Recopilación de casos de corrupción de la PP... he decidido petar el foro. A la hez con tó!

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100.

Caso Góngora



El Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido ha acordado el procesamiento del alcalde, Francisco Góngora (PP) al estimar que existen indicios razonables de la comisión de dos delitos de falsedad documental y uno contra la Hacienda Pública, por lo que todo queda pendiente ahora de la apertura del juicio oral, una vez que las partes, entre ellas la Agencia Tributaria, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Los partidos de la oposición ya se han apresurado a exigir la dimisión de Góngora ante la inminente vista oral en la que será juzgado como presunto autor de dichos delitos, una vez que el juzgado instructor de las denuncias interpuestas contra él ha concluido la fase de investigación.
Góngora podría verse así abocado a ir a juicio seis años después de que, en 2011, el Partido de Almería (PAL), que entonces presidía el ex alcalde Juan Enciso y que aún gobernaba la ciudad, interpusiera una denuncia en los juzgados ante él, que por aquel tiempo era candidato a la alcaldía por el PP, como presunto autor de cinco graves delitos: tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y por delitos contra la Hacienda Pública. El PAL le acusaba de un supuesto pelotazo urbanístico por su participación en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable y en la que intervino una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio.
Aunque el Juzgado de Instrucción número 2 archivó ese mismo año la denuncia al estimar que los supuestos delitos que detallaban habían prescrito, tres años después la Sección Segunda de la Audiencia Provincial revocó esa resolución en apelación y estimó parcialmente el recurso del PAL, al concluir que no se contaban con los datos necesarios para considerar prescritos los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, por lo que ordenó reabrir el caso.
Posteriormente, después de que Góngora ganase las elecciones de 2011 por mayoría absoluta, los partidos de la oposición ya pidieron su dimisión en 2015, cuando el juez, una vez reabierto el proceso judicial, mantuviera su imputación por delito fiscal, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. Lo hizo en un auto dos días antes de las elecciones municipales, pese a lo cual el PP no solo volvió a ganar, sino que amplió su mayoría absoluta al conseguir 14 de los 25 ediles de la corporación. Sin embargo, el alcalde se negó a renunciar al cargo, al mantener su inocencia y su convicción de que ésta quedaría clara en el proceso de investigación.
Además del procesamiento de Góngora, el juzgado ha tomado ahora la misma decisión respecto a su hermano J.G.G., su padre, G.G., y su socio S.L.P., así como de A.G.M., administrador de la mercantil a la que su sociedad vendió la citada finca rústica por unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2007.
Ante estos hechos, Francisco Góngora ha vuelto a defender su inocencia y ha expresado que "desde 2011 se han demostrado muchas falsedades en el camino", así como su "deseo de que cuanto antes se entre en el fondo respecto a algunas cuestiones pendientes". Góngora, quien no ha mostrado su disposición a dejar el cargo, ha reconocido que vive "una situación desagradable", pero ha querido puntualizar que en ningún caso se está poniendo en cuestión "nada que tenga que ver con la gestión pública", sino que su imputación se ha debido solo al hecho de ser socio de una sociedad y por una "presunta irregularidad fiscal". El alcalde incluso ha puesto en cuestión el hecho de que haya sido realmente procesado. "La juez ha trasladado en un auto a las partes para que expongan sus calificaciones", ha precisado.
En todo caso, Góngora ha expresado su "pleno respeto" a la Administración de Justicia, y ha destacado su actitud de colaboración con ella. "Creo que existe información suficiente para que este tema se aclare", concluye.
Los partidos de la oposición ejidense han coincidido en una opinión: el alcalde no está en disposición de mantenerse como el máximo representante de los vecinos. "El Ejido no se merece otro alcalde en el banquillo", dice Juan José Callejón, edil socialista. Y es que incluso podrían coincidir en el tiempo los juicios del caso Poniente, que juzgará por corrupción al ex alcalde Enciso, y el de Góngora. Callejón ha reclamado la dimisión inmediata del alcalde, o en su caso que el PP intervenga y sea cesado.
El PSOE trata ahora de conseguir el apoyo del resto de partidos de la oposición para pedir un pleno extraordinario para pedir la marcha del alcalde, algo a lo que ya ha accedido UPyD. "Nuestro municipio ya ha sufrido bastante por temas de supuesta corrupción política y lo que menos se merecen los ciudadanos de El Ejido es ver como otro alcalde se sienta en un banquillo a rendir cuentas ante la ley", ha apuntado su portavoz, Desiderio Enciso. (El Mundo)

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Ya vamos por 100... hasta que no lleguemos a 800 no hacemos ningun parón, ijoputas.

 

[rejon]

94. Caso Infoca
a investigación judicial por la adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca -por un importe de 70 millones de euros- salpica de lleno a la cúpula a la Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal. A la imputación, ya conocida, del jefe de Contratación, Antonio Martínez, se suman ahora las de otras cinco personas que participaron directamente en el concurso público bajo sospecha. Se trata del director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo, de cuya área depende orgánicamente el Plan Infoca; de quien fuera máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; el actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco Pérez, y una asesora técnica en extinción de incendios de la Consejería, Dolores López.La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, considera que hay indicios de que todos estos cargos de la Consejería de Medio Ambiente pudieran haber cometido un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del último contrato de fletamento de medios aéreos del Plan Infoca, por un importe global de 70 millones, que se repartió entre las empresas Inaer, Faasa, Sociedad Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos Espejo.De lo que ha investigado hasta ahora, la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional concluye que, al menos, se habría producido una colusión de empresas, es decir, que las participantes en el concurso se habrían repartido las adjudicaciones con la anuencia de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente. De hecho, el primer imputado en la causa lo fue, precisamente, porque se le responsabilizó de no poner en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia, como es preceptivo, lo que era una evidente colusión de empresas.Las nuevas imputaciones acordadas por la juez, en virtud de un auto fechado el pasado día 5 al que ha tenido acceso EL MUNDO, suponen un salto cualitativo y cuantitativo en una causa que, además, ha derivado en la investigación de las subvenciones para formación que recibió una de las adjudicatarias del concurso, Faasa.Los nuevos investigados -el término que sustituyó formalmente al de imputados- tendrán que comparecer en la sede de los juzgados de Sevilla, el Prado de San Sebastián, el próximo 25 de octubre a raíz de una petición que realizó Ecologistas en Acción, que está personada en la causa.La decisión de la juez Flores se produce después de inhibirse y pedir a la Audiencia Nacional que asumiera el procedimiento dado que ya está investigando adjudicaciones irregulares similares en otras comunidades en un caso conocido como el 'Cártel del fuego' y el que también están involucradas las empresas salpicadas por el escándalo en Andalucía. La propia Fiscalía se mostró partidaria de que la causa pasara al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, señalando en su escrito que "es evidente que el cruce de investigaciones manifestado por la Policía Judicial afecta a los ilícitos penales cometidos a partir de una posible colusión de empresas en la concurrencia de concursos públicos" en varias comunidades. Sin embargo, la Audiencia Nacional aún no ha respondido a esa petición de inhibición, por lo que la magistrada, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, continúa con la instrucción.
Entre los nuevos imputados destaca el nombre de quien fuera máximo responsable del Plan Infoca, Ernesto Esteso, cuando se adjudicó el macro contrato ahora en entredicho y al que el gobierno de Susana Díaz relevó de su cargo el año pasado, en octubre, un año después de que estallase el escándalo y el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla abriese diligencias tras la denuncia de un funcionario.Juan Ernesto Esteso desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Infoca hasta llegar a ser su director regional y su marcha se debió, según la versión ofrecida entonces por Medio Ambiente, a una decisión personal.Pero lo cierto es que el nombre del que fuera director regional del Infoca aparece en las actas de la mesa de contratación que adjudicó estos contratos y según estos documentos internos, que forman parte del sumario y a los que ha tenido acceso este periódico, Esteso tomó parte activa en las adjudicaciones supuestamente irregulares.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 70.000.000 €
• Total implicados: 6
• Año de los hechos: 2012
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL...mamon de hez...

 

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101. Caso Gran Alacant



La Policía Nacional ha detenido al exalcalde del PP de Santa Pola Miguel Zaragoza, ahora diputado provincial, a su cuñado (que es exconcejal), su hermana, y a otras dos personas más por supuesta corrupción. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha reunido pruebas que apuntan a que Zaragoza y el exedil de Personal Jorge Perelló perdonaron presuntamente el alquiler que una empresa debía pagar al ayuntamiento de esta localidad alicantina de 31.000 habitantes por instalar una clínica médica privada en dependencias municipales. Según han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS, los políticos renunciaron a ese canon y “cobraron por el contrario en especie, enchufando a familiares y amigos” en el centro sanitario.
Estas cinco detenciones se enmarcan en una de las investigaciones por presunta corrupción contra la anterior corporación del PP que han sido impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una denuncia más amplia presentada por el actual equipo de gobierno (PSPV-PSOE, EU, Compromís y Sí se puede Santa Pola).
La causa ha sido declarada secreta por el juzgado de Instrucción 2 de Elche, que aprecia indicios de la posible comisión de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
Fuente

 

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95. Caso Interligare
Derroche también en la lucha antiterrorista. El 'caso Interligare', que investiga la supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, ha sacado a la luz el despilfarro de más de 1,6 millones de euros en dos sistemas informáticos para la lucha antiterrorista que finalmente tuvieron "escasa utilidad" cuando no nula. Así lo destaca un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía incorporado a la causa a finales del año pasado pero cuyo contenido no se ha conocido hasta ahora por el secreto de sumario .

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Comunidad de Madrid
• Coste aprox.: 4.000.000 €
• Total implicados: ?
• Año de los hechos: 2011
• Estado judicial: Archivado

 

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102. Caso Guateque



El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de los 34 procesados en el 'caso Guateque' al rechazar los recursos de la Fiscalía de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, al que condena en costas por los gastos del procedimiento penal.
El pasado 9 de mayo, los magistrados del Alto Tribunal revisaron los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a los enjuiciados. La Audiencia exoneró a los acusados al anular la validez de una grabación que dio origen al procedimiento y que, según los magistrados, se obtuvo de forma ilegal por parte de la Guardia Civil al no ser autorizada por un juez.
El caso Guateque investigó una presunta red de funcionarios corruptos en la época del Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón que cobraron a cambio de licencias exprés. Finalmente, este extremo no se ha demostrado.
Entre los recursos, estaba la impugnación de la Fiscalía de Madrid al considerar que la grabación a uno de los acusados en la que se revela un soborno es válida ya que fue "corroborada" y "ratificada".
En una sentencia, el Supremo desestima ahora los recursos presentados por la Fiscalía y por el Ayuntamiento contra la sentencia de junio de 2017 por la causa seguida por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad y delito contra el patrimonio histórico.
El Supremo sostiene que "actuó correctamente la Audiencia al excluir la validez probatoria de unas grabaciones que, más allá de su ocultación, desplegaron un efecto contaminante de todo lo actuado, en la medida en que representaron una privilegiada fuente de conocimiento que debió haberse obtenido sin subterfugios encaminados a eludir la vigencia de las garantías que son propias del proceso penal".
Prueba de un soborno, anulada
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son "nulas" y "carentes de validez", ya que la grabación de un testigo protegido que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez Santiago Torres y al margen de cualquier procedimiento penal.
El fiscal señaló en su recurso que los datos aportados por la conversación grabada, en la que se pone de manifiesto la existencia de un soborno, fueron "asumidos, corroborados, ratificados y aportados a la causa por el propio testigo". En este sentido, la Fiscalía sostiene que la grabación de la conversación por parte de uno de los intervinientes no vulneró el derecho a la intimidad del otro.
Asimismo, el Ministerio Público considera "inadmisible", tal y como dice la Audiencia Provincial de Madrid, que la Guardia Civil provocara la comisión de los delitos investigados. Recuerda que esa conversación se produjo antes del inicio de la investigación policial, puesto que aún no se había presentado la denuncia, y, por tanto, se trata de un encuentro que "no fue programado, ni vigilado, ni orientado en modo alguno por la Guardia Civil".
El fiscal, que pidió al inicio una suma de 250 años de guandoca, rebajó solo las penas a los procesados que reconocieron los hechos de los que se les acusaba. En cambio, mantuvo la pena para el resto, entre ellos para el exjefe de División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, y los once años de prisión para su superior, Joaquín Fernández Castro.
Fuente

 

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96. Caso Invercaria/Aceitunas Tatis

Sueño fálico, metrosexual mulata y metrosexual nórdica, lengüetazos, dulces cuernos, polvazos, polvitos y polvazos picantes... ¿Quién diría que una crónica judicial pudiera empezar de esta forma? Pero no se alarmen... Todo o casi todo tiene explicación. Estos nombres aparecen en el sumario de una de las piezas separadas relativas a la investigación de las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria, la empresa andaluza de capital riesgo. Forman parte de una innovadora "línea erótica" que la empresa Aceitunas Tatis comercializaba y cuyo catálogo, que aparece en la imagen adjunta, ha sido incorporado a la causa judicial para sorpresa, y por supuesto también cachondeo, de muchos. Y es que Invercaria acabó concediendo un préstamo participativo de 100.000 euros a esta empresa, cuyo catálogo de banderillas tampoco tiene desperdicio: desde la banderilla malagueña, vasca, pasando por los rollitos de boquerón o las delicias de pepino. La defensa de la que fuera administradora de Aceitunas Tatis, con domicilio social en La Carolina (Jaén), ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades de Invercaria, un escrito en el que justifica que el proyecto para el que se concedió ese préstamo participativo "reunía las características de innovador y se incluía dentro de un sector estratégico dentro de la comunidad autónoma de Andalucía".
El documento aporta cifras macroeconómicas sobre el sector de la aceituna de mesa y destaca la "innovación incremental" que introdujo aceitunas Tatis al crear un "valor agregado sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora". Aceitunas Tatis, prosigue la defensa, elaboraba productos totalmente innovadores por su calidad, modo de elaboración, presentación y mercado objetivo. Todos eran productos "gourmet ecológicos" basados en la aceituna y elaborados de modo artesanal, con 60 variedades distintas y la "mayor selección de especialidades con respecto a cualquier otra empresa similar".
En el marco de esa innovación, añade lo siguiente: "Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la presentación de los productos con la creación, incluso, de una novedosa línea erótica que tuvo una magnífica acogida en el mercado nacional e internacional". "Adjuntamos como prueba gráfica de todo ello, para una mejor comprensión de todo lo dicho, documentos dos y tres con los catálogos publicados por Aceitunas Tatis", añade el escrito aportado por la defensa.
En la nueva pieza abierta dentro de la macrocausa de Invercaria por la ayuda concedida a Aceitunas Tatis -que es la número 15 que se abre-, el juez ha imputado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a cinco personas; entre ellas, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, los directivos Isabel de Haro y Antonio Nieto Garrido, el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete, y la representante de Aceitunas Tatis, Gracia Rodríguez Cortés.
En el auto en el que se abre esta nueva pieza, dictado en marzo pasado, el juez recuerda que la empresa aceitunera se constituyó el 27 de septiembre de 2004 en La Carolina, con un capital social de 3.060 euros, pero ya en las cuentas anuales de 2006 y en el balance de situación del ejercicio 2008 aparecía un resultado negativo y estaba en "causa de disolución, con una deuda a corto y largo plazo de 450.000 euros".
A pesar de esta situación, por decisión del presidente de Invercaria se concedió un préstamo participativo de 100.000 euros en junio de 2009, pero "el destino del capital no fue sino el pago a acreedores, sin que respondiera a ningún fin de capital riesgo". Esta decisión, prosigue el instructor, se tomó por Tomás Pérez-Sauquillo "sin tramitar la ayuda por el procedimiento establecido en la normativa de referencia ni el plan director de la entidad, especialmente el análisis técnico".
El juzgado de lo Mercantil de Jaén declaró el 16 de diciembre de 2010 el concurso voluntario de Aceitunas Tatis y ahora el juez que investiga las irregularidades en Invercaria considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. De todas las ayudas investigadas por el instructor en las distintas piezas separadas, Tatis es, sin duda alguna, la más picante.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 100.000 €
• Total implicados: 2
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: Abierto

 

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103. Caso Guerra 21



El senador andaluz del PP José Luis Sanz firmó, desde su puesto de alcalde de Tomares (Sevilla), una serie de contratos entre 2009 y 2013 a una trama empresarial por más de 800.000 euros. Lo hizo, según la Fiscalía, "con el conocimiento de actuar contra Derecho" y con ayuda de otros funcionarios municipales que fraccionaron contratos y simularon concursos públicos.
Según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso eldiario.es, Sanz -un importante dirigentes del PP en Andalucía que llegó a pujar por la secretaría general en los meses previos al congreso que hizo líder a Juan Manuel Moreno- permitió junto a sus concejales que un "complicado entramado empresarial" obtuviese beneficios económicos a costa de las arcas municipales de manera ilegal, lo que para el fiscal supone un delito de prevaricación continuada.
Esas son las conclusiones de un informe de 42 páginas, que ha elaborado el fiscal del 'caso Tomares', José María Cañal. El Ministerio Público se refiere a Sanz a lo largo de todo el escrito como uno más de los investigados en la trama de amaños. La única salvedad que señala el fiscal respecto al resto de imputados tiene que ver con su condición de aforado que mantiene como miembro del Senado. De seguir adelante la investigación, debería asumirla el Supremo.
Sanz se enfrenta ahora a una investigación por su gestión como alcalde que puede llevarle a ser imputado por el Supremo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla indaga desde hace meses sobre los contratos que el consistorio firmó con el grupo de empresas Guerra XXI SL, administrado por Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez. En ese grupo empresarial trabaja también María del Carmen Guerra Nieto, a quien el fiscal señala como una pieza fundamental en la trama por su cercanía al interventor del Ayuntamiento de Tomares, junto a quien trabajó durante unos años.
El informe de la Fiscalía asegura que estos tres imputados crearon un "complicado entramado empresarial" para resultar beneficiarios de los servicios externalizados del Ayuntamiento. En los concursos municipales que ganaron "se prescindió de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad e igualdad", exigidos por la ley debido al importe de los contratos. El resultado fue que diversas compañías ganaron las licitaciones, pero los beneficios siempre iban a las mismas personas, que se encontraban tras la red de empresas.
En total son seis los contratos considerados irregulares por el fiscal, uno firmado por Antonia Hierro, la anterior alcaldesa, y el resto avalados por el propio Sanz. La mayoría se aprobó sin tramitar expedientes de contratación, a pesar de que así lo exige la ley, y sin competencia en el concurso, lo que "impide a la administración obtener una rebaja del precio de los servicios". En algunas ocasiones, el objeto del contrato no coincidía siquiera con la actividad que desarrollaba la empresa adjudicataria.
A través de uno de esos contratos, el Ayuntamiento externalizó el servicio de la radio municipal a Guerra XXI, que contrató para ese fin a cuatro redactores. El contrato inicial se prorrogó en varias ocasiones a pesar de que la ley no lo permite. Además, el contrato inicial era de 41.829 euros, pero el grupo empresarial acabó facturando al Ayuntamiento 52.451 euros porque cargó también cursos de formación y el gasto en reconocimientos médicos de los trabajadores de manera irregular.
En otro de los contratos investigados, el grupo empresarial se embolsó más de 100.000 euros por tareas de reparto de material publicitario, aunque en esta ocasión "ni siquiera se firmó contrato alguno", subraya el Fiscal, que ha tenido conocimiento del gasto tras encontrar 143 facturas "relativas a estas labores".
Ese es otro de los objetivos que llevan al ministerio público a señalar las preguntas ilegalidades: los contratos siempre se fraccionan en facturas por menor importe, algo contrario a la ley. Por ejemplo, el que se firmó con ENUNPISPAS, otra de las sociedades del grupo, que se embolsó 200.000 euros repartidos en 23 facturas. En esa adjudicación la empresa relevaba en la concesión de la radio municipal a otra compañía del mismo entramado, en una nueva irregularidad que recogió en su informe el perito designado por el juzgado.
Tras analizar todos los contratos, el fiscal concluye que la red de empresas contó con "la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares", a sabiendas "todos ellos" de que "se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El fiscal cree que, al menos, los hechos suponen un delito de prevaricación de manera continuada al haberse producido "en una serie de contratos a lo largo de varios años".
Al final del escrito, el fiscal recuerda que existe "una persona aforada al ostentar acta de senador -en referencia a Sanz-, sobre el que "pesan los indicios que se han descrito", y deja en manos de la jueza la decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo.
La jueza del caso aún está pendiente de la últimas diligencias del caso para resolver, y enviar o no una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a Sanz. Según fuentes jurídicas, tomará la decisión en las próximas semanas, porque el caso está ya muy avanzado. Además, tendría que decidir si envía solo la parte de la causa que afecta al Senador, o pide al Supremo que asuma toda la investigación.
En el caso están imputados varios concejales del Ayuntamiento de Tomares, como Eloy Carmona (Presidencia) , José María Soriano (Juventud y Deportes) y Miguel García de la Rosa (Hacienda).
No es la primera vez que el nombre de Sanz aparece vinculado a una investigación sobre corrupción sobre su gestión en el consistorio sevillano. El Supremo archivó en 2015 una causa contra Sanz vinculada al mismo ayuntamiento, al no apreciar delito en la contratación a dedo de un asesor municipal .
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97. Caso Invercaria/Ándalus
El juez ha certificado un "quebranto" para las "arcas públicas" de 1,8 millones de euros por las ayudas concedidas de forma irregular por la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, a la línea aérea Ándalus.
En un auto conocido este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, procesa por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, tres propietarios de la sociedad mercantil Operador Aéreo Ándalus S.A., entre los que está el ex consejero de la Junta José María Martín Delgado y los hermanos Guerrero Ros, -uno de los hermanos con un sueldo anual de 125.000 euros más incentivos- y una ex alto cargo del Gobierno andaluz que era consejera de la agencia IDEA, Isabel de Haro.
Según el auto judicial, la empresa pública de capital riesgo de la Junta decidió inyectar fondos públicos en el operador aéreo a partir de un plan de negocios "irreal y sin detalle" y a pesar de que la empresa se encontraba "en causa legal de disolución conforme a la legislación mercantil".
Invercaria pasó a formar parte del accionariado de Ándalus en noviembre de 2008 con 40.000 euros, el 4,60% del total, y al mismo tiempo formalizó un préstamo participativo por valor de 410.000 euros. Ambas operaciones fueron directamente asumidas por Tomás Pérez-Sauquillo. El 29 de julio de 2009, la empresa de capital riesgo de la Junta volvió a suscribir un préstamo participativo con Ándalus por importe de 700.000 euros. Además, Caja Granada acudió a la ampliación de capital aportando 120.000 euros y asumiendo así un 13,79% de la sociedad.
La inyección de fondos públicos se hizo con un plan de negocios que "posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle, ya que no permite anticipar las necesidades materiales, financieras y de recursos humanos que permitieran el arranque del proyecto y la viabilidad del mismo a medio y largo plazo", dice el auto.
Además, el juez ha decretado el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones con respecto al investigado Manuel Jesús Rodríguez, por estimarse que no queda debidamente acreditada que, por parte de este investigado, hubiese existido colaboración o participación de ningún genero en la perpetración de delito.
Se trata de la cuarta pieza desgajada el 'caso Invercaria' cuya instrucción finaliza el juez, después de que la semana pasada concluyera las de Fumapa, Lolita Canalla y la diseñadora Juana Martín.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 1.800.000 €
• Total implicados: 5
• Año de los hechos: 2008
• Estado judicial: Abierto

 

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Empieza el cachondeo chicas!!! Uno de los grandes éxitos del siglo XX

104. Caso Gürtel

El caso Gürtel es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.

La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso, sin ninguna relación con aquel idioma. Se abrió el caso Gürtel tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas, entre otros.

El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por ésta en la Audiencia Nacional, fue instruido por el juez Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de una denuncia penal. Después fue continuado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira y finalmente recayó en el juez en comisión de servicios del Juzgado Central núm 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

El denominado caso Bárcenas, que constituye una derivación del Gürtel, y recoge una contabilidad B del PP (es decir, no declarada a la Hacienda Pública española), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero oscuro a los dirigentes del partido, fue inicialmente instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Sin embargo, se planteó un conflicto de competencia y la Audiencia Nacional atribuyó también la investigación a Pablo Ruz.6

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98. Caso Invercaria/EDM
El juez de Sevilla que investiga las ayudas y los préstamos sin control concedidos por la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, ha enviado a juicio el pufo de Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM), la empresa del municipio jiennense de Mancha Real que cerró tras embolsarse unos cuatro millones de euros de fondos públicos inyectados por diferentes consejerías y entes instrumentales del Gobierno andaluz. Esta sociedad también recibió ayudas de los ERE.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han detallado este jueves que el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido a la Audiencia para su enjuiciamiento la pieza separada abierta por los préstamos participativos de 1.180.000 euros concedidos por Invercaria a EDM, cuyo objeto social era la fabricación y ensamblaje de productos y equipos electrónicos.
Se trata de la novena pieza separada desgajada de la macrocausa de Invercaria que el juez instructor ha enviado a juicio. En EDM serán enjuiciados por prevaricación y malversación el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex consejero de esta sociedad pública Bienvenido Martínez Martínez y tres representantes de la empresa (Juan Ruiz Cobos, Francisco González Mingote y Antonio Jiménez Morilla).
EDM recibió en 2008 dos préstamos participativos de Invercaria, uno por 450.000 euros y el otro por 730.000, haciendo un total de 1.180.000 euros. Al año siguiente, la sociedad entró en concurso de acreedores y las inversiones de la Junta resultaron fallidas. Esta sociedad nació con vocación de convertirse en un gran fabricante de ordenadores y contó desde el primer momento con el apoyo incondicional de varias consejerías.
La Cámara de Cuentas alertó en el informe que destapó el 'caso Invercaria' de que, además de los préstamos fallidos de la empresa pública de capital riesgo en 2008, en el ejercicio anterior, 2007, EDM había recibido 2.753.263,51 euros en ayudas de la Junta. La empresa estaba recién creada, ya que se fundó en julio de 2006.
Del 'fondo de reptiles' salió un «préstamo» de 384.481,65 euros para EDM en el año 2008. En el juicio de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el fiscal ha interrogado a los acusados sobre esta sociedad de Mancha Real, la "máxima celeridad" con la que se le concedieron ayudas y la forma de inyectarle fondos, "soslayando" embargos que pesaban sobre ella.
La Consejería de Empleo comenzó a concederle ayudas a EDM el mismo año de su fundación. En 2006 le bonificó el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social y le otorgó una subvención de 146.161,71 euros para el mantenimiento del empleo. El año siguiente, en 2007, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa le concedió a EDM un incentivo a fondo perdido de 781.652,80 euros. La Consejería de Comercio y Turismo le otorgó 28.250 euros por «promoción comercial» y la de Empleo le concedió tres cuantiosas ayudas: una de 1.442.520 euros para creación de empleo; otra de 321.000 euros para eliminación de barreras arquitectónicas y una tercera de 33.679 euros para formación ocupacional.
En la pieza de EDM en la empresa de capital riesgo de la Junta, el Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide para el ex presidente y el ex consejero de Invercaria 6 años de guandoca y 15 años de inhabilitación absoluta por el presunto delito de malversación y otros 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Asimismo, reclama para los tres representantes de la empresa EDM 2 años y 6 meses de prisión y 5 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Además, la Fiscalía solicita que los cinco acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR en la cantidad de 1.368.954,98 euros.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 1.180.000 €
• Total implicados: 5
• Año de los hechos: 2008
• Estado judicial: Abierto

 

[Gigatr0n]

Esto es prono-DURO, eh?


105. Caso Gürtel/Arganda



El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado este miércoles a 21 personas por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones a la trama Gürtel en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009. En su auto de paso de diligencias previas a procedimiento abreviado, el magistrado concluye la instrucción y propone juzgar a, entre otros, el líder de Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo -ambos en prisión por otras piezas ya juzgadas-; el contable de la trama, José Luis Izquierdo; así como al exalcalde de Arganda Ginés López o el que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.
Dentro del Grupo Correa, además de a los líderes de la trama, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procesa a la que fuera administradora de las empresas del mismo, Isabel Jordán; Ramón Blanco Balín, considerado 'cerebro financiero' de la trama; y Pablo Collado Serra, exgerente de la Fundación Baleares Sostenible y empleado de una de las empresas de Correa, Easy Concept.
Además de Ginés López y Martín Vasco, los cargos públicos procesados incluyen a la exdiputada madrileña María Josefa Aguado, el hermano de Benjamín Martín Vasco, Joaquín, quien fue funcionario del Ayuntamiento de Arganda del Rey, así como empleados en empresas públicas de esta localidad como el ex consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Juan Fernández Caballero, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo César Tomás Martín Morales, el que fuera arquitecto de la empresa municipal Sociedad de Fomento Álvaro García del Río, y los exempleados de la misma Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar.
También están procesados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas, Amando Mayo, Fernando Martín (Martinsa); el exresponsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo.
Contratos a cambio de regalos o dinero
Esta pieza del 'caso Gürtel' investiga un complejo entramado societario encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.
Los hechos investigados serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
De este modo, el magistrado de la Audiencia Nacional da a la Fiscalía y a las acusaciones un plazo de 20 días para que presenten su escrito de acusación provisional y soliciten la apertura de juicio oral, es decir, sentar en el banquillo a estas personas investigadas por "dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey", según destaca el auto, o por el contrario pidan el sobreseimiento. Excepcionalmente, también se da la oportunidad para que soliciten la práctica de diligencias complementarias.
Reparto de comisiones
Según explica el juez De la Mata en su resolución, las empresas de Correa contaron con la colaboración de sus trabajadores y de cargos públicos para beneficiarse de la adjudicación irregular de contratos a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos como fue el caso de Ginés López, quien recibió 545.328,98 euros; Martin Vasco, que obtuvo 363.295,63 euros o Fernández Caballero, que recibió 13.700 euros.
Asimismo, el líder de la Gürtel -que ya acumula 70 años de prisión y se enfrenta a otra condena de 10 años por los presuntos amaños de contratos de Aena, que se está juzgando- favoreció también a algunos de sus empleados, administradores de empresas vinculadas a la trama y a funcionarios públicos que colaboraron con él durante los distintos procesos de contratación del conocido como 'pelotazo' inmobiliario en Arganda del Rey como Martín Morales, García Requena, Bremond, Gutiérrez Villar, Aguado o García del Río.
En este sentido, el auto del magistrado indica que Correa, Crespo y el asesor fiscal Blanco Balín habrían convenido con, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco el cobro de una comisión de unos 25 millones de euros por la adjudicación de las parcelas pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Esta cantidad habría sido pagada por las personas vinculadas a Martinsa (Fernando Marín, Manuel Salinas y Amando Mayo), ya que ésta había sido la adjudicataria final, "conociendo que iba a ser distribuida" entre los investigados antes mencionados por haber intermediado a favor de ella.
Según el juez, esta comisión habría sido abonada en sendos pagos de 12 millones y 12,87 millones de euros en diciembre de 2004 y junio de 2006, respectivamente, en las cuentas que Correa mantenía en Mónaco y en Suiza. Hubo un tercer pago de 130.000 euros que transfirió directamente a la cuenta que el asesor fiscal tenía en Suiza a nombre de la sociedad panameña Darwin International Consultants.
Fuente

 

[rejon]

99. Caso Invercaria/FIVA
El juez que investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, Juan Gutiérez Casillas, ha cerrado la investigación de los préstamos concedidos a la compañía Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) con el procesamiento de doce personas que ocuparon cargos tanto en Invercaria como en FIVA.
La citada empresa recibió 716.000 euros a través de préstamos participativos de Invercaria desde junio de 2007 hasta julio de 2008, para montar el software de un millonario proyecto de ferias virtuales que resultó un fiasco, salvo para los socios de FIVA que, a juicio del juez, se enriquecieron con los fondos públicos de la Junta de Andalucía. Entre ellos se enucnetra Francisco José Barrionuevo, consejero delegado del grupo Novasoft-Novaschool.
En su auto de procesamiento abreviado (Proa) que cierra las pesquisas remitido a ABC por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez instructor encuentra indicios suficientes de delitos continuados de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos en doce personas.
La situación se complica para el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, su hermano Mariano Pérez Sauquillo, y el directivo de Invercaria, Antonio Nieto. El titular del juzgado de Instrucción número 16 de sevilla aprecia también indicios de un delito de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en concurso con un delito de malversacón de caudales públicos.
El expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo y el exconsejero de FIVA, Juan Antonio Bardón, también intervinieron en hechos que, según señala el juez, deben ser juzgados como un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de malversación de caudales públicos.
En el auto de Proa, el juez argumenta que «las decisiones de toma de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración de FIVA por parte de Invercaria fueron realizadas sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable, permitiendo un ilícito enriquecimiento de terceros, como los socios promotores de FIVA, al ponerse de manifiesto la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto FIVA».
Entre los acusados de un supuesto delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación se encuentran, además de los mencionados, Francisco Gallardo Hill, responsable del Grupo Imagen S.L. y socio de FIVA; la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz Nogales; el exdirector de Administración de IDEA Juan Vela Quiroga; el exconsejero de Invercaria Ramón Martín López; la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro Aramberri; el exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA Bienvenido Martínez, y el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete.
El juez acuerda también el archivo provisional parcial de la causa con respecto a José Luis Hidalgo, Gonzalo Alba y Manuel Jesús Rodríguez.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 716.000 €
• Total implicados: 12
• Año de los hechos: 2009
• Estado judicial: Abierto

 

[Gigatr0n]

106. Caso Gürtel/Ayto. de Jerez




Descargar el Auto del Caso Gürtel - Pieza Jerez

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas (cinco de ellos funcionarios) por tres contratos irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red por 355.391 euros.
Por estos supuestos amaños en la adjudicación de eventos de la feria de Fitur de 2004, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de guandoca para Correa, Crespo y otros dos presuntos integrantes de la trama, Isabel Jordán y Javier Nombela, todos ellos por delito continuado de falsedad documental y fraude a las Administraciones Públicas.
Para los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez procesados en esta pieza separada de la causa principal de Gürtel, el fiscal reclama también 7 años de prisión para José Enrique Agüera -exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC)-, Manuel Báez Guzmán (exsecretario del Ayuntamiento de Jerez), Milagros Pérez (interventora) y Lourdes Montenegro (técnico municipal), y dos años para Milagros Abascal (interventora).
Para los nueve acusados el juez pide también 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Todos ellos deberán responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.
Por estos hechos, el Tribunal Supremo investiga en una pieza separada a la entonces alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en su condición de aforada en ese momento.
En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata relata cómo las empresas de Correa empezaron a ejecutar los contratos sin que ni siquiera se les hubieran adjudicado formalmente, una adjudicación que se hizo además sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad.
De hecho, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria turística, según el juez, que detalla además que el organismo público que los concedió, el IPDC, no tenía competencias para ello. Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de la feria, lo que demuestra, según el magistrado, que los expedientes "se construyeron" después de Fitur y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".
A los funcionarios se les imputa llevar a cabo los amaños para facilitar la concesión de los contratos y suscribir los expedientes administrativos relativos a ellos, en los que incurrieron, según De la Mata, en "groseras ilegalidades".
Por su parte, según el juez, los integrantes de la trama Gürtel Jordán y Nombela "fueron conscientes de la situación y de los objetivos injustos desde el primer momento", concretamente desde las primeras reuniones que mantuvieron con el periodista Isidro Cuberos, encontrado muerto el pasado 28 de octubre en un barranco junto a su motocicleta.
Según el juez, Cuberos, que fue jefe de prensa de Javier Arenas hasta 2001, medió entre la red Gürtel y el Ayuntamiento y se reunió con los miembros de la trama para definir "todo el plan" que serviría para adjudicar los contratos de manera irregular.
En el auto, De la Mata impone también a los acusados fianzas por responsabilidades pecuniarias que deberán prestar en el plazo de 5 días y que en el caso de Correa, Crespo, Felisa, Jordán y Nombela ascienden a 293.333 euros, y en el de José Enrique Agüera, Manuel Báez, Milagros Pérez, Milagros Abascal y Lourdes Montenegro, la cantidad a abonar es de 96.000 euros.
Fuente


Que maraviiiila.

¿No os da verguenza existir a los IDIOTAS que habéis votado al partido podrido alguna vez?

 

[rejon]

100.....Caso Invercaria/Fumapa
Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para el expresidente de la empresa pública andaluza Invercaria Tomás Pérez Sauquillo por la ayuda de 300.000 euros concedida a la empresa Fumapa en 2008. La fiscalía mantiene en su escrito que la subvención fue otorgada tras un informe de medio folio en el que se mostraban problemas de liquidez de la compañía, con sede en Jaén y dedicada a la carpintería metálica, y se informaba de la carencia de datos sobre la inversión. El ministerio público, que cifra en 359.581,60 euros el perjuicio ocasionado por Fumapa a la sociedad pública de capital riesgo y pide la apertura de juicio oral, solicita para Pérez Sauquillo seis años de prisión por malversación y 25 años de inhabilitación, 15 de ellos por el mismo delito y 10 más por prevaricación. También solicita las mismas penas para otros tres miembros del consejo de administración de Invercaria: Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín. Anticorrupción también acusa a dos administradores de Fumapa, Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez, para los que pide dos años y seis meses de prisión por malversación y 11 años de inhabilitación por prevaricación.
La ayuda a Fumapa se concedió porque era una empresa cuyo proyecto tenía "una alta consideración para la sociedad", como recuerda la fiscalía que Pérez Sauquillo le dijo al director del departamento de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, a quien instaron a hacer un "análisis de urgencia". El informe advertía de la deficiente situación de liquidez de Fumapa, de sus fondos propios y de la fuerte dependencia de un solo cliente, y concluía que se necesitaba una auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera y un informe sobre la gestión de la empresa. A pesar de ello y de que no se atendieron las recomendaciones señaladas, se informó del "perfil positivo" de la empresa para recomendar la inversión solicitada, que se culminó sin que pasara por el departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones de Invercaria, indica el ministerio público.
El 1 de julio del 2008, el consejo de administración de Invercaria aprobó por unanimidad la ayuda sin contar con un expediente de inversiones aprobado ni un informe de los anteriores departamentos, añade el escrito de acusación. La inversión también se aprobó sin plan de negocios ni análisis de inversión, señala la fiscalía antes de recordar que Fumapa no incluyó el préstamo en sus cuentas anuales ni en la documentación aportada al juzgado cuando presentaron un procedimiento concursal.
Este extremo, unido a "lo deficiente que eran los procedimientos de seguimiento en Invercaria", propició que se comunicara el crédito al juzgado de lo Mercantil de forma tardía, "perdiéndose en definitiva el capital", explica Anticorrupción. El préstamo a Fumapa se formalizó el 23 de julio del 2008 y dos días después, el administrador de Invercaria hizo un traspaso de 150.000 euros, según recogía el auto de procesamiento del juez encargado del caso, el titular del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.

• Partido/Org: PSOE
• Lugar: Andalucía
• Coste aprox.: 359.581 €
• Total implicados: 6
• Año de los hechos: 2008
• Estado judicial: Abierto

joete gigaTROLL......y lo que te queda...

 

[Gigatr0n]

107.
Caso Gürtel/Boadilla

Descargar el Auto del Caso Gürtel - Pieza Boadilla

Es una de las consecuencias del auto emitido este miércoles, en el que el magistrado titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, propone juzgar a 27 personas por las acciones del entramado corrupto en la localidad madrileña de Boadilla. El juez considera que el PP también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo". Se habría beneficiado de 204.198 euros, al recibir cantidades y el abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo de Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.
No es la única parte del caso Gürtel en la que el PP como partido resulta señalado beneficiario de forma irregular de las acciones de la trama, según la justicia. También ha sucedido en la pieza central, y en concreto en Pozuelo y Majadahonda, se investiga en Arganda, sus dirigentes van a juicio en Valencia, y también el partido irá al banquillo como responsable civil subsidiario en la caja B.
El juez José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.
En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, “de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”.
Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad”.
El juez añade que “esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio”.
Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, “que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV”.
Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.
El grupo, señala el auto, favoreció, “siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades” como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.
Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, “implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos”.
Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.
“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.
Fuente