Una turba ha intentado asaltar el cuartel de la Guardia Civil de Barbate

Una turba asalta el cuartel de Barbate y amenaza a los guardias​

Media tarde en Barbate. Una patrulla de seguridad ciudadana da el alto en la calle Ancha a un coche que circula a gran velocidad. Bajan cuatro ocupantes y empiezan a increpar a los agentes. Aprovechando el revuelo, uno vuelve al vehículo y huye a toda velocidad, atropellando a un guardia civil. Media hora después, más de una veintena de personas se agolpan en la puerta del cuartel dando patadas y puñetazos, y exigen que se abra. Los agentes, en minoría, la cierran. Y llegan las amenazas: «Os vamos a matar, tenemos armas de guerra… Os tenía que pasar como a los del puerto».

La referencia no es casual. El 9 de febrero, dos guardias civiles murieron en la zona portuaria del municipio tras ser embestidos por una narcolancha. Quien asaltaba el cuartel estaba recordando, en voz alta, ese doble asesinato.

Quién estaba en la puerta y a quién pedía explicaciones​

El grupo que se presentó en las dependencias pertenece, según las informaciones publicadas, a un clan familiar vinculado al narcotráfico que se desplazó hasta allí para pedir explicaciones por la identificación de uno de sus miembros horas antes. El detonante fue un control de tráfico rutinario que terminó con un coche huyendo y un agente en el suelo. Cuando los guardias comprobaron las intenciones de los recién llegados, cerraron las puertas.

El resto es un patrón que se repite. Los agentes se sintieron amenazados, se replegaron a instruir diligencias y, media hora más tarde, tenían a la turba en la puerta. No fue un arrebato espontáneo de un barrio: fue una demostración de fuerza de una organización que sabe dónde vive el Estado y a qué hora está solo.

El asalto no era el primero: el precedente del 16 de febrero​

Siete días después del doble homicidio, otro clan se plantó en el mismo cuartel. En aquella ocasión, dos familias acudieron a presentar una denuncia por agresión y el asunto terminó con tres agentes con lesiones leves y daños en la puerta de las instalaciones. Dos asaltos en once días al mismo edificio dibujan algo más incómodo que una anécdota local: la percepción, cada vez más extendida entre quien trabaja allí, de que el cuartel ha dejado de ser un lugar disuasorio para convertirse en un objetivo.

¿Qué ha cambiado un mes después del asesinato de Barbate?​

Poco, según la asociación profesional Jucil, que denuncia que «nada ha cambiado» y que el narco sigue campando por la costa andaluza. La respuesta institucional tampoco invita al optimismo: el ministro del Interior rechazó un plan del Consejo General del Poder Judicial para reforzar a la Guardia Civil contra el narcotráfico. Y la nueva convocatoria de vacantes no contempla más efectivos para Barbate: 27 guardias civiles más para toda la provincia de Cádiz, que agrupa dos comandancias. La Janda, Chiclana, Sanlúcar o la Sierra no ven aumentadas sus plantillas operativas.

A eso se suma el vacío político. Ningún grupo parlamentario ha tomado la bandera de una comisión de investigación que depure responsabilidades por la inacción frente a las mafias que controlan el paso de estupefacientes. El asunto se ha quedado sin dueño.

Juzgados saturados y una actividad que no es delito​

El CGPJ ha abierto una investigación sobre la saturación de 19 juzgados andaluces, después de un informe que retrata la presión del narcotráfico y la falta de medios: hay órganos que multiplican por cuatro los asuntos en trámite de otros similares. Y luego está la pieza que casi nadie mira. El petaqueo —suministrar combustible a las narcolanchas— conlleva únicamente una infracción administrativa, no un delito, y era la actividad a la que supuestamente se dedicaban varias naves intervenidas.

Tiroteos, 500 kilos en Barcelona y un fugado en Tánger​

El goteo de sucesos no ayuda a sostener el relato de la normalidad. Dos bandas se tirotearon en plena autovía Jerez-Sanlúcar; en otro vuelco de drogas en Jerez la Policía intervino 30 fardos de hachís; cinco narcolanchas embistieron a una patrullera del Servicio Marítimo en Algeciras. En Barcelona, 18 detenidos, 500 kilos de droga, armas y 50.000 euros en efectivo, con ramificaciones hacia la mafia italiana.

Y en Tánger vive, a cuerpo de rey, el narco más buscado de Europa, fugado desde 2019. Una parte del análisis señala a Marruecos como retaguardia del negocio; el material publicado no aporta pruebas de esa conexión institucional, más allá de la evidencia de que quien huye hacia el sur no vuelve.

Dónde se atasca el análisis​

En los márgenes de la discusión aparece la tentación de siempre: convertir un problema de medios, de juzgados y de complicidad económica en un asunto de origen o de nacionalidad. Los datos del caso no sostienen ese atajo. Lo que sostienen es un negocio que mueve suficiente dinero como para que un clan se sienta con derecho a dar golpes en la puerta de la Guardia Civil.

Circularon citas del presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre gobiernos cómplices, comparaciones con la impunidad de los años de plomo y peticiones de estado de excepción. Nada de eso responde a la pregunta que de verdad incomoda, la que se queda sin contestar en cada cuartel de la costa: cuántos agentes hay un viernes por la tarde en una comarca donde el dinero del hachís compra más que el sueldo de un guardia.