Tensión en la Comisaría tras detener a policías por violencia de género
Los responsables del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Huelva y Madrid, imputados por vejaciones, coacciones y acoso laboral presuntamente contra el mando que ordenó los arrestos
El fiscal decretó el sobreseimiento
Efecto Boomerang de la información reservada de Asuntos Internos
Caza de brujas
La Confederación Española de Policía apoya al inspector del SAF
Se habla de caza de brujas, de persecución personal e incluso, según el interlocutor que dé parte, de una vendetta meramente sindical. El jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/Udev) de Huelva encargado de velar por la seguridad de las mujeres que sufren malos tratos, echa un pulso en solitario a una de las organizaciones con más peso dentro de la Policía Nacional, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), pulso que ha pasado de los canales internos a la publicidad en webs e incluso en medios de comunicación, hasta quedar finalmente en manos de los tribunales de Justicia.
Los máximos responsables de este sindicato policial en Huelva y en el ámbito nacional, F.G.M. y J.M.S.F, respectivamente, están presuntamente imputados inicialmente por coacciones, vejaciones y acoso laboral –confirman fuentes judiciales– en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva a raíz de una denuncia presentada por E.F.G., el jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/Udev) de Huelva, el mando que se colocó en el centro de la diana al ordenar la detención de varios agentes –compañeros del Cuerpo en la Comisaría onubense– que habían sido denunciados por violencia de género.
Las reiteradas denuncias presentadas por el inspector ante la autoridad judicial y un completo informe elaborado por Asuntos Internos dan cuenta de la sucesión de acontecimientos desde que este mando tomó en abril de 2008 las riendas del grupo que se encarga de velar por la seguridad de las mujeres víctimas de malos tratos. Poco después de su aterrizaje en el SAF, en sólo nueve meses, entre junio de ese mismo año y febrero de 2009, se praticaron hasta tres arrestos de agentes de la Policía Nacional denunciados por violencia machista por sus respectivas esposas. En el primer año, los policías detenidos llegaron a ser cinco.
Dos de las primeras detenciones acabaron en la vía judicial en sentencia condenatoria, una de ellas de nueve meses de prisión y una segunda por maltrato habitual durante más de una década. En este caso, la pena fue de año y diez meses de prisión, con la prohibición de portar armas por espacio de tres años. El agente condenado, que según la sentencia llegó a apuntar a la víctima en la sien con el arma oficial, formaba entonces parte del organigrama de la referida organización sindical.
Respecto a la tercera de las detenciones, la denunciante –una señora de 60 años que denunció en dependencias policiales haber sido objeto de golpes, amenazas de fin, vejaciones y humillaciones por parte de su marido– se echó atrás cuando se vio en el juzgado, donde retiró la denuncia.
Este último arresto coincide en el tiempo con un rosario de acusaciones de acoso laboral dirigida al jefe del equipo por parte del sindicato y con la fuga masiva de los agentes que en aquel momento integraban el Servicio de Atención a la Familia que dirige E.F.G. (siete de los nueve componentes pidieron abandonar el grupo).
En marzo de 2009, se desatan los acontecimientos y se suceden las denuncias contra el jefe del SAF desde el SUP, que llega a sortear a la cúpula policial de Huelva para llamar directamente a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, con la remisión de distintos escritos en los que da cuenta de supuestas conductas y actitudes irregulares por parte del inspector.
Uno de las quejas que la organización hace llegar a la Jefatura, comunica que siete de los agentes que formaban parte del SAF en aquella época solicitaban cambio de destino ante una situación que calificaban de “insostenible” , argumentando “acoso laboral a todos los integrantes, a los que producía una violencia psicológica injustificada, a través de actos negativos y hostiles”. El SUP describe a un servicio resquebrajado por el comportamiento “despótico y humillante” de un jefe “autoritario e irrespetuoso”, al que caracterizan “gritos e insultos” hacia sus subordinados.
El SUP hacía llegar esta información a la dirección de la Policía Nacional en Sevilla el 4 de marzo de 2009, en la que se incluye los detalles del supuesto acoso en un escrito dirigido al Comisario Jefe Provincial de Huelva (fechado un día antes), actualmente máximo responsable de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, al que el sindicato le recrimina no haber tomado medida alguna.
A la Jefatura de Policía de Andalucía se remiten ese mismo mes otros escritos de la dirección del Cuerpo en Huelva, entre los que figuraban la solicitud de minutas de los agentes que querían marcharse del grupo con detalles del comportamiento del jefe del SAF y una copia del acta de una reunión mantenida en Huelva (17 de marzo) con todos los sindicatos policiales, reunión en la que el SUP daba cuenta de la petición de baja de los componentes del servicio, asunto que también fue presentado por otro sindicato, la Unión Federal de Policía (UFP).
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