¿Y si sospechases que no eres el padre biológico de "tu hijo" y una nueva ley socialista de género viniese a prohibir la pruebas de paternidad?

En Francia, comprobar la paternidad cuesta 15.000 euros​

En Francia, un hombre que quiera saber si es el padre biológico del niño que cría se arriesga a un año de cárcel y a una multa de 15.000 euros. No por abandonarlo: por comprobarlo. La ley francesa prohíbe los análisis genéticos de paternidad sin autorización de un juez, y el Consejo de Estado mantuvo esa prohibición el 6 de mayo alegando que no quiere alterar el régimen francés de filiación y que la intención del legislador era preservar la paz de las familias. En España no existe una norma específica que prohíba la prueba. Solo hay un detalle incómodo: hecha por tu cuenta, no vale ante un tribunal.

Qué castiga la norma francesa y qué alega el Consejo de Estado​

Las pruebas de paternidad se prohibieron en Francia hace quince años y el castigo no es simbólico. Si las aduanas francesas interceptan muestras o resultados de ADN en el correo, los autores se arriesgan, en teoría, a hasta un año de cárcel y una multa de 15.000 euros. El Consejo de Estado francés mantuvo la ley el 6 de mayo y el 15 de mayo el Bundesrat alemán adoptó una medida similar, según el relato que acompaña al asunto.

Que esté prohibido no significa que no se haga. Miles de franceses encargan cada año pruebas genéticas a laboratorios extranjeros. Uno de ellos lo explicó a France 2 el 28 de mayo: «Me permitió avanzar en mi relación con mi hijo. Si no lo hubiera hecho, seguiría preguntándome si soy el padre».

¿Es ilegal hacerse una prueba de paternidad en España?​

No. En España no hay una legislación específica sobre pruebas de paternidad, y de ahí la sensación de que el marco lo forman retales. El artículo 7 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a la que España se adhirió el 31 de diciembre de 1990, establece el derecho del menor a conocer a sus padres. El artículo 39 de la Constitución ordena proteger integralmente a los hijos con independencia de su filiación y afirma que la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Y el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admite, en los juicios sobre filiación, toda clase de pruebas, incluida la biológica.

La diferencia no está en la legalidad, sino en el valor. Cualquier persona puede encargar una prueba privada y confidencial, sin cadena de custodia, y el informe resultante carecerá de validez en un procedimiento legal. Solo cuando se garantiza la integridad de la cadena de custodia y el consentimiento de los participantes, o cuando lo ordena un juzgado, la prueba tiene recorrido judicial.

La ley alemana de 2016: la madre obligada a confesar​

Alemania movió ficha por otra vía. A partir de esa norma, las madres quedan obligadas a confesar a su cónyuge la paternidad de sus hijos en caso de que existan dudas. El objetivo declarado no era moral, sino económico: que el padre biológico contribuya a la manutención del niño en caso de disputa. Si el considerado padre resulta no ser el verdadero, puede reclamar la devolución del dinero destinado a esa manutención. La discusión sobre el alcance real de esta obligación sigue abierta.

ADN obligatorio antes de firmar en el Registro Civil​

La propuesta que más recorrido tiene en el análisis es sencilla: prueba genética por defecto a todos los nacidos, en el hospital, antes de inscribir al niño. Con dos consecuencias posibles si el resultado no cuadra. La madre identifica al posible padre biológico y este asume un porcentaje de los gastos del menor; o no lo identifica, y entonces asume ella todos los gastos, porque aunque el niño viva en el hogar familiar no es hijo del hombre con quien está casada.

Los argumentos a favor son de sentido común administrativo: se eliminarían los casos de bebés confundidos en clínicas y ningún padre arrastraría la duda durante veinte años. Hay quien lo formula sin rodeos: lo que destruye una familia no es saber que te han puesto los cuernos, sino los cuernos. En España, además, el nudo es registral: una vez que firmas en el Registro Civil que eres el padre, la cosa se complica aunque aparezcas después con siete pruebas de ADN que digan lo contrario. De ahí la recomendación repetida de hacer el análisis antes de reconocer nada.

Cruzar la frontera con un bastoncillo de algodón​

La prohibición francesa tiene una geografía muy concreta. El correo postal privado es inviolable, también en teoría. El modus operandi que se describe pasa por cruzar la frontera más cercana con la muestra biológica —un mechón de pelo, un rastro de saliva, el corte de una uña, un bastoncillo frotado en la boca del bebé— y franquearla por correo desde el país adyacente. Los resultados llegan por medios electrónicos cifrados. El cálculo que se hace es frío: 15.000 euros de multa frente al coste de criar a un hijo que no es tuyo.

Lo que el ADN no resuelve: parecido, banco de semen y 16 años​

Existe la tentación de resolverlo a ojo. El parecido físico y los tipos de sangre permiten descartar en algunos casos y dejar la duda intacta en muchos otros. Los relatos personales son más elocuentes que cualquier test: un hombre que intentó tener hijos durante años, que vio llegar al primero tras cinco años de espera y al segundo casi seguido, y cuyos dos hijos no se parecían a él «cero, cero absoluto»; la explicación era esterilidad y banco de semen. O el caso inverso, el del hijo clavadito al padre, que sirve de consuelo tanto como de advertencia.

Aparece incluso una tesis sobre epigenética según la cual los hijos adoptados desarrollarían rasgos fenotípicos de los padres de adopción. No hay en el material ningún respaldo documental de esa afirmación, y quien la sostiene la presenta como un mecanismo evolutivo para evitar el rechazo. Falta una explicación convincente.

Lo que sí tiene respaldo es el coste emocional. Quien cría a un adolescente de 15 o 16 años y descubre que no es suyo no pierde solo dinero: pierde la razón por la que aguantaba las tardes difíciles. Y esa factura no la cubre ninguna ley, ni francesa ni española.

La pregunta no es si el ADN miente, porque no miente. La pregunta es quién tiene derecho a leerlo. Con Francia manteniendo la prohibición en pie y Alemania moviéndose en la misma dirección, el único país del entorno donde se puede comprobar sin permiso es también el único donde, sin cadena de custodia, la respuesta no sirve ante un juez. ¿De qué sirve saber la verdad si el ordenamiento se niega a reconocerla?