecanismo defraudatorio, tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable”.
Respecto a la responsabilidad de los políticos, la sentencia sitúa a Costa según doctrina del Tribunal Supremo, como “el hombre que está atrás” en tanto que tuvo el dominio funcional del hecho delictivo respecto a la financiación ilegal de las sucesivas contiendas electorales. El juez reconoce como cierto que respecto a los políticos “ni se acredita indiciariamente ni se contempla ni se acusa de ninguna clase de enriquecimiento personal” sus actos, según el magistrado se cometieron “por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder”.
La sentencia explica que “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL -empresa de Francisco Correa- servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros”.
Por otro lado, la resolución detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PPCV y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados.
Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del ‘Grupo Correa’, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en “B”.
El magistrado Vázquez Honrubia aclara en su sentencia que por estos hechos se debe aplicar el delito electoral pero no se pueden aplicar penas más altas fijadas en el Código Penal en el año 2015 porque los hechos fueron anteriores. “El artículo que se aplica es un delito de mera actividad que no exige resultado alguno, se considera como un delito de riesgo y si como en todos estos delitos se adelanta la barrera de protección jurídica, sin necesidad de resultado, parece evidente que el bien jurídico protegido es de forma inmediata tratar de mantener la pureza de los procesos electorales, en definitiva, el ‘juego limpio’ electoral”.
Además del objetivo inmediato de garantizar que los contendientes electorales dispongan exclusivamente de los medios legales para sus citas electorales, la sentencia añade otro objetivo mediato que es el de prevenir un riesgo abstracto, “preservar la neutralidad y objetividad del Estado en el que se incluyen la administración local y autonómica frente a supuestos como en el presente caso en que dicha neutralidad y objetividad de las administraciones se ve seriamente cuestionada cuando los financiadores de la campaña electoral son, exacta y precisamente, adjudicatarios y/o concesionarios de obras, servicios o suministros contratados por la Administración cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en una campaña financiada ilegalmente”.
Se trata en definitiva de un delito de riesgo, un peligro futuro pues “en síntesis se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos”. El juez concluye que afecta a los intereses generales que los financiadores sean o vayan a ser adjudicatarios de obras o servicios públicos y empaña de una manera “absoluta” la repetida neutralidad y objetividad.
La Fiscalía acusaba al que fuera el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y otras 18 personas por presunta financiación ilegal del partido, con casi tres millones y medio de euros, para las campañas electorales de 2007 y 2008. Al finalizar el juicio, Anticorrupción solicitó rebajar las penas pedidas inicialmente contra los cabecillas una vez que en juicio había reconocido los delitos.
Así, para Costa, que reconoció ante el juez que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero oscuro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps, la fiscal pidió una pena de cuatro años y tres meses de guandoca frente a los siete años y nueve meses que le solicitaba inicialmente. Para Correa, cerebro confeso de la trama, la fiscal pidió rebajar la pena de manera sustancial: de 22 años a siete años y tres meses.
En su declaración, Francisco Correa reconoció que una de sus empresas, Orange Market, cobró 3,4 millones de euros en oscuro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora. Para estos nueve empresarios se pedían penas inferiores a dos años sustituibles por multas. A Álvaro Pérez se le reclamaba 16 años y medio.
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102. Caso Invercaria/Keepfresh
El juez del caso Invercaria está investigando préstamos a dedo y concedidos de forma "arbitraria" por valor de 2,2 millones de euros a sociedades vinculadas a Keepfresh en las que figuran la cuñada del ex presidente de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y la esposa de un ex directivo de esta sociedad pública.
El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado como investigados -antes imputados- por prevaricación y malversación a Pérez-Sauquillo; a Cristina Perera, esposa de un hermano del ex presidente de Invercaria; al ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto, y a su mujer, María Luisa Arcos; y a otras cuatro personas.
En un auto conocido este jueves, el magistrado subraya que el "traspaso de fondos" por valor de 2.222.600 euros desde la empresa pública de la Junta de Andalucía a las sociedades vinculadas a Keepfresh se debe a una "arbitraria decisión" del que fue presidente de Invercaria, "sin atenerse a las normas específicas previstas en el plan director 2005-2008" de la empresa pública y "en la normativa autonómica que la regula".
Según se indica en el auto, una de las sociedades vinculadas a Keefresh, la sociedad Crisopeya Inversiones S.L. es propiedad de Cristina Perera Briones y María Luisa Arcos Rayos, esposas respectivamente de Mariano Pérez-Sauquillo, hermano de Tomás Pérez-Sauquillo, y de Antonio Nieto Garrido, ex director financiero de Invercaria.
Los otros cuatro investigados son Juan Luis Pedro Sánchez, apoderado de Allfresh y presidente y consejero delegado de Keppfresh y de Desarrollos Industriales Herón; Antonio Sánchez García; Aliona Cobuscean, administradora única de Allfresh y secretaria de Desarrollos Industriales Herón, y el ex alto cargo de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía Miguel Lucena Barranquero. El juez ha citado a declarar para el próximo mes de noviembre a estos ocho investigados.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 2.222.600 €
• Total implicados: 7
• Año de los hechos: 2005
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL...

 

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109. Caso Gürtel/Contratos Valencia



26/02/2015: Pieza nº 5 de la Gürtel - Contratos menores de Valencia
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se declara no competente para continuar con la instrucción de la pieza cinco del caso Gürtel, la que investiga la contratación por parte de la Administración con empresas de la trama Gürtel. El TSJ entiende que la instrucción debe continuar en el juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
Esta pieza investiga los contratos de varias consejerías, empresas públicas y una fundación de la Generalitat con empresas de la trama entre 2004 y 2009, durante la presidencia de Francisco Camps, y cuenta con 27 procesados, entre ellos la cúpula de Gürtel, tres exconsejeros y ex altos cargos de varias consejerías.
La renuncia en septiembre de 2014 de condición de diputado de David Serra, después de que el 24 de julio fuera procesado por las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel, obligó al TSJ a pronunciarse sobre su competencia para juzgarla. Según ha considerado, la Audiencia Nacional, en concreto su Juzgado Central de Instrucción número 5, es el órgano competente para ese juicio, ya que el único aforado imputado dimitió antes de abrirse el juicio, como determina el Tribunal Supremo. Este, tras el de Fitur, será el segundo juicio que se celebrará de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano. El TSJ remitirá al citado juzgado las actuaciones para que continúe su tramitación, previo emplazamiento de las partes en los próximos diez días.
La pieza cinco se abrió en febrero de 2013 para investigar un supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa, a excepción de la contratación investigada en la pieza sobre Fitur, entre 2004 y 2009.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de entre siete y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los exconsejeros Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, acusados de prevaricación administrativa, así como para el exdiputado autonómico David Serra.
Para la cúpula de Gürtel, las penas solicitadas por la Fiscalía oscilan entre los 10 años de prisión para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y los siete años y 11 meses para Felisa Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero, así como multas que ascienden 582.000 euros en cada uno de los casos.
La decisión del TSJ valenciano está ahora sujeta a los posibles recursos que planteen las partes y a si la Audiencia Nacional considera que debe o no asumir la pieza, con lo que se podría plantear un conflicto de competencia que debería ser resuelto por el Tribunal Supremo. El año pasado el Supremo ya enmendó la plana al TSJ de la Comunidad Valenciana sobre dónde tenía que juzgarse la pieza de Fitur después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriese la decisión. Ahora, Anticorrupción está dispuesta a repetir la operación para que todas las piezas de Gürtel sean juzgadas en el TSJ.
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103. Caso Invercaria/Lolita Canalla

El juzgado de instrucción 16 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo por la ayuda de 100.000 euros concedida en 2009 a la marca Lolita Canalla, por la que también serán enjuiciados la responsable de la empresa y el jefe de publicidad.

En un auto difundido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que ha tenido acceso Efe, el juez Juan Gutiérrez Casillas requiere a los encausados para que presten una fianza de 100.000 euros con el fin de asegurar las responsabilidades que se les pudieran imponer. Tras la investigación de los hechos, el juez considera que hay indicios de que los tres encausados cometieron un delito de prevaricación, en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, en el préstamo concedido por la sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía a la empresa de ropa, con sede en Tarifa (Cádiz).

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente de Invercaria seis años de prisión, con lo que acumula cuatro peticiones de guandoca que suman 26 años por varias ayudas concedidas.

Además, la Fiscalía solicita para la administradora de Lolita Canalla, María Malo, dos años y medio de guandoca y once años de inhabilitación, la misma pena que para el jefe de publicidad y responsable de las gestiones de la empresa con Invercaria, Ignacio Jarillo, cuya amistad y vecindad con Sauquillo fue fundamental para conceder la ayuda, según la acusación pública.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 100.000 €
• Total implicados: 3
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: Abierto

 

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110. Caso Gürtel/Fitur




Descargar la Sentencia del Caso Gürtel - Pieza Fitur

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que condenó a penas de entre 3 y 13 años de guandoca a 11 acusados de amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel para la feria de turismo FITUR en las cinco ediciones que van desde 2005 a 2009. Entre las condenas destacan los 13 años y 3 meses de prisión para Pablo Crespo; 13 años para Francisco Correa, y 12 años y 3 meses para Álvaro Pérez, los tres considerados cabecillas del entramado Gürtel. El alto tribunal también ha confirmado los 9 años de prisión impuestos a la exconsejera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez.
Se trata de la primera causa relacionada con la trama Gürtel que ya tiene sentencia firme del Supremo, después de que se hayan desestimado los recursos de las 11 personas condenadas, cuyas penas quedan así ratificadas.
El Supremo confirma que Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos; cohecho activo; tráfico de influencias; y asociación ilícita; a los que se suma el de falsedad documental en el caso de Crespo. La exconsejera Milagrosa Martínez cometió, según la sentencia, delitos de malversación de caudales públicos, cohecho pasivo, y prevaricación administrativa.
La sentencia también ratifica las multas impuestas. Así, Correa, Crespo y Pérez deberán abonar 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias, que junto a Isabel Jordán, Milagrosa Martínez, Betoret, Vidal y Guarro, deberán indemnizar de forma solidaria a la Generalitat Valenciana con la cantidad de 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.
El Supremo considera probados los hechos relatados en la sentencia del TSJV del 8 de febrero de 2017. En ellos se da cuenta de las irregularidades cometidas por directivos y empleados de empresas de la trama Gürtel, de un lado, y por la consejera de Turismo, y técnicos, políticos y funcionarios de ese departamento en Valencia, de otro, para adjudicar los contratos para la concurrencia en ferias de turismo de los años comprendidos entre 2005 y 2009. De esta forma, considera acreditado que la constitución de la empresa Orange Market, a la que se designaban las adjudicaciones directamente desde la consejería.
En la sentencia se señala la existencia de un “desembarco” y, de hecho, una ‘sustitución’ de la administración por las empresas de Gürtel, de manera que las relaciones personales y de amistad entre Correa, Pérez y Crespo, con Milagrosa Martínez y funcionarios del departamento, era “sostenida, posteriormente, con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad”.
Además de los cuatro acusados condenado, se pena a otras 7 personas: Isaac Vidal, funcionario de la Agencia Valenciana de Turismo, a 7 años de guandoca; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, e Isabel Jordán, ex administradora de algunas sociedades de Gürtel, a 6 años de prisión cada uno; Cándido Herrero, exempleado de la empresa Orange Market, a 4 años y 4 meses; Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, a 4 años; y Mónica Magariños, exempleada de Orange Market, y Ana Grau, excoordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo, a 3 años cada una.

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badulaques todos los votantes que votáis al partido podrido...

 

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104. Caso Invercaria/Own Spa
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla acaba de abrir juicio oral al ex directivo del Sevilla y actual presidente del Cádiz C.F., Manuel Vizcaíno Fernández, por una ayuda recibida de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía Invercaria a su empresa Own Spa en 2007. Además de Vizcaíno, se juzgará a su hermana, María Ángeles Vizcaíno Fernandez, y a Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria. A todos ellos se les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de otro de tráfico de influencias.

Según el auto judicial, la empresa Own Spa se constituyó con un capital social de 3.000 euros el 26 de febrero de 2007, siendo consejeros delegados María Ángeles Vizcaíno y Eloy Bernárdez Moya, que también eran socios de la entidad. Con sede social en Bormujos, su objeto social era "el diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o de mantenimiento corporal".

También en el objeto social de esta mercantil figuraba "la gestión de contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua" y la realización "de toda clase de actividades de gestión y asesoramiento encaminadas a la obtención de licencias relacionadas con las actividades antes descritas".

El juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, explica en su auto que "en enero de 2007, la sociedad Own Spa solicitó una ayuda a Invercaria a través del presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, y de su hermana, siendo analizada dicha solicitud de inversión por el departamento de Promoción de Invercaria, que lo archivó al establecer "reparos a la inversión" el propio director de Promoción de la empresa pública de inversión en capital riesgo.

"Pese a lo anterior y a sabiendas de que el director de Promoción de Invercaria se había opuesto a la inversión y que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis e Inversiones", Pérez-Sauquillo "decidió personalmente conceder la ayuda", pone de manifiesto el juez en este auto, fechado el pasado 3 de noviembre, según recoge Europa Press.

Por ello, Pérez-Sauquillo, "actuando en nombre de Invercaria", firmó el 11 de febrero de 2009 un contrato de toma de participación a través de la suscripción y desembolso íntegro de once nuevas participaciones sociales de la mercantil "mediante aportación dineraria al capital social en la cifra de 330,66 euros, con una prima de asunción por participación social de 13.000 euros", lo que "supone una prima de asunción de 149.669,30 euros injustificada".

Tras indicar que Invercaria se incorporó al consejo de administración de la mercantil, el juez agrega que, en esa misma fecha, la empresa de capital de riesgo de la Junta de Andalucía le otorgó un préstamo participativo de 150.000 euros, de manera que al otorgamiento de esta escritura acudieron el propio Pérez-Sauquillo, por parte de la empresa pública, y Eloy Bernárdez y los hermanos María Ángeles y Manuel Vizcaíno por Own Spa.

Según el auto judicial, la empresa solo satisfizo el primer vencimiento, "ocasionando un perjuicio al erario público de 304.044,33 euros".

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 304.000 €
• Total implicados: 3
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: Abierto

iluso a todos los que votais al partido sociata gigaTROLL....

 

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111. Caso Gürtel/Papeles Bárcenas




Descargar el Auto del Caso Gürtel - Pieza Papeles de Bárcenas

El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.
El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.
Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero oscuro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.
Tanto el juez Pablo Ruz, en una resolución de marzo de 2015, como la Fiscalía Anticorrupción han dado por auténticos los papeles que publicó EL PAÍS a finales de enero de 2013. Los reconoció como auténticos el propio Bárcenas en su extensa declaración inculpatoria ante el juez Pablo Ruz, primer instructor del llamado caso Bárcenas, aun pendiente de juicio.
Los investigadores judiciales se han percatado de que la última página de los papeles que Anticorrupción reclamó a este periódico para investigar su contenido (ocho millones en sobresueldos opacos repartidos por Bárcenas a casi todos los responsables del PP desde 2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel, se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita. Las demás lo están, a juicio de estos medios.
¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores en relación con una esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas, enraizada y surgida en el marco de trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.
Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él elevó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos puedan ser remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes. El año en que la fiscalía puso su lupa para cotejar la relación de pagos de constructoras al PP es 2008, al no estar prescrito penalmente, si bien las cantidades recibidas y supuestamente defraudadas por los altos cargos del PP afectados en ese ejercicio de acuerdo con los papeles, no alcanzan la cuota penal tributaria (120.000 euros).
Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.
Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.
Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.
El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero oscuro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.
Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.
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105. Caso Invercaria/Servivation

El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha procesado al ex consejero de la Junta Francisco Vallejo, junto a otras cinco personas, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por el préstamo participativo millonario concedido por Invercaria a Servivation.

Esta empresa afincada en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA) recibió en el año 2008 un préstamo participativo de Invercaria de 1.186.000 euros tras una orden del Gobierno andaluz que «vino de arriba», según declaró ante el juez el investigado y ahora también procesado por el juez Tomás Pérez-Sauquillo, presidente de Invercaria entre 2005 y 2010.

Aquella operación realizada con fondos públicos recibió luz verde sin que hubiera ningún informe o análisis técnico que la avalara, ni de Invercaria ni de la Agencia IDEA ni de la propia Consejería. Servivation no devolvió el préstamo y acabó en concurso de acreedores. Vallejo, como consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, «ordenó directamente» a Pérez-Sauquillo que Invercaria le concediera la ayuda a Servivation, precisa el auto conocido este viernes.

Sin embargo, el ex consejero sostuvo, durante su declaración ante el juez, que no tuvo participación ni en la concesión del préstamo participativo ni en la constitución de la sociedad porque es «una iniciativa completamente privada».

No es el único caso de presunta corrupción que afecta a Vallejo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una condena de ocho años de guandoca y diez de inhabilitación por malversación y prevaricación por el caso ERE. Vallejo es uno de los 23 ex altos cargos que se sentarán en el banquillo, junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la pieza política de los ERE, un presunto fraude que unos 900 millones de euros.

Junto al ex consejero Vallejo, están procesados por la ayuda irregular de la Junta a Servivation el ex presidente de la empresa pública de capital riesgo, Tomás Pérez-Sauquillo; Bienvenido Martínez, de la Agencia IDEA y vocal de Invercaria; y los tres socios de Servivation: Jesús María Macías Castellano (Sadiel), Luis Fernando Martínez García (Centro de Tecnología de las Comunicaciones) y Francisco José Barrionuevo Canto (Novasoft Corporación Empresarial).

Para conseguir los fondos públicos, Servivation anunció que contrataría a 114 ex trabajadores de la extinta Vitelcom del Parque Tecnológico de Málaga. «Las previsiones del plan de negocios contemplaban la eventual adjudicación de dos contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Educación, varios de la Junta, Guadalinfo, entidades financieras y el Parque Tecnológico de Andalucía», recoge el auto.

La pieza de Servivation es la quinta de Invercaria cuya instrucción finaliza el magistrado, tras las relativas a las ayudas a Fumapa, Operador Aéreo Andalus -en la que la Fiscalía ha solicitado dos años y medio de guandoca para el ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado-, Lolita Canalla y la diseñadora Juana Martín.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 1.186.000 €
• Total implicados: 6
• Año de los hechos: 2008
• Estado judicial: Abierto

 

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112. Caso Gürtel/Primera Época




Descargar la Sentencia del Caso Gürtel - Pieza Primera Época

La Audiencia Nacional ha condenado este jueves a 351 años de guandoca a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gurtel y al PP como partícipe a título lucrativo al considerar probado que se benefició económicamente de la trama que dirigía Francisco Correa. La sentencia, que ocupa casi 1.700 folios, considera probada la contabilidad b del PP a través de los papeles del extesorero Luis Bárcenas, desde 1989, tiempos de José María Aznar, hasta 2008, ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido.
Francisco Correa, líder de la organización criminal, ha sido condenado a 51 años y Pablo Crespo (mano derecha de Correa en sus empresas y exsecretario de organización del PP gallego) a 37 años y medio. La Audiencia impone una pena de 33 años de guandoca y más de 44 millones de multa a Luis Bárcenas (exgerente y tesorero nacional del PP) y 15 años a su mujer, Rosalía Iglesias. Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda), ha sido condenado a 38 años de prisión, Alberto López Viejo (exconsejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre), a 31 años, y Jesús Sepúlveda (exsenado, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato), a 14. La Audiencia absuelve a ocho de los acusados, entre ellos Álvaro Pérez, el hombre de la trama en Valencia. La sentencia condena al PP, a Ana Mato (exministra de Sanidad) y a Gema Matamoros como partícipes a título lucrativo.La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso inmediato en prisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas, de Guillermo Ortega y de Alberto López Viejo.
La sentencia de la primera época del caso Gürtel ha considerado "probada" por primera vez, la existencia de una contabilidad b en el Partido Popular. Una caja b que se extendió "al menos desde 1989" y hasta como mínimo 2008, ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido. Dicen los magistrados que esta "caja b" era "una estructura financiera y contable paralela a la oficial, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos, cantidades entregadas a personas relevantes del partido" en forma de sobresueldos.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es firme y tiene todavía un recorrido judicial relevante ante el Tribunal Supremo, aunque los precedentes declarados por el alto tribunal sobre la sentencia de la Trama Gürtel en Fitur (Valencia), en la que confirmaron en todos los extremos las condenas de los cabecillas de la trama y dieron por buenas las aristas de la investigación como los informes policiales, las escuchas o la instrucción de Garzón, permiten suponer que el Supremo no vaya a variar ni una coma de la sentencia sobre la primera etapa de la trama Gurtel.
Fuente


IJOPUTAS... me siento amigablemente en el WC mientras pienso en TO VUESTRA querida madre...

 

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106. Caso J. Pérez/Oria
La Sala de lo Penal ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que condenó a José Pérez Pérez, que fue alcalde de Oria (Almería) desde 2007 a 2011, a diez años de inhabilitación especial como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con la firma de numerosos contratos temporales, sin seguir ningún procedimiento administrativo y sin justificar las causas de la elección de las personas contratadas. La inhabilitación afecta a los cargos de Alcalde, Teniente de Alcalde, Concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito insular, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra dicha sentencia que consideró probado que el entonces alcalde no sólo suscribió 35 contratos temporales y contrató a 9 monitores para actividades deportivas y culturales, sino que, además, adjudicó de forma directa tres proyectos técnicos de arquitectura a la mercantil A&G Taller de Arquitectura, la 2º y 3º fase de las obras de la Guardería Infantil a Construcciones Mariano Simón y la elaboración de un catálogo de construcciones en suelo no urbanizable a Proyme Ingenieros Consultoría. Del mismo modo, según los hechos probados, compró a HM De Haro Mañas una retro-cargadora mixta y una barredora dumper.

En este caso –concluyen los magistrados- concurren los requisitos del delito de prevaricación administrativa, dado que se ha probado “la intervención directa del recurrente en las operaciones”, y, por ello, “es evidentemente contraria a derecho la forma de proceder, en tanto en cuanto omite todo procedimiento administrativo para la selección y contratación”. El tribunal detalla que se omitieron, a sabiendas, los trámites administrativos, como consta en la certificación expedida en cada caso por el secretario interventor, el acto es básicamente injusto como resultado de un proceso de selección absolutamente arbitrario y es una forma de actuar basada en la propia voluntad y capacidad de decisión de quien tomaba las decisiones al respecto.

La sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, explica que ha quedado acreditado “tanto el dominio del hecho del recurrente de las operaciones en las que intervino como alcalde y responsable, no solo de la firma, sino que, como consta probado, de la ideación de las diversas mecánicas de actuación para eludir absolutamente el control de la oferta en la contratación de personas, por un lado, y de bienes y servicios, por otro, y el elemento subjetivo en su actuación obtiene su acreditación mediante inferencias a partir de otros elementos que han quedado acreditados por prueba directa, provocándose, además, un perjuicio claro en quienes hubieran podido estar interesados en concurrir a ese puesto de trabajo, o en la contratación del bien o servicio que se adjudica omitiendo cualquier tipo de procedimiento ad hoc para ello, como es el iter procedimental en las Administraciones Públicas”.

Los magistrados afirman que se está en el supuesto descrito en los hechos probados y valorado por la Audiencia Provincial de Almería en cuanto a un delito del artículo 404 del Código Penal, “más que una mera irregularidad administrativa en un proceso de contratación de personal y de bienes y servicios, actuaciones realizadas por el condenado con el total y absoluto dominio del hecho, tal y como antes se ha explicado, y actuando a sabiendas de su irregular proceder, superando la mera irregularidad administrativa y entrando en la comisión del tipo penal por el que ha sido condenado”.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.:? €
• Total implicados: 1
• Año de los hechos: 2007
• Estado judicial: Cerrado con condenas

joete gigaTROLL...japuta de hez...

 

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113. Caso Gürtel/Visita del Papa




Descargar el Auto del Caso Gürtel - Pieza de la Visita del Papa

Entregas de grandes cantidades de dinero en efectivo, ingresos en cuentas corrientes de terceros sin causa legítima aparente, utilización de sociedades mercantiles de terceros, creación y utilización de sociedades con testaferros o la simulación de operaciones mercantiles inexistentes para justificar la realización de las transferencias y pagos.
El auto de apertura de juicio oral de la pieza de Gürtel que juzgará los contratos de la visita del Papa a Valencia, celebrada en 2006, recoge el manual que siguieron los acusados para devolver al circuito legal el dinero que la organización obtuvo del presunto amaño de contratos en Radiotelevisió Valenciana (RTVV). El juez José de la Mata ha acordado este lunes abrir juicio oral contra 23 personas físicas y 13 jurídicas como responsables civiles por la pieza del caso Gürtel donde se ha investigado la contratación de las pantallas y megafonía con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Entre los acusados figura el expresidente de las Cortes de Valencia Juan Cotino, el ex director de la televisión pública Pedro García Gimeno, los integrantes de la mesa de contratación así como los responsables del denominado 'grupo Correa': Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín.
En el auto del juez instructor se da por formulada la acusación por 9 delitos: un delito de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, delito de malversación continuada de caudales públicos, delito de fraude a las administraciones públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. El juez ha fijado fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en sentencia. Considera a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que se integró el Arzobispado de Valencia, participe a título lucrativo y la multa que tendrá que abonar se dictaminará en la misma sentencia.
RTVV adjudicó el contrato a la constructora leonesa Teconsa aunque en realidad el servicio lo habría prestado Gürtel. Nunca se había interesado por este tipo de servicios, no tenía experiencia en el sector audiovisual. Por ello utilizó varios señuelos para no levantar sospechas entre los técnicos que tenían que tramitar la adjudicación. La oferta presentada por Teconsa a Canal 9 se acompañaba de una memoria que incluía un apartado sobre la capacidad de ejecución en donde se hacía constar que la empresa había participado en eventos públicos tales como "la Boda de S.A.R. D. Felipe de Borbón" y "el Mundial de Futbol 2004". La fecha del último evento no pasó desapercibida para la Policía ya que en 2004 no hubo Mundial.
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... Si es que no hay mas IJOPUTAS que los peperos, y lo que los votáis, deberíais morir entre terribles sufrimientos. demorados!

 

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107. Caso Láminas Goya
La compra con fondos públicos de una colección de 80 facsímiles de la serie de grabados de Francisco de Goya 'Desastres de la guerra' por la que están siendo investigados el exalcalde de Carboneras (Almería) Cristóbal Fernández y la concejal del PSOE Josefa Cruz se realizó presuntamente sin tramitar "expediente alguno" y "sin ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales". Así se lo ha trasladado el Ayuntamiento carbonero a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vera que investiga, a instancias de la Fiscalía, la adquisición realizada en 2009 y también su posterior supuesta "desaparición".

El escrito en respuesta al oficio de la juez, remitido hace diez días y consultado por Europa Press, informa de que no obran en la Secretaría del Ayuntamiento "antecedentes de que se tramitase expediente alguno para la adquisión de la colección de 80 estampas de Goya titulada 'Desastres de la Guerra'" y añade que, "por tanto, "no se puede aportar expediente alguno ni ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales: alcalde, junta de gobierno local y pleno".

Traslada, asimismo, que solo dispone de una "copia" de la carta de pedido y de la "correspondiente factura" que "fueron facilitadas --matiza-- en 2015 por la Editorial Planeta a este ayuntamiento a requerimiento del concejal de Hacienda".

En las fotocopias se recoge la carta de pedido a nombre del Ayuntamiento de Carboneras y de su entonces concejal de Cultura, que la firma, y la factura por importe total de 3.250 euros.

El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual" al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.

El Ministerio Público estimó que procedía incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por los agentes de la Policía Judicial de Garrucha ya que, en este, "se acreditan" los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hacía constar que las láminas "fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra" y también que estas "nunca fueron expuestas al público como era su destino".

Indicó, en esta línea, que "no es descartable" que el "acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas" pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa ya que hay --ahondaba-- "fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento".

El fiscal apuntaba, por otro lado, que el "desvío" del material adquirido para "fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado", podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 3.250 €
• Total implicados: 2
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL...cara berenjena...

 

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114. Caso Halsa



El nombramiento en Consejo de Gobierno de José Cara González como presidente del IFAPA trae cola, polémica y sonoras mentiras o medias verdades quizás desde el desconocimiento. Todo a cuenta de su implicación en la trama de corrupción que parece existir en el llamado Caso Halsa, aspecto este que adelantó Confidencial Andaluz hace doce dias.
El PSOE, a través de su diputado por Granada Gerardo Sánchez, ha preguntado en el Parlamento por este nombramiento, cuyas circunstancias fueron reveladas aquí dos días después de haberse producido.
Fue nada más y nada menos que el Vicepresidente de la Junta el encargado de responder la pregunta socialista. Juan Marín el político andaluz que más veces ha amenazado la corrupción de los demás en sus discursos públicos de los últimos años. La cabeza del partido naranja que presumió durante varias temporadas de ser el látigo de los corruptos en la política andaluza y española, en definitiva el consejero de Regeneración de la Junta.
Marín, al que seguramente su gabinete le prepara el grueso de sus intervenciones públicas, usó la tribuna y, como un papagayo, repitió la información que le habían escrito en un papel sobre un almeriense que ni conoce y al que llaman Pepe Cara. Y hete aquí como el Vicepresidente de la Junta, manejando una información incompleta, contaminada o falsa, seguramente procedente de la Consejería de Agricultura, acabó mintiéndole al Parlamento.
Dijo Marín que el Sr Cara ya no estaba en situación de investigado (antes imputado) en ninguna causa judicial, que la única causa judicial que había tenido había sido ‘archivada’. De esta forma ‘el Gobierno del cambio’, con una mentira, intentaba tapar el nombramiento escandaloso de una persona que, por su trayectoria política y judicial, no merece la confianza pública para administrar más de medio centenar de millones anuales que es el presupuesto del IFAPA.
Digamos sin ánimo de hacer sangrar la herida que Juan Marín no mintió, pero no dijo toda la verdad. Efectivamente parece que el exalcalde de La Mojonera quedó exonerado en primavera de uno de los varios procesos que se seguían contra él, pero no era el único que permanecia vivo en el juzgado.
Pepe Cara es el primer nombre que aparece en todos los papeles del sumario – tras el de la constructora Halsa–, en un procedimiento extenso y complejo que acumula ya más de cuarenta tomos y que se sigue investigando por parte del juzgado Nº 3 de Almería.
Días antes de arrancar el mes de julio pasado – el 27 de junio exactamente – la magistrada Ana Belén Vico Serrano, instructora de la causa, dictaba y firmaba una providencia en la que, manteniendo en la cabecera que la instrucción iba contra once personas, entre otras José Cara González, daba por recibida documentación del ayuntamiento de La Mojonera que a su vez remitía a Policía Nacional Blanqueo de Capitales de Málaga “a fin de que continúen las investigaciones tendentes a la averiguación de los hechos”.
Conviene recordar, para contextualizar al nuevo alto cargo en el departamento de Agricultura del gobierno de la derecha en la Junta, que Cara González era socio encubierto, en documento privado, no elevado a escritura pública y depositado en una notaría de Almería de la mercantil Gesponiente, propiedad mayoritaria de la familia Morales dueños de la constructora Hispano Almería S. A. y otras mercantiles. También apareció embozado en la misma sociedad que el entonces alcalde de La Mojonera, el que fue mano derecha en Urbanismo de Gabriel Amat en Roquetas, Nicolás Manzano, igualmente investigado en esta causa. La mercantil Gesponiente hizo negocios con el ayuntamiento que presidía como alcalde Pepe Cara, un socio oculto del patrón Miguel Ángel Morales Carrillo hijo del fundador y dueño de Halsa.
Y como fondo a todo esto subyace la supuesta financiación irregular del PP, delito que avalarían las decenas de recibos ‘originales’ de una contabilidad en B hallados en un contenedor de basuras y entregados al Fiscal Superior en Granada por un ex trabajador despedido, abriéndose judicialmente el Caso HALSA. En dichos recibos aparecen numerosas anotaciones donde se referencia al PP o a sus dirigentes almerienses como destinatarios de enormes cantidades de dinero. Llaman poderosamente la atención las aportaciones al PP para las diversas campañas electorales de la época. Cada donación de la constructora iba imputada al gasto de la obra pública que la administración del PP de turno le hubiese adjudicado a HALSA o sus mercantiles instrumentales, usadas casi siempre para camuflar algo. La plaza de toros y el teatro auditorio de Roquetas de Mar fueron dos obras faraónicas en las que ha intervenido HALSA, constructora de cabecera de Gabriel Amat y parte de las administraciones almerienses gobernadas por los más afines al alcalde de Roquetas. (En Almería capital el PP también ha ‘trabajado’ con otras constructoras amigas como la constructora Facto). El Teatro Auditorio de Roquetas, por ejemplo, acabó costando un 120% más de lo inicialmente presupuestado, de siete a casi quince millones de euros. Subida declarada ilegal por el TSJA pero una decisión a la que la Fiscalía almeriense no tuvo en cuenta tras una denuncia de militantes del PSOE de Roquetas a titulo personal porque el partido nunca quiso ir de frente contra Gabriel Amat y quince años después aquella denuncia se archivó. El propio Mario Jiménez en nombre del PSOE se plantó en Roquetas y denunció la escandalosa subida del gasto en el auditorio, pero de nada sirvió porque a nivel provincial el PSOE nunca estuvo dispuesto a confrontar abiertamente con el PP en materia de corrupción y menos cuando el escándalo rozaba, aunque fuese levemente como este caso, a los respectivos dirigentes. El hermano de José Luis Sánchez Teruel, Secretario General del PSOE de Almería, había sido Auditor del Grupo Halsa y el político socialista salió diciendo, quizás para presumir de la sangre honesta que corre por sus venas, que su hermano solo auditaba la caja A de la empresa, nunca supo nada de la Caja B desde la que se pagaba al PP y funcionarios públicos.
A tenor de todas las informaciones recabadas en distintas fuentes a lo largo de la mañana, parece que al Sr. Marín alguien le ha colado un gol por toda la escuadra o le ha contado medias verdades.
El flamante presidente del IFAPA nombrado por el dedo de la almeriense Carmen Crespo, consejera de Agricultura, sigue estando incurso junto a otras personas en la investigación del Caso HALSA, del que se acumulan más de cuarenta tomos, aseguran fuentes de los denunciantes.
Si la cosa fuese tal y como le han contado al Vicepresidente y Consejero de Justicia Juan Marín y este ha repetido ante el Parlamento, no tendría ningún sentido que el flamante presidente del IFAPA siga apareciendo bajo sospecha en todos los encabezamientos de documentos judiciales que sigue generando la instrucción de la causa del caso Halsa. Y que nadie olvide que solo se conoce el contenido de los primeros cuatro primeros tomos del procedimiento, que quedan más de cuarenta y la UDyCO Costa del Sol, con escasos medios, pero siguen trabajando a las órdenes de la magistrada almeriense Vico Serrano.
Fuente


... puñeteroS votantes, ES COMO PARA PEGAROS UN TIRO EN LA JETA Y DEJÁROS AHÍ...

 

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108. Caso Lan Party
La Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Chipiona (Cádiz), el socialista Manuel García Moreno, acusado de malversación, prevaricación y falsedad documental en relación con las subvenciones y el dinero municipal que se invirtió en un evento, la "Lan Party Chipiona 2010", que no llegó a celebrarse.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el exalcalde y otras seis personas de la corporación municipal de aquella época fueron detenidas hace unos días y han sido puestas en libertad con cargos por la autoridad judicial.

Según publica este marte Diario de Cádiz, un juzgado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) instruye las diligencias sobre este caso tras la denuncia de un particular que advirtió a la Guardia Civil de que el Ayuntamiento de Chipiona había recibido una subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para un evento informático, la "Lan Party Chipiona 2010", que no llegó a celebrarse.

El Ayuntamiento, según la investigación, recibió 3.500 euros de subvención por parte de la FEMP y además aportó 12.811,77 euros por conceptos de gastos de personal y medios materiales del evento que no se celebró y supuestamente justificó los gastos con informes, certificados y facturas falsas.

Además del exalcalde, han sido detenidas, y puestas en libertad con cargos, otras seis personas que tenían cargos en la corporación municipal del 2010, entre ellos entonces concejal de Juventud, el funcionario José Ignacio Martínez Verano; la secretaria general, María Luisa González Ganaza; la ex jefa de personal María del Carmen Pérez Jurado; o el director del área de comunicación Cristóbal Ruiz Barba.

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigada a la actual concejala de la corporación María Dolores Naval, que fue la candidata a la Alcaldía de Chipiona por el PSOE en las elecciones de 2015 y es funcionaria municipal.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 16.300 €
• Total implicados: 7
• Año de los hechos: 2010
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL y lo que te queda augusto de hez...