El expresidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, utilizó las propias dependencias del Parlamento catalán en 2013, cuando era simple diputado (pero ya alcalde de Girona) para amañar licitaciones de obra pública con un empresario cercano a Convergència. Así consta en un auto del juez José de la Mata redactado a finales de este mes de mayo. A través del auto,
el juez cita a 23 empresarios y políticos a declarar en su despacho entre el 11 y el 22 de junio, después de hacerse cargo del sumario que comenzó el juez Josep Bosch, de un juzgado de El Vendrell.
Según el auto, el 4 de junio de 2013,
Puigdemont recibió a Josep Manel Bassols, director de la constructora Oproler en Cataluña, y a Ángel Sánchez Rubio, director general de BIMSA (la empresa municipal de Barcelona encargada de la obra pública), “con el objetivo de preparar ‘nuevo pliego y organización de licitaciones”. La reunión, especifica el auto, tuvo lugar en el propio Parlament. Según el juez,
Sánchez Rubio ayudó a introducir a Oproler “en el sistema de contratación en el Ayuntamiento de Girona. Así se corrobora en el parte comercial que elabora Bassols en fecha 29 de mayo de 2013 donde refleja ese objetivo en una visita reunión en Bimsa-Ayuntamiento de Girona”.
La intención de la reunión era introducir en el circuito de contratistas del Ayuntamiento de Girona a la compañía Oproler, que estaba dirigida en Cataluña por Bassols. Éste era exalto cargo de Convergència, había sido el responsable de las campañas electorales en la zona de Girona y era marido de Núria Bassols, una jueza que exoneró a CDC en el llamado ‘caso Adigsa’ e inmediatamente fue fichada por Artur Mas como alto cargo de la Generalitat con sueldo de 108.000 euros anuales.
La reunión fue un éxito:
al día siguiente, Puigdemont comía con Sánchez Rubio y Antoni Vives, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de la obra pública del consistorio barcelonés. “El objetivo de la misma [se refiere a la comida] es ‘seguir el tema’”, dice el auto. Se da la circunstancia de que tanto Vives como Sánchez están imputados en el sumario del 3%. Vives deberá declarar ante De la Mata el próximo 14 de junio y Sánchez lo hará el día 12.
El ágape, pues, fue la guinda de una larga trayectoria de relaciones en las que el constructor maniobró para cambiar las normas del Ayuntamiento gerundense con el fin de que le beneficiasen con adjudicaciones a dedo de obra pública.
Toda la cúpula implicada
Un informe de la Guardia Civil explica que “en esta línea de investigación relacionada con la rama de la investigación dirigida a BIMSA, aparece el Ayuntamiento de Girona, apuntando directamente a la mediación que ejerció Bassols, entre la empresa pública BIMSA y el propio consistorio gerundense. Según se desprende de la investigación,
Bassols concierta una serie de reuniones de acercamiento entre la cúpula de BIMSA (Vives-Sánchez-Santaolaria), y cargos públicos del Ayuntamiento de Girona (alcalde Puigdemont, teniente de alcalde de Hacienda, Maria Àngels Planas, y concejal de Urbanismo, Carles Planas), al objeto de ‘extrapolar’el sistema de contratación de BIMSA, ya de por sí fraudulento, al consistorio de Girona, con la única intención de ganar contratación pública ilícitamente en el entorno del Ayuntamiento de Girona”.
Y no
sólo eso: “En la cadena de comunicaciones analizadas, se observa cómo el alcalde y los otros cargos de Girona, según las propias anotaciones de Bassols,
aceptan tales reuniones y mediaciones con Bimsa, y están de acuerdo en mediar, informar e intentar efectuar ‘adjudicaciones directas’, consensuar pliegos, etcétera”. En la agenda del empresario constan anotaciones como “Comida en Parlament para nuevo pliego y organización licitaciones” o “Cambian sistema adjudicación e invitarán”, así como otras más concretas: “Trabajos adjudicaciones directas y/o negociadas” o “Paquetes de 150-180.000 euros”.
El acercamiento a las “autoridades locales” de Girona ya había quedado registrado gráficamente en una famosa fotografía donde aparecen Bassols y Carles Puigdemont en un partido de fútbol entre el Barça y el Valencia jugado el 19 de febrero de 2012. El constructor le envía la foto a su jefe en Madrid, Sergio Lerma, y le escribe: “Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona”.
Reuniones sospechosas
No es la única referencia a Puigdemont en el sumario. La agenda de Bassols recogía una reunión en el Palau de la Generalitat con Artur Mas, Felip Puig (entonces consejero de Interior), la consejera de Justicia, Pilar Fernández cubreboca y Germà Gordó, a la sazón secretario del Govern. Esa reunión tuvo lugar el 17 de noviembre de 2011. Cuatro días después, el 21 del mismo mes, el empresario comía con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont. La frenética actividad de Bassols en la red clientelar de CDC le valió, a la postre, para ser detenido en dos ocasiones en el marco de las investigaciones del caso 3%.
Los investigadores dan por probado que la relación de Bassols con el Ayuntamiento de Girona era buena, pero necesitaba una mano del partido para que el alcalde hiciera lo que le interesaba a él. En abril del 2012, mantuvo reuniones en el consistorio para hablar de licitaciones de obras pública. El 18 de julio de ese año, se vio con Maria Àngels Planas, teniente de alcalde de Hacienda, en un encuentro de tres horas para hablar de “licitaciones del Ayuntamiento”. Ambos volvieron a encontrarse el 24 de mayo de 2013 para ‘negociar’ el pliego de una obra pública del barrio de Sant Narcís de la capital gerundense.
Finalmente, el 18 de julio del 2013, Bassols mantuvo otra reunión con el senador convergente Joan Bagué “con el claro objetivo de que él mismo interceda utilizando su influencia en el Ayuntamiento de Girona con el propósito de lograr un cambio de sistema de contratación en dicho consistorio, que les permita adjudicar obra pública de una forma directa, buscando con ello el beneficio de su constructora en futuras licitaciones”.
No era una cuestión banal: las investigaciones demuestran que Bassols recibía trato de favor de la subdirectora de Estudios y Coordinación del departamento de Gobernación de la Generalitat, Isabel Muradas (que declarará ante De la Mata el próximo 15 de junio). La vital información que recibía de este alto cargo del Govern le servía para “direccionar sus intenciones delictivas hacia éstas [se refiere alas obras públicas que se iban a licitar], a través, por ejemplo, de senadores nacionales de CDC, como Joan Bagué, de Girona, el cual era además jefe de comarca de CDC, o de diputados nacionales de CDC como Jordi Xuclà”. Así consta en uno de los detallados y contundentes informes que obran en el sumario.
Los investigadores aseguran también que hubo reuniones con este último diputado para canalizar “las gestiones que el constructor tiene previsto o pendiente de realizar con Ayuntamientos gobernados por CDC, en definitiva, con el propósito de obtener la información privilegiada que este parlamentario le puede facilitar, y que le permita mantener un control de la situación económica y de la oferta pública de dichos consistorios”. También constan reuniones con el entonces diputado y portavoz en Madrid, Pere Macias.
Puigdemont utilizó el Parlament para reuniones donde se amañaban concursos
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