Pero el Concordato ha sido renovado y está en vigor.
Los tratados internacionales que firma un Estado, mientras estén en vigor, tienen un rango como leyes que está por encima de cualquier ley nacional de los Estados firmantes, incluidas las Constituciones.
Si uno de los Estados firmantes modifica su Constitución de forma que la hace incompatible con los tratados internacionales que tenga firmados, debe 'denunciar' (retirar su firma) el tratado internacional afectado. Esto no ha ocurrido con el Concordato, que es un tratado internacional firmado por dos estados soberanos: España y Vaticano.
Lo mismo que muchos tratados internacionales otorgan inmunidad diplomática al territorio de las embajadas extranjeras: la policía no puede entrar, ni siquiera con autorización judicial, a la embajada de Uruguay en Madrid, por ejemplo, el Concordato otorga soberanía a la Iglesia sobre los lugares de culto católico: la policía o los jueces no pueden actuar en el interior de una iglesia sin autorización de la autoridad eclesiástica.
Esta es la legalidad vigente hoy en España y el Gobierno debe acatarla hasta que el Parlamento la derogue, algo que en este caso sería 'denunciar' (romper unilateralmente) el concordato con la Santa Sede (Un Estado extranjero)