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Menos demanda, más ladrillo o vetos a la compra: los planes para la vivienda​

Las medidas para arreglar el problema de la vivienda en España no caben en el mismo marco. Recortar la demanda, levantar más ladrillo o intervenir la compra y el lucro son las tres vías que se defienden a la vez, y cada una descarta a las otras. El cuadro de alquileres que algunos plantean como objetivo —un estudio a 400 o 500 euros al mes, un piso de un dormitorio a 600 y uno de dos habitaciones a 800— mide la distancia con la realidad actual del mercado.

Menos demanda: la vía que gana en el diagnóstico​

Una parte del análisis sostiene que ninguna medida de oferta actúa a tiempo y que la palanca rápida es la demanda. En esa línea se maneja una cifra: el 50% de las personas que viven de alquiler en España serían extranjeras, de modo que reducir esa bolsa liberaría decenas o cientos de miles de pisos y presionaría el precio a la baja. Se cita también que desde los años 90 habrían entrado 14 millones de personas, dato que se usa para el argumento opuesto: que buena parte de ese flujo no está empleado.

El razonamiento se extiende más allá del alquiler. Hay quien lo enmarca en la presión sobre sanidad, educación, transporte público y seguridad, y concluye que sin tocar la demanda el resto de medidas no serviría de nada.

Construir más: más de diez años por cada suelo​

Aquí el acuerdo es amplio. Liberalizar suelo, permitir construcción en altura, bonificar la vivienda nueva y bajar impuestos al promotor. El enemigo señalado no es la falta de terreno, sino el calendario: entre que se decide que un suelo es urbanizable y que hay viviendas encima pasan, con normalidad, más de diez años. Ningún ciclo político aguanta esa cuenta, y ahí se rompe la promesa de resultados rápidos.

La vivienda protegida entra en la ecuación con una trampa. Hay quien apunta que una VPO puede venderse o pasar al alquiler libre a los 15 o 20 años, aunque quien lo plantea no concreta el plazo exacto, lo que abriría la puerta a comprarla, mantenerla cerrada y revenderla después con el suelo ya maduro. La construcción modular se ve como alivio, no como remedio: se notaría «en poco tiempo», pero no de un trimestre para otro.

Fiscalidad, fondos buitre y compra por extranjeros​

El tercer bloque es el más intervencionista. Tipificar la especulación inmobiliaria como delito, poner límites fiscales al acaparamiento, impedir el lucro en la reventa de cualquier inmueble y cerrar la puerta a los fondos de inversión. En la versión más dura se plantea prohibir la compra a no residentes, con la excepción obligada de los ciudadanos de la Unión Europea y un periodo mínimo de residencia legal —se mencionan diez años— para el resto.

El modelo que se cita como referencia es el de Tailandia. Y asoma la contradicción del que compra para usar dos semanas al año y deja el piso vacío el resto, o del que lo destina a alquiler turístico: prohibirlo choca de frente con la libertad de uso del propietario.

Ocupación y seguridad jurídica del arrendador​

Hay una medida que se repite con independencia del bloque ideológico: devolver la seguridad jurídica al propietario. Desahucios en 24 horas, protección frente a la ocupación, agilidad procesal. La tesis es que existe una bolsa de pisos retenidos por miedo y no por rentabilidad, y que liberarlos cambiaría el mercado sin poner un solo ladrillo.

La réplica llega desde el otro lado del mismo asunto: ¿qué problema hay en que un inquilino vulnerable pague diez años sin fallar un solo mes? Ahí está el nudo. Unos ven riesgo; otros, el perfil de inquilino ideal que el sistema no sabe retener. Con ese cruce, la discusión de fondo es quién asume el coste de que el alquiler deje de ser un negocio con red.

¿Por qué subir salarios no arregla el precio de la vivienda?​

Porque si el precio sube antes que el salario, la subida acaba financiando el precio en lugar de corregirlo. Ese es el argumento que descarta la vía salarial como solución de fondo. Lo que se abre paso es otra cosa: que los salarios se actualicen con el IPC de forma general, como en los países del entorno, y no por decreto puntual.

El tope a la vista es el de siempre: quién paga la factura. Y debajo de todo late una sospecha estructural, la de que el problema no es de oferta ni de demanda, sino de diseño, y que por tanto no tiene arreglo desde dentro del sistema.

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El cálculo que más incomoda no habla de sueldos. Según el cálculo que plantea un forero, un piso comprado por 100.000 euros y alquilado a 500 al mes tarda 17 años en amortizarse. El mismo piso pagado a 200.000, alquilado a 1.000, se amortiza igual. La diferencia arranca el día 18.