Scardanelli
Hala Madrid
El problema es pretender usar los criterios propios del liberalismo de Adam Smith y David Ricardo a la realidad de las redes sociales. Las situaciones se parecen como un huevo a una castaña y no pueden resolverse con los mismos criterios.
Nos guste o no, las redes sociales son, en efecto, una extensión del espacio público. Google y Twitter son, en realidad, las calles y las plazas de internet y no pueden estar sometidas a la decisión arbitraria de empresas privadas. Si te eliminan de Google, desapareces para el 90% de la gente. Esas empresas son "gestoras" de un espacio público y deben someterse a normas legales que garanticen la libertad de expresión y el acceso libre, igual que se puede acceder a la Plaza de Colón. Y las únicas opiniones que deberían eliminarse son las ilegales, aquellas que está prohibido realizar en una calle con una pancarta.
Ya están sometidas a normas legales anti-discriminación (como el que tiene panadería), no pueden negar el acceso a un oscuro o a un transexual, pero parece que sí pueden negar el acceso a los seguidores de Trump o a los que tienen una opinión sobre las banderillas contrarias al consenso imperante. También están sometidas a normas antimonopolio o de abuso de posición dominante. El problema es que esas normas no son suficientes y se usan en un sentido político.
Al final, esas entidades están tomando decisiones editoriales. Y si quieren hacer eso, deben ser tratados como medios de comunicación y deben ser responsables en su integridad por todo lo que publiquen.
Nos guste o no, las redes sociales son, en efecto, una extensión del espacio público. Google y Twitter son, en realidad, las calles y las plazas de internet y no pueden estar sometidas a la decisión arbitraria de empresas privadas. Si te eliminan de Google, desapareces para el 90% de la gente. Esas empresas son "gestoras" de un espacio público y deben someterse a normas legales que garanticen la libertad de expresión y el acceso libre, igual que se puede acceder a la Plaza de Colón. Y las únicas opiniones que deberían eliminarse son las ilegales, aquellas que está prohibido realizar en una calle con una pancarta.
Ya están sometidas a normas legales anti-discriminación (como el que tiene panadería), no pueden negar el acceso a un oscuro o a un transexual, pero parece que sí pueden negar el acceso a los seguidores de Trump o a los que tienen una opinión sobre las banderillas contrarias al consenso imperante. También están sometidas a normas antimonopolio o de abuso de posición dominante. El problema es que esas normas no son suficientes y se usan en un sentido político.
Al final, esas entidades están tomando decisiones editoriales. Y si quieren hacer eso, deben ser tratados como medios de comunicación y deben ser responsables en su integridad por todo lo que publiquen.