URGENTE: Rumores fuertes en la prensa madrileña de que Antonio convoca elecciones

Rumores de elecciones generales: por qué suena la fecha del 29 de mayo​

Pedro Sánchez tendría decidida la convocatoria de elecciones generales. O eso asegura el rumor que recorre los mentideros de la capital, que ya ha puesto fecha al anuncio: el 29 de mayo. La hipótesis no sale de la nada. El presidente no puede disolver las Cortes antes de que se cumpla un año desde los últimos comicios, y, según ese mismo relato, las piezas encajarían: el reconocimiento solemne del Estado palestino estaría fijado para el día 28, de modo que el anuncio llegaría al día siguiente con la foto institucional ya cerrada. A partir de ahí, todo son versiones.

¿Por qué la fecha del 29 de mayo suena en todas las quinielas?​

Según un participante del debate, el detalle que ha convertido esa jornada en algo más que un rumor es una entrevista. Felipe González habría soltado la fecha en una conversación larga de televisión, mientras repartía críticas a otros dirigentes. No hubo anuncio ni filtración formal: solo un número que se quedó flotando en el aire. En unos círculos se leyó como un desliz revelador; en otros, como ocurrencia de un expresidente al que ya no le debe nada a nadie.

El argumento reglamentario es el que da cuerpo a la teoría. Cualquier escenario rápido se estrella contra la pared temporal de un año desde los últimos comicios, y eso abre la ventana justo en la última semana de mayo, con las europeas asomando en el horizonte. Los mentideros de la capital ya han hecho el resto: la fecha circula, se desmiente y vuelve a circular.

El 9J como termómetro: qué se juega el Gobierno en las europeas​

La corriente mayoritaria sostiene que nada se moverá antes de las europeas del 9 de junio. El razonamiento es simple: esos comicios funcionan como un sondeo real y, con los resultados en la mano, el presidente sabrá si le conviene aguantar o jugársela otra vez. Si el golpe es duro, la convocatoria anticipada se convierte en la salida menos mala.

Hay una segunda lectura, menos apocalíptica, según la cual el Ejecutivo se tragará el mal resultado y buscará desviar la atención con cualquier asunto de gestión. En esa versión, ERC acabaría apoyando en el último momento la investidura del candidato socialista en Cataluña, Salvador Illa; Carles Puigdemont se iría a su casa una vez aprobada la amnistía y un perfil más pragmático tomaría el mando de Junts para sostener al Gobierno los tres años que quedan.

Amnistía, concierto fiscal y una aritmética parlamentaria que no cuadra​

El atasco legislativo es el telón de fondo de todo el ruido. Con el reparto de escaños actual, sacar adelante cualquier norma se ha convertido en un ejercicio de funambulismo: el Ejecutivo apenas suma, y, según el análisis que circula, la amnistía sería la única ley con recorrido asegurado en toda la legislatura. Si esa norma sale adelante, el argumento del desgaste pierde fuelle y adelantar elecciones deja de tener sentido para quien las impulsaría.

Encima está el flanco catalán. Junts ha amenazado con forzar una repetición electoral si el PSC no facilita la investidura de Puigdemont, mientras el análisis que circula sostiene que los socialistas catalanes no necesitan ese apoyo porque les bastarían ERC y los Comuns. A eso se suma el preacuerdo entre PSC y ERC sobre un concierto fiscal que otorgaría a la Generalitat el control de los impuestos, el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, la salida del castellano de las aulas y un referéndum pactado, según las informaciones publicadas.

Por qué hay quien descarta la convocatoria​

Frente al clamor anticipado, buena parte del análisis lo tiene claro: no habrá elecciones mientras no se vea obligado. El argumento más repetido es la pérdida que supone soltar el poder y todo lo que arrastra. Y hay quien añade un cálculo puramente electoral: no convocará hasta que el CIS le dé diez puntos o más de ventaja sobre la oposición.

En esa línea, algunos sostienen que la propia amnistía le quita los incentivos para adelantar comicios, puesto que después de aprobarla ya no gana nada y sí mucho que perder. Otros apuntan a que el único escenario capaz de tumbarle sería una debacle que rompiera la mayoría parlamentaria, y ni siquiera eso es seguro con la geometría que salió de las urnas.

Una convocatoria en agosto: vacaciones, mesas electorales y urnas​

La posibilidad de que la cita caiga en pleno agosto es lo que más ha encendido los ánimos. Hay quien recuerda que el año pasado, el mismo día en que se perdieron las municipales y autonómicas, ya se anunció un adelanto, y más de uno pronostica que el guion se repetirá la noche del 9 de junio, con convocatoria veraniega incluida.

El coste de ese escenario es doméstico: vacaciones interrumpidas, citaciones para mesas electorales y desplazados que tendrán que votar por correo o renunciar. La advertencia más repetida es que quien se quede en casa porque prefiere no perder un día de playa no tiene derecho a quejarse del resultado. Y hay quien va más allá y sostiene que una cita en verano serviría para un fraude masivo, una acusación lanzada sin ningún indicio ni prueba que la sostenga.

Con la información disponible, la apuesta más razonable pasa por fijar la decisión después del 9 de junio, cuando el recuento permita medir el daño. El 29 de mayo sigue siendo la fecha más citada y, a la vez, la más frágil, porque depende de un calendario que todavía puede moverse. Habrá que ver si el rumor se queda en eso o si el anuncio llega antes de que media España vuelva del puente.