El Supremo admite a trámite el recurso que pretende parar la regularización masiva

El Supremo estudia frenar la regularización masiva de inmigrantes: objeciones legales y fraude policial​

¿Puede un decreto ley regularizar a 1,3 millones de personas sin pasar por el Parlamento y sin control policial? El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite los recursos autonómicos contra el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, y ha dado un ultimátum al Gobierno: en 20 días improrrogables, debe entregar todo el expediente administrativo. Mientras, el Consejo de Estado ya ha señalado objeciones «esenciales» que desmontan la legalidad de la medida.

Los juristas lo ven claro: la regularización puede ser ilegal​

El decreto, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pretendía regularizar a unos 1,3 millones de inmigrantes en situación irregular mediante un procedimiento exprés. Sin embargo, el Consejo de Estado emitió un informe demoledor con objeciones que los expertos califican de «esenciales». El Supremo no solo ha admitido el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla y León, sino que ha abierto la puerta a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la medida vulnera el derecho comunitario. La tramitación avanza, pero el Tribunal ya ha advertido de que podría suspender cautelarmente el decreto si se consolida algún derecho antes del fallo.

La clave está en que el real decreto, según fuentes jurídicas, excede la Ley de Extranjería y choca con la normativa europea sobre retorno. El Parlamento Europeo acaba de aprobar el reglamento de retorno, y el Supremo cree que regularizar a quienes tienen órdenes de expulsión sería una «amnistía encubierta». De hecho, el decreto prevé revocar automáticamente las órdenes de deportación por infracciones graves, lo que ha disparado las alarmas en los cuerpos de seguridad.

Fraude y falta de control: la policía denuncia un coladero​

Mientras el Gobierno defiende la regularización como una cuestión humanitaria, los informes policiales apuntan a una realidad muy distinta. La Policía Nacional ha destapado una megatrama en 15 provincias de inmigrantes que entraban con identidades falsas. Además, un informe interno revela que al menos 400.000 personas que solicitaron la regularización nunca han vivido en España. El malestar en el Cuerpo es mayúsculo: la Dirección General ha sido apartada del proceso, y los agentes advierten de que «habrá más fraudes».

La descentralización del control es otro foco de polémica. El Gobierno ha convertido a voluntarios de ONG en agentes oficiales para sellar informes de vulnerabilidad sin verificación, según ha reconocido el director de una de esas organizaciones. Al mismo tiempo, se han concedido subvenciones millonarias a entidades vinculadas al PSOE –una de ellas presidida por la mujer del ministro Planas– para gestionar el proceso. En total, más de 60 millones de euros en ayudas a ONG que, según críticos, actúan como un «coladero».

El reloj corre: el Supremo quiere sentencia antes de que se consolide ningún derecho​

El Alto Tribunal ha fijado el próximo 13 de mayo como fecha clave para decidir sobre la suspensión cautelar del decreto. La Abogacía del Estado tiene 10 días hábiles para oponerse a la medida cautelar, mientras que el Gobierno debe remitir el expediente en 20 días. La estrategia del Ejecutivo pasa por alargar los plazos y que la norma sea convalidada en el Congreso, donde sus socios podrían darle un salvavidas. Pero el Supremo ya ha dejado claro que dictará sentencia antes de que se consolide ningún derecho adquirido.

A la espera de lo que decida el Tribunal de Luxemburgo, la pelota está en el tejado de la justicia. Mientras, España acumula un nuevo episodio de tensión institucional: el Senado ha rechazado la política migratoria del Gobierno, las comunidades del PP recurren y la Policía advierte de que el fraude ya está aquí. Desde luego, nunca falla –como apunta un observador– que los «fallos informáticos» para regularizar siempre funcionan, pero para cobrar impuestos el sistema es infalible.