Vox le echa cojines . Apunta directamente a la inmi gración ilegal como causante del aumento de precios de la vivienda

La inmigración ilegal como causa del precio de la vivienda, a debate​

«La inmigración ilegal está detrás del encarecimiento de la vivienda». Es una de las tesis que recorren el debate y que, con los números que se manejan, funciona mejor como consigna que como diagnóstico cerrado. El asunto ha reabierto una discusión que cruza demografía, oferta de ladrillo y política migratoria.

La tesis tiene un reflejo institucional. La cuenta de Vox difundió una entrevista con Carlos H. Quero en la que este lo resumía así: «Lo que el Gobierno ha hecho, y lo hemos visto con la ley de Vivienda, con las prórrogas forzosas, con la suspensión de los desahucios... ha sido dejar a los vulnerables fuera de juego». En el debate se cruzan dos frentes: la entrada de personas sin autorización y una política de vivienda que, según esta lectura, desincentiva la oferta.

¿Cuánta población extranjera hay realmente en España?​

Las cifras que circulan son desiguales y conviene separarlas. Un participante cita más de 17 millones de personas inmigrantes en España y sostiene que un tercio de los nacidos son de origen extranjero. Otro apunta a un incremento poblacional neto de 150.000 habitantes por trimestre, lo que equivale a sumar una ciudad del tamaño de Salamanca cada tres meses. Ambas referencias se atribuyen a informaciones de La Vanguardia y El Mundo de mayo de 2023.

Sobre ese flujo, otro participante añade que más de la mitad de quienes viven de alquiler han nacido fuera de España. El dato ilustra la concentración del colectivo en el mercado del arrendamiento, pero no prueba por sí solo la relación causa-efecto que se le quiere colgar.

Las cifras del argumento migratorio​

• Más de 17 millones de personas inmigrantes en España
• Un tercio de los nacidos, de origen extranjero
• 150.000 habitantes de incremento neto por trimestre
• 1,8 millones de entradas irregulares anuales, según el cálculo que se repite

La última cifra, 1,8 millones de entradas irregulares al año, es la más rotunda y la más difícil de verificar. No procede de un organismo oficial citado, sino de un cálculo que circula en la conversación política. Su magnitud, si fuera exacta, bastaría para reordenar cualquier política de fronteras europea.

El eslabón que ningún registro mide con precisión​

Aquí aparece el punto débil de la tesis. Distinguir cuántas entradas son regulares y cuántas irregulares, cuántas se traducen en demanda de vivienda y en qué segmento del mercado, exige un registro que ninguna administración publica con detalle. Sin ese desglose, atribuir el alza del precio directamente a la inmigración ilegal deja fuera otras palancas que el propio debate menciona: la falta de suelo o de ladrillo y una oferta de alquiler que no crece.

Hay quien va más lejos y sostiene que el problema no es el número, sino cualquier entrada.

Con la vivienda en el centro del debate, la tesis que vincula inmigración y precios tiene recorrido político. Que aguante el escrutinio estadístico es otra cosa: este asunto se resolverá antes en las urnas que en los datos.