Una hostelera asegura que paga "más de 1.300 euros" a sus trabajadores: "el problema no es el sueldo, sino el precio de la vivienda"

Pagar 1.300€ no basta si el alquiler se come 1.100€​

¿De qué sirve subir el sueldo si el alquiler se lo traga entero? Esa es la pregunta que sobrevuela el caso de Labia Talbi, una hostelera que en laSexta Xplica defendió que en su empresa se paga «más de 1.300 euros» y que, aun así, hay camareros que viven en pensiones porque no llegan a fin de mes. Su tesis es incómoda para casi todos: el problema no es el salario, es la vivienda. «No es el sueldo, porque ese chico por más que cobre 1.700 euros está pagando 1.100 de alquiler y se lo quieren subir más», argumentó. La empresaria sostiene que ella no puede subir más la nómina y que el nudo está en un mercado residencial que se ha convertido en el principal factor de expulsión de los trabajadores de las zonas donde hay empleo.

El asunto, fechado en junio de 2024, ha reabierto una discusión que va mucho más allá de la hostelería: la vivienda como fondo de todos los problemas sociales. La brecha entre salario y coste de vida ya no se explica solo con el alquiler; también con la alimentación, los suministros y el transporte. Y en medio, un mercado laboral estacional que paga 1.300 euros por trabajos que en zonas tensionadas equivalen a poco más que la supervivencia.

¿Por qué 1.300 euros no llegan a fin de mes?​

La respuesta corta: porque en buena parte de España el alquiler se ha comido el salario. El caso que describe Talbi no es una excepción: un trabajador que cobra 1.700 euros y paga 1.100 de alquiler se queda con 600 para comer, luz, agua, transporte y cualquier imprevisto. Si el arrendador sube la renta, la ecuación se rompe. Y si el empresario no puede subir más el sueldo, el trabajador se va. O vive en una pensión.

Ese es el círculo que la hostelera pone sobre la mesa: el problema no es solo cuánto pagas, sino cuánto se lleva el rentista. En el análisis económico que circula por el sector, la vivienda aparece como el factor que absorbe cualquier mejora salarial. Subir el SMI sin tocar el mercado del alquiler es, para esta corriente, echar agua en un cubo roto.

Hay quien va más allá y sostiene que el fenómeno no es exclusivo de la hostelería: afecta a cualquier actividad que dependa de trabajadores que deben vivir cerca del puesto. En zonas turísticas, hay quien afirma que el alquiler por habitación se acerca al SMI, lo que convertiría en inviable mantener plantillas estables. La consecuencia es conocida: rotación, temporalidad y trabajadores que duermen donde pueden.

El rentismo como chivo expiatorio y como diagnóstico​

En la discusión económica española hay una corriente que señala directamente al rentismo: propietarios que no aportan valor productivo y que capturan la renta de los que trabajan. Según esta tesis, el problema no es que los sueldos sean bajos en términos absolutos, sino que una parte creciente de la tarta se la queda quien posee el activo inmobiliario. La vivienda se ha convertido en el cuello de botella de la economía, y no solo para los jóvenes.

Frente a ese diagnóstico, otra línea de análisis recuerda que el mercado de alquiler en España era históricamente pequeño y que la oferta la componen en su mayoría pequeños propietarios, no grandes fondos. El porcentaje de vivienda en manos de inversores institucionales es, según esta versión, irrelevante para mover el precio. El problema sería de oferta: se construye poco, se regula mal y la demanda crece por factores demográficos y migratorios.

El choque entre ambas lecturas es el corazón del asunto. Unos ponen el foco en la distribución de la renta; otros, en la cantidad de vivienda disponible. Y en medio, el trabajador que cobra 1.300 euros y no puede pagar 1.100 de alquiler.

¿Cuánto debería ser un sueldo digno en España?​

La pregunta no tiene una respuesta única, pero en el material aparecen algunas cifras que sirven de referencia. Hay quien calcula que un sueldo digno debería rondar los 2.000 euros netos: 1.000 para vivienda, 400 para alimentación y suministros, 300 para coche y 300 para ocio e imprevistos. Con 1.300 euros, esa estructura es imposible. El salario medio necesario para vivir desahogado se ha desacoplado del salario real, y la hostelería es uno de los sectores donde más se nota.

En el extremo opuesto, hay quien sostiene que 1.300 euros por una jornada completa es un sueldo bajo incluso para los años en que se firmó el convenio, y que el problema no es solo la vivienda: también la alimentación se ha disparado. La cesta de la compra se ha encarecido hasta el punto de que 1.300 euros equivalen, en poder de compra, a mucho menos que hace una década.

La conclusión que se extrae de los números es incómoda: la conversación sobre el SMI se queda corta si no se aborda el coste de la vivienda. Subir el salario mínimo sin tocar el mercado del alquiler puede acabar financiando al propietario, no al trabajador.

La trampa de la oferta: menos pisos en alquiler, precios más altos​

Una parte del análisis apunta a un efecto perverso de la regulación: si el propietario percibe riesgo de impago o de ocupación, retira la vivienda del mercado. El resultado es menos oferta y precios más altos para los que quedan. En el material hay un testimonio directo de esa dinámica: un propietario que, tras quedarse con una sola vivienda alquilada en su urbanización, decide dejarla cerrada cuando la inquilina actual se marche, para no asumir el riesgo.

Ese comportamiento, si se generaliza, reduce aún más la oferta y presiona los precios al alza. La inseguridad jurídica del arrendador se traduce en menos alquiler disponible, lo que a su vez expulsa a los trabajadores de las zonas con empleo. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Hay quien propone atajar el problema con fiscalidad: penalizar la acumulación de vivienda vacía con un IBI creciente por número de inmuebles. La idea es que el coste de mantener pisos cerrados empuje a sus dueños a alquilarlos, aumentando la oferta y bajando los precios. Otros recuerdan que la vivienda vacía no es un fenómeno nuevo y que su impacto real en el mercado es limitado.

El final abierto: ni los sueldos ni la vivienda se arreglan solos​

La discusión no tiene cierre. La hostelera sostiene que ella paga lo que puede y que el problema está en otro sitio. Los trabajadores cobran lo que cobran y el alquiler se lo come. Los propietarios dicen que el riesgo no compensa. Y el regulador, mientras tanto, legisla a golpe de decreto sin que ninguna de las piezas encaje.

Lo único claro es que 1.300 euros y 1.100 de alquiler no es una combinación sostenible. Y que mientras el debate se centre en el SMI y no en el precio de la vivienda, la cuenta seguirá sin salir. Ironía fina: todos señalan al otro, y el que paga la fiesta es el mismo de siempre.