El desplome de los tres bancos arruina la jubilación de miles de irlandeses
El Estado ha intervenido las entidades financieras y planea comprarles activos tóxicos por 90.000 millones
La semana pasada Gary Keogh, un granjero de 66 años, se presentó en la junta de accionistas del Allied Irish Bank (AIB) con una bolsa de bemoles. Los había comprado un mes antes para asegurarse de que olían suficientemente mal, explicó después. Tan pronto comenzó a hablar Germont Glesson, el todavía presidente del banco, Gary lanzó dos bemoles: uno le dio a Glesson, otro al director general, Eugene Sheehy, sentado a su lado pese a que ya se sabe que será destituido en un mes. Antes de ser retirado por los guardias de seguridad, el granjero irlandés explicó que su fondo de pensiones había perdido el 90% de su valor, por lo que gracias a la gestión de sus víctimas estaba sencillamente arruinado. Afirmó que si se arrepentía de algo era de no haber llevado una escopeta, y se fue a su casa. Por la noche pudo ver en las noticias que el Estado le acababa de insuflar al banco otros 3.500 millones para evitar su bancarrota.
El caso de Gary lo sufren cientos de miles de irlandeses, en edad próxima a la jubilación, y que han perdido buena parte de sus ahorros. La reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en 1997, de un 40 a un 20% de media, fue celebrada en Irlanda. Las nóminas subían como la espuma y en el país comenzaba a germinar la codicia del ladrillo: el dinero venía muy bien para invertir en una segunda vivienda. Pero de facto supuso una privatización del sistema de pensiones. Ruari Quinn, ministro de Finanzas con los laboristas hasta 1996, explica que la decisión de Charlie Mc Greevy, su sucesor, «obligó a la gente a hacer planes privados, y lógicamente se hicieron en entidades serias, en los tres grandes bancos del país; el problema ahora es que esas entidades están muy deterioradas».
Nueve meses caóticos
A finales de septiembre, durante la última gran crisis bancaria de Wall Street, el Gobierno intentó darle un espaldarazo a esas tres grandes entidades (además del AIB, el Anglo Irish y el Bank of Ireland-BoI) y garantizó sus depósitos (a la vez que lo hacía el Ejecutivo de Zapatero en España). Como en el país operan otros bancos británicos, entre ellos el Ulster Bank, el efecto inicial fue una fuga de fondos a los irlandeses. Pero en realidad eso tapó unas prácticas insólitas: el Anglo, el más afectado por el parón del ladrillo, que representa un 88% de su cartera de acreedores, presentó unas cuentas (el ejercicio se cierra el 30 de septiembre) que incluían una partida de préstamos por 7.000 millones, y un depósito por la misma cantidad del Irish Life&Permanent (una de las tres entidades pequeñas del país). Eso le permitió al Anglo presumir de dar créditos y que no se notara un agujero en sus depósitos. El regulador detectó lo ocurrido en febrero, lo que provocó la renuncia de las cúpulas de las dos entidades.
Antes, en diciembre, el presidente del Anglo había tenido que dimitir tras constatarse que los directivos del banco mantenían una línea de crédito opaca con la entidad por valor de 150 millones de euros. Para entonces, el sector bancario irlandés ya estaba en la uvi. Pocos días después, el Estado se vio obligado a entrar de urgencia en el capital del Anglo (con un 75%), y a tomar un 25% del Allied y otro tanto del BoI (en total una derrama de 5.500 millones). En enero se hizo con el 100% del Anglo. Pero la economía no ha mejorado desde entonces, ni mucho menos.
Actualmente, el Ejecutivo que dirige el conservador Brian Cowen ultima la creación de una Agencia Nacional de Gestión de Activos (NAMA), que se hará cargo de activos tóxicos de los bancos por valor de 90.000 millones. Para ello, ha dicho, no dudará en recurrir al fondo de reserva de las pensiones.
