Unos alborotadores de miêrda nos han puesto unas pancartitas

Pintadas contra un cargo electo y 300 euros de grúa​

Un cargo público local relata que varias pintadas amanecieron en su municipio. No en un rincón: en la plaza mayor frente al ayuntamiento, en el parque y en dos rotondas. Dos de ellas, sostiene, dirigidas específicamente contra su persona. Y el escenario elegido no es casual, porque coinciden con un evento municipal que arrastra gente de todo el contorno. La reacción del afectado, en un tono entre la chulería y la amenaza velada, es la que abre esta historia: «Si se creen estos que no habrá consecuencias es que son aún más... de lo que pensaba».

Lo que sigue no es una crónica de vandalismo urbano. Es el retrato de cómo un cargo electo gestiona la ofensa, qué instrumentos tiene a mano y hasta dónde está dispuesto a llegar con ellos. Porque en el transcurso de la conversación, el protagonista pasa de quejarse a presumir de represalias concretas.

De la pintada a la grúa: el relato de las represalias​

El salto de tono llega pronto. El cargo electo asegura que una persona concreta —a la que describe con desprecio y sin dar nombre— va a tener que volver andando a casa porque no le da para taxi, y que mañana tendrá que buscar de dónde sacar 300 euros si quiere recuperar su vehículo del depósito. Es decir: la respuesta a unas pintadas no es una denuncia, es una grúa.

El mensaje no se queda ahí. Añade que «los otros tontitos caerán como fruta madura tarde o temprano», lo que convierte la anécdota en un aviso con vocación de programa. La conversación, entonces, deja de girar sobre quién pintó qué y empieza a girar sobre quién tiene la llave del depósito municipal.

Hay un detalle que el propio protagonista introduce y que complica el cuadro: se define como «un humilde servidor público electo» y, preguntado por si está enchufado en algún cargo, responde que en todo caso él sería «el enchufador», aunque matiza que no hace «esas cosas tan feas». La broma dura lo que tarda otro interviniente en recordarle que vive del dinero de los contribuyentes.

¿Qué pone en las pancartas? La pregunta que nadie contesta​

A lo largo de toda la conversación hay una pregunta que se repite y que nunca obtiene respuesta. Varios intervinientes piden el contenido literal de las pintadas, fotos, una descripción, cualquier cosa. El afectado responde con evasivas, con sarcasmo o directamente cambiando de tema. «¿No quieres también un selfie?», contesta en un momento dado.

Esa ausencia es relevante. Sin el texto de las pintadas, sin saber qué se le imputa, la discusión se queda en el terreno de la queja personal y no en el de la censura o el señalamiento público. Quien exige saber qué se ha escrito no lo hace por morbo: sin el contenido, no hay forma de juzgar si la reacción es proporcionada o desproporcionada.

La cosa se enreda cuando alguien pregunta si son pintadas o pancartas. El protagonista responde con sorna: «¿No sabéis diferenciar entre una pancarta y una pintada?». La distinción no es menor, porque una pancarta se retira y una pintada se borra, pero las consecuencias legales y la respuesta municipal son distintas en cada caso.

El cargo electo que presume de no necesitar el sueldo​

En paralelo al asunto de las pintadas, el protagonista despliega un currículum con el que pretende desactivar cualquier crítica. Afirma que nació «a gastos pagados», que si quisiera no tendría que trabajar ni dedicarse al caciqueo, que acumula casi 19 años cotizados y que solo ha estado cuatro meses sin empleo desde que terminó la carrera. Frente a eso, descalifica a un interviniente por no haber cotizado «ni 19 segundos».

El argumento tiene su lógica interna: si no necesito el cargo, no me mueve el interés. Pero también tiene un problema, y es que la conversación demuestra justo lo contrario. Alguien que no necesitara el cargo no estaría dedicando el tiempo que dedica a responder, provocar y amenazar con la grúa. La independencia económica, en este caso, no se traduce en indiferencia, sino en impunidad percibida.

En otro momento afirma haber dimitido y renunciado a algo —la frase queda cortada en el material disponible—, lo que añade una capa de confusión sobre su situación actual. No queda claro si sigue en el cargo, si lo dejó o si lo dejó y volvió.

El vecindario que no se cree el papel de víctima​

La conversación no tarda en girar contra el protagonista. Varios intervinientes le acusan de haberse abierto una cuenta para reírse de los contribuyentes que le pagan, de manipular capturas de diccionario para quedarse solo con las acepciones que le convienen, y de disparar «mierda como un aspersor» sin saber a quién responde. Uno resume el asunto con una frase que funciona como diagnóstico: «hasta el más pírrico poder corrompe a las personas».

Hay también quien introduce el ángulo del tiempo libre. Un interviniente sostiene que no se puede ganar a los «rojos» en disponibilidad horaria porque «tienen todo el tiempo del mundo», y que aunque sean pocos «disponen del mismo tiempo que un pensionista». Es una forma de decir que el activismo de bajo coste siempre encuentra horas donde el trabajador no las tiene.

El desenlace del material no ofrece resolución. No hay identificación de los autores de las pintadas, no hay denuncia confirmada, no hay expediente de la grúa. Solo un cargo electo que promete consecuencias y un vecindario que le responde con la misma moneda. La pregunta que queda flotando es la más incómoda: si de verdad tiene la llave del depósito, ¿cuántos de los que le critican van a acabar pagando 300 euros por decir lo que piensan?