reaccionariobulo: el gobierno no ha hecho nada en materia de vivienda

En ocho años el Gobierno central ha aprobado una reforma de alquileres, una ley estatal de vivienda y varios planes con miles de millones. Su aplicación choca con las competencias autonómicas y con decretos tumbados en el Congreso.

Pongamos las cosas en orden. Quien dice que el Gobierno no ha hecho nada en vivienda desde 2019 está ignorando una reforma de alquileres, una ley estatal específica y varios planes con miles de millones de euros. Quien dice que con eso basta está ignorando que buena parte de la política de vivienda depende de las comunidades autónomas y que en el Congreso se han caído decretos. Las dos cosas son verdad a la vez.

La reforma de alquileres de 2019 y los años de pandemia

El primer movimiento relevante llega en 2019. El Gobierno reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos para fijar un contrato mínimo de cinco años para particulares y de siete para empresas, además de poner límites a determinadas garantías que se pedían a los inquilinos. La reforma salió adelante con el voto en contra de la derecha parlamentaria.

En 2020, con la pandemia encima, el Ejecutivo suspende los desahucios de hogares vulnerables, establece prórrogas de contratos y aprueba moratorias y ayudas al alquiler. Medidas que se prorrogaron después varios años. Con media economía parada, el alquiler fue uno de los frentes que el Gobierno intentó contener por decreto.

En 2021 se anuncia un Plan de Vivienda en Alquiler Asequible con un objetivo declarado de 100.000 viviendas. Ese mismo año arranca la negociación política de una futura ley de vivienda. El problema del alquiler ya estaba encima de la mesa, y no solo en España.

La ley de vivienda de 2023 y quién puede aplicarla

El proyecto llega en 2022. Zonas tensionadas, vivienda protegida, parque público, medidas frente a desahucios, regulación del alquiler. También se limita temporalmente la actualización de determinados alquileres al 2%. El Congreso lo convalida, pero PP y VOX votan en contra.

La ley se aprueba finalmente en 2023 con 176 votos a favor. Es la primera ley estatal específica de vivienda en España, y crea la figura de las zonas de mercado residencial tensionado. Aquí está el detalle que lo cambia todo: el Gobierno central no puede declarar por su cuenta un barrio como zona tensionada. La competencia es autonómica.

¿Y qué hicieron las comunidades gobernadas por PP y VOX? Varias dijeron directamente que no declararían zonas tensionadas. Otras recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Andalucía, Galicia, Baleares, País Vasco y Cataluña llevaron distintos aspectos de la ley a los tribunales. La Comunidad de Madrid incluso presentó un recurso de amparo para paralizarla, con el argumento de que la ley invade competencias autonómicas.

La paradoja es esta: se reclama al Gobierno que intervenga en el alquiler, y cuando crea un mecanismo para hacerlo, algunas administraciones competentes deciden no usarlo o combatirlo. Entre 2023 y 2026, con once comunidades gobernadas por PP y VOX, la aplicación de la ley quedó en manos de quienes no querían aplicarla.

Avales, bonos y decretos que no salieron adelante

A pesar del bloqueo, en esta legislatura se han aprobado medidas con presupuesto. El Gobierno pone en marcha una línea de 2.500 millones de euros en avales ICO para facilitar la compra de primera vivienda a jóvenes y familias con menores. El aval cubría hasta el 20% del préstamo.

En 2024 llega el Bono Alquiler Joven, con 200 millones de euros y hasta 250 euros al mes durante dos años para jóvenes que cumplan los requisitos. No es suficiente, pero es dinero sobre la mesa.

Ese mismo año, dos decretos de vivienda presentados en el BOE han sido anulados en el Congreso con los votos de PP, VOX y Junts. Entre otras cosas, regulaban el alquiler de corta duración: los alquileres turísticos y de temporada pasan a estar sujetos a un sistema de registro y control mediante una Ventanilla Única Digital, con el objetivo de saber qué viviendas se destinan realmente a cada uso. También lo rechazó la derecha.

El Plan Estatal 2026-2030 y el bloqueo parlamentario

En 2026 el Congreso rechaza decretos del Gobierno que incluían nuevas medidas de protección para inquilinos y hogares vulnerables. No es que no hubiera medidas. Es que no consiguieron los votos necesarios. El Gobierno aprueba entonces un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una dotación anunciada de 7.000 millones de euros, que incluye construcción de vivienda pública, rehabilitación y ayudas al acceso. Las derechas votaron en contra.

El balance de estos ocho años no es que no se haya hecho nada. Es que lo hecho desde el Gobierno central se ha topado con un muro de competencias autonómicas y con una aritmética parlamentaria que ha tumbado decretos. Hay leyes, hay dinero y hay bloqueos. Los tres conviven en el mismo barrio.

Los datos aquí recogidos provienen de normas publicadas en el BOE y de cifras oficiales; cualquier decisión sobre compra, alquiler o ayudas conviene consultarla con un profesional o en la administración correspondiente.