Tras los comicios del 10 de noviembre, y siempre y cuando continúen en el poder,
el Gobierno ha asegurado que subirá las pensiones y elevará el salario de los funcionarios.
Los funcionarios habían pactado en 2018 una
subida salarial para 2020. Este incremento afectaría a 2,5 millones de empleados públicos y sería de un 2%, que se podía elevar en función de la marcha del PIB y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por el lado de las pensiones,
el compromiso de Sánchez era ligarlas al IPC, pero de no hacerse, se revalorizarán de forma automática tan sólo un 0,25%, el mínimo legal, según establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).
Celaa ha asegurado que
"tiene el propósito de seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones" y de "mantener el sistema público para que los pensionistas continúen con poder adquisitivo". Eso sí, siempre y cuando se queden en Moncloa. "Confiamos en que este Gobierno pueda hacerlo", ha dicho Celaá, al tiempo que ha añadido que está "entre sus propósitos"
Pero tal y como había publicado este viernes
El Mundo, los socialistas podrían estar buscando alguna vía legislativa para cumplir sus compromisos antes del 10-N. Según las fuentes del diario de Unidad Editorial, el Gobierno ya habría consultado a la Abogacía del Estado para ver si existe
respaldo jurídico para aprobar por decreto ley estas dos potentes medidas. Preguntada por este asunto, Celaá ha negado que se haya producido tal consulta, y ha añadido que el Gobierno "aún tiene tiempo" para llevar a cabo esa revalorización.
Lo que ha quedado claro es que el Ejecutivo socialista dejará para después de las elecciones las ingenierías legales, si es que tuviera que emplearlas porque no logra ni formar gobierno. Asegura que hacerlo antes sería "electoralista". Pero ¿no sería electoralista ligar la aprobación de estas medidas precisamente a su victoria?