España verificará la edad en internet con certificado digital
El Gobierno prepara para el verano un sistema pionero de verificación de edad en internet. El mecanismo obligará a acreditar la mayoría de edad con el DNI electrónico o un certificado digital para acceder a determinados contenidos, según el anuncio recogido por
El País. La medida se presenta como una protección de los menores frente a la pornografía, pero el diseño técnico deja una pregunta incómoda: ¿quién custodia el registro de lo que consulta cada adulto?
El certificado digital convierte cada acceso en un rastro identificable, y ahí arranca el problema. Un sistema que exige identificarse antes de entrar en una web no solo filtra edades: asocia una identidad concreta a un contenido concreto. Quien gestione esos registros —el operador, la pasarela de verificación o la administración— dispondrá de un mapa detallado de hábitos privados de millones de personas.
Qué se sabe del sistema de verificación de edad
El anuncio llega con la etiqueta de pionero y con un calendario: verano. La verificación se apoyaría en el DNI electrónico y el certificado digital, herramientas ya extendidas entre la población adulta. La lógica oficial es sencilla: si el usuario demuestra que es mayor de edad, la web le deja pasar; si no, se bloquea.
El problema aparece en la letra pequeña. Las webs de contenido para adultos están, en su mayoría, alojadas fuera de España. Exigir a un portal extranjero que implante una pasarela de verificación con certificado español es, en la práctica, inviable. La alternativa es que el control recaiga sobre los operadores de internet, que tendrían que decidir qué es pornografía y qué no en cada conexión.
Ahí se mezclan dos cosas distintas: filtrar edades y clasificar contenidos. Lo primero es un trámite. Lo segundo es censura, se llame como se llame.
¿Por qué se cuestiona que el objetivo sea solo el porno?
Buena parte del escepticismo no apunta al porno, sino a lo que viene después. Una vez montada la infraestructura que identifica al usuario antes de acceder a una web, el catálogo de contenidos sujetos a verificación puede ampliarse sin necesidad de aprobar nada nuevo. Hoy es contenido adulto; mañana, cualquier sitio que no comulgue con la versión oficial.
La sospecha no es gratuita. El sistema crea un registro centralizado de accesos que no existía. Y ese registro, en manos de quien sea, tiene un valor evidente para cualquiera con interés en saber qué lee, qué ve y qué consulta la población.
Quien nada debe, nada teme, dice el manual del buen súbdito. El manual del ciudadano desconfiado dice otra cosa.
Control parental frente a control estatal
La alternativa técnica existe y es más barata: el control parental en el dispositivo. Es lo que hacen la mayoría de las familias que se preocupan por lo que ven sus hijos. Se instala en el móvil, en la tablet o en el ordenador, y filtra sin que nadie tenga que identificarse ante un servidor ajeno.
La diferencia es de escala y de titularidad. El control parental lo ejerce el padre o la madre. El control estatal lo ejerce una administración que, además, acumula datos.
Un sistema que exige DNI para ver según qué webs no protege al menor: vigila al adulto.
Las alternativas que ya circulan: VPN y fibra local
El bloqueo por IP es fácil de implementar y fácil de saltar. Una VPN —hay navegadores con versión gratuita integrada— redirige el tráfico y esquiva la lista negra del operador. El usuario que quiera acceder a un contenido bloqueado lo hará con dos clics, y el sistema habrá servido para recaudar datos y para molestar, no para impedir.
Hay quien va más allá y propone cambiar de operador. Las compañías locales, argumentan, tienen menos infraestructura para espiar, menos clientes que justifiquen una censura selectiva y reinvierten el dinero en la zona. El problema es que casi todas compran la conexión a un mayorista nacional, que es quien ejecuta el filtrado. La fibra propia existe, pero es rara y cara.
Qué pasa con los contenidos alojados fuera de España
Nada. Una web alojada en Rusia no va a implantar una pasarela de verificación con certificado español. El bloqueo, si llega, será por IP y desde el operador. Y el operador tendrá que decidir, conexión a conexión, qué es porno. Ese trabajo de clasificación no lo hace un funcionario: lo hace un algoritmo, con la tasa de error que todos conocemos.
El resultado previsible es un sistema que estorba al usuario medio, que no frena al que sabe usar una VPN y que deja un rastro de datos personales que nadie ha pedido. La pregunta no es si funcionará. La pregunta es a quién beneficia que exista.