Alvise Pérez necesita 15.000 firmas y su entorno denuncia retenciones
¿Cómo se recogen 15.000 firmas para presentarse a unas elecciones europeas cuando el propio servicio postal que debe transportarlas las deja paradas en una sede? Esa es la pregunta que sobrevuela la candidatura de Alvise Pérez como agrupación de electores. El plazo es el mismo para todos, el número de avales también, y sin embargo el relato que llega desde su entorno es el de una carrera de obstáculos: decenas de miles de envíos retenidos en Madrid, según sostienen sus responsables, y un recuento que ya supera las
135.000 firmas validadas.
La cifra, si se confirma, sería inédita. El propio candidato ha llegado a especular con que la cifra final pueda alcanzar las
250.000 firmas en toda España. Para una agrupación de electores que concurre por primera vez, el volumen tiene algo de fenómeno: no es un partido con estructura, ni sedes, ni militantes, sino una red de voluntarios con mesas en la puerta del metro y un mensaje anticorrupción que ha calado entre votantes desencantados.
Qué exige la ley para presentarse a las europeas
Las agrupaciones de electores que quieren concurrir a las elecciones europeas necesitan reunir un número determinado de firmas de apoyo, los llamados avales, en un plazo tasado. Es el mismo requisito para todos los proyectos que no son partidos consolidados, y ahí está el primer punto de fricción: el entorno del candidato sostiene que le exigieron
15.000 avales, una cifra que, según sus críticos, es la que se pide a cualquier formación en su situación.
El sistema de recogida tiene una particularidad que explica buena parte del ruido: las firmas se envían por correo certificado a la junta electoral correspondiente. Si el servicio postal falla, el aval no llega. Y si no llega, no cuenta. De ahí que el foco se haya puesto en Correos, la empresa pública que depende del Gobierno, y en la sospecha —no probada— de que los envíos estén siendo retenidos de forma deliberada.
Hay quien ve en esto un patrón conocido: el voto por correo y los envíos certificados como punto débil del sistema. Quien sostiene esa tesis recuerda que ya ha habido episodios de papeletas que no llegaron o de documentación electoral extraviada. Quien no la sostiene responde con el argumento contrario: los plazos y los requisitos son idénticos para todos, y si hubiera irregularidad, el camino es el juzgado, no el mitin.
Correos, el eslabón que nadie controla
El operador postal se ha convertido en el centro del relato. Según la versión que circula entre los simpatizantes, hay decenas de miles de cartas certificadas acumuladas en la sede de Madrid sin ser entregadas en la auditoría donde se recuentan los avales. La empresa no ha confirmado esa retención, y sin confirmación oficial la acusación queda en el aire: es una afirmación de parte, no un hecho acreditado.
Lo llamativo es el método. El recuento de firmas se hace a mano, una por una, y las cifras se van publicando conforme se cuentan. No hay notario, no hay acta pública, no hay verificación independiente del proceso. Eso deja el dato en tierra de nadie: puede ser un fenómeno real de movilización o puede ser una operación de victimismo bien construida. Las dos cosas caben en el mismo relato, y eso es exactamente lo que divide a la opinión.
La paradoja es que el propio candidato ha pedido a sus seguidores que se abstengan de votar por correo el 9 de junio. Si el problema es el correo, la solución que propone es no usarlo. Para sus críticos, esa petición es la prueba de que el discurso no busca arreglar nada, sino alimentar la desconfianza en el sistema.
Las dos Españas del aval: militancia contra escepticismo
En un lado están los que han firmado y no ven el problema. Describen mesas en la puerta del metro con colas de gente, voluntarios que no dan abasto y un hastío social que se traduce en firmas. Para ellos, el fenómeno es la prueba de que hay un electorado huérfano que ningún partido ha sabido captar, y la resistencia de las instituciones es la confirmación de que molestan.
En el otro lado están los que dudan. Si el candidato tiene
500.000 seguidores en redes, argumentan, no debería tener problema en reunir 15.000 avales. La pregunta que lanzan es incómoda: ¿son reales esos seguidores o son una métrica inflada? Y si son reales, ¿por qué hay que mendigar firmas por la calle?
Entre ambos extremos hay una corriente que no compra ninguna de las dos narrativas. Señala que el CIS ha colocado al candidato en sexta posición antes incluso de que su candidatura estuviera oficializada, y que ese dato no encaja con la imagen de un proyecto perseguido. Si el sistema le perjudica, ¿por qué las encuestas públicas le favorecen? La respuesta que se da desde el otro lado es que el CIS busca fragmentar el voto de la derecha, no impulsar al candidato.
El cálculo que nadie ha desglosado
El núcleo del asunto es aritmético. Si se han recogido 135.000 firmas y se necesitan 15.000, el margen es de nueve a uno. Con ese colchón, la retención de unos miles de envíos no debería ser letal. La pregunta, entonces, no es cuántas firmas hay, sino cuántas llegan a tiempo y cuántas se pierden por el camino.
Ahí es donde el relato se vuelve opaco. No hay auditoría externa, no hay registro público de envíos, no hay forma de verificar cuántas cartas salieron y cuántas llegaron. El cálculo completo, desglosado partida a partida, daría una diferencia que sorprende, pero nadie lo ha puesto encima de la mesa con documentos. Solo con tuits.
Y mientras tanto, el reloj corre. El plazo es el que es, y las firmas que no lleguen no se recuperan. La candidatura se juega su presencia en las europeas en una oficina de correos.
Al final, la historia tiene un aire familiar: un candidato que dice que el sistema le bloquea, un servicio público que no confirma ni desmiente, y una masa de votantes que decide si cree al uno o al otro. Si las firmas llegan, el fenómeno es real. Si no llegan, la culpa ya tiene nombre. En cualquiera de los dos casos, alguien saldrá a decir que lo sabía.