El Supremo frena la regularización masiva: choca con la UE
¿Puede un país conceder la residencia por el mero hecho de estar en situación irregular? Esa es la pregunta que el Tribunal Supremo ha puesto sobre la mesa con una providencia fechada el 24 de junio de 2026, a la que ha tenido acceso EL MUNDO. El alto tribunal advierte de que el régimen de regularización masiva aprobado por el Gobierno "suscita la duda de si podría entrar en colisión" con las normas de la Unión Europea, en concreto con el Pacto de Migración y Asilo.
La decisión llega en respuesta a recursos de gobiernos autonómicos y abre un nuevo frente judicial para el ejecutivo. La lógica del Supremo es demoledora: si la estancia irregular diera derecho a la residencia, cualquier ley de extranjería sería superflua. Coinciden en ello voces críticas que ven en la medida una contradicción jurídica insalvable.
Pero el debate va más allá de lo legal. Hay quien interpreta esta oleada de regularización como una maniobra electoral: la concesión de nacionalidades o residencias a cientos de miles de personas —muchas de ellas de origen argentino, apelando a la represaliados— podría alterar el censo. Se habla incluso de plataformas como "PSOE Buenos Aires" para movilizar votos. Otros, en cambio, lo ven como una necesidad económica para sectores que dependen de mano de obra barata, como la hostelería. Ironías: mientras Italia endurece el acceso a descendientes, España lo abre a lo grande.
La providencia del Supremo está servida. Que el Gobierno pueda sortearla es otra historia.