Valencia: el doble de airverbenas que pisos en alquiler y aumento del chabolismo

Valencia: casi el doble de pisos turísticos que viviendas en alquiler​

¿Qué pasa cuando una ciudad tiene más alojamientos turísticos que casas disponibles para vivir? En València y su área metropolitana, un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) alerta de que la oferta de alquiler mengua de forma alarmante y de que el mercado inmobiliario «lleva camino de ser insostenible». Los precios de venta y alquiler subieron un 10% en el primer trimestre del año, y la cuota media de alquiler supera ya los 1.600 euros mensuales, según el mismo estudio. El resultado: jóvenes y colectivos vulnerables quedan expulsados de la compra y también del alquiler, y aumentan las personas que duermen en la calle o en asentamientos de chabolismo.

Casi el doble de pisos turísticos que en alquiler​

El dato que resume la distorsión del mercado valenciano es la proporción entre alojamientos turísticos y viviendas en alquiler residencial. Según el informe de la UPV, en la ciudad y su área metropolitana hay casi el doble de pisos turísticos que de pisos en alquiler. La oferta residencial se estrecha mientras la turística se expande, y eso presiona los precios al alza. La Cátedra considera un error negar la falta de oferta alegando la existencia de viviendas vacías: asegura que la gran mayoría no están en condiciones de habitabilidad, no tienen alta de luz y presentan un estado casi ruinoso. Es decir, no sirven como alternativa real.

La evolución de los precios en un piso concreto de Valencia, aportada como ejemplo en la discusión, muestra la escalada: 550 euros en 2007, 525 en 2009, 450 en 2012, 500 en 2015, 550 en 2018, 600 en 2020, 750 en 2022 y 1.000 euros en 2024, con 14 interesados el primer día. El salto se concentra en los últimos años, según ese ejemplo.

Por qué la oferta se retira del alquiler residencial​

Una parte del análisis sostiene que muchos propietarios han sacado sus pisos del circuito residencial ante el temor a impagos, a conflictos legales o a que recaiga sobre ellos hacer política social. En lugar de alquilar a largo plazo, optan por el alquiler turístico o por fórmulas de temporada —estudiantes, profesores, estancias cortas— que garantizan desalojo en junio y evitan los meses muertos. Otra corriente señala que la inversión en vivienda para alquilar está dominada por capital extranjero, con fondos que compran edificios enteros para explotarlos como alojamiento turístico o de temporada. El resultado es el mismo: menos pisos disponibles para vivir todo el año y precios más altos para los que quedan.

Hay quien defiende que la ley de la oferta y la demanda explica el fenómeno sin necesidad de buscar culpables ideológicos: hay escasez de vivienda y eso empuja los precios. Pero la escasez no es un hecho natural. La construcción de nueva vivienda se ha frenado por múltiples factores, y la conversión de residencial en turístico reduce aún más el stock disponible. La conclusión que se repite es que topar precios o subir el IBI a viviendas vacías no resuelve nada si no se aumenta la oferta habitable.

El chabolismo vuelve a la ciudad​

El informe de la UPV advierte de que el aumento de personas durmiendo en la calle o en asentamientos de chabolismo es una consecuencia directa de la imposibilidad de acceder a una vivienda. Con una cuota media de alquiler superior a los 1.600 euros mensuales, para los colectivos más precarios ni siquiera el alquiler de habitaciones —cuyos precios también se disparan— es una solución. La compra es inviable con los salarios actuales de los jóvenes. El círculo se cierra: menos oferta, precios más altos, más exclusión residencial y más chabolismo.

La comparación con otras ciudades españolas aparece en la discusión. En Burgos, por ejemplo, se encuentran alquileres por 450 euros o poco más en buenas zonas, mientras que en Barcelona esa cantidad apenas alcanza para una habitación en zona no degradada. La diferencia de precios entre ciudades refleja la distinta presión turística y de demanda, pero también la falta de políticas efectivas de vivienda en las zonas más tensionadas.

Medidas que no funcionan y propietarios que se retiran​

La discusión sobre las medidas tomadas contra el alquiler es recurrente. Una parte de los participantes sostiene que las políticas intervencionistas —control de precios, expropiaciones, límites a los alquileres— han empeorado la oferta en lugar de mejorarla. El argumento es que cada nueva regulación ahuyenta a más propietarios, que prefieren dejar el piso vacío, venderlo o pasarlo al turístico antes que someterse a normas que consideran hostiles. Otra parte señala que el problema no es la regulación, sino la falta de vivienda pública y la permisividad con los pisos turísticos, que deberían estar prohibidos o fuertemente limitados.

La evolución de los precios en el piso de Valencia citado antes sirve de termómetro: de 550 euros en 2007 a 1.000 en 2024, con un acelerón a partir de 2018. En ese periodo, las medidas regulatorias se han sucedido sin frenar la escalada. La conclusión que se extrae es que sin aumentar la oferta habitable de forma significativa, cualquier intervención sobre precios queda coja.

El debate sobre quién tiene la culpa​

Las posturas sobre la responsabilidad última del problema están enfrentadas. Hay quien culpa exclusivamente a los propietarios que suben los precios movidos por la avaricia, sin considerar que la Administración también tiene parte de culpa. Otros señalan a los fondos de inversión y al capital extranjero que compran vivienda para explotarla turísticamente. Y hay quien apunta a las políticas públicas: venta de vivienda protegida a fondos, falta de construcción de vivienda social, permisividad con los pisos turísticos y una fiscalidad que castiga la inversión en alquiler residencial.

El resultado es un mercado donde los jóvenes no pueden comprar, los vulnerables no pueden alquilar y los propietarios que quieren alquilar a largo plazo se enfrentan a una maraña normativa que les disuade. Mientras tanto, el chabolismo crece y la oferta residencial se reduce. La pregunta que sobrevuela es si alguna de las medidas anunciadas cambiará algo o si, como ironizan algunos, dentro de diez años seguiremos hablando de lo mismo.