Un experto inmobiliario saca a la luz el "plan secreto" del gobierno para regular el alquiler: "ya ha comenzado"

Un experto afirma que el plan del Gobierno para el alquiler ya se aplica en Barcelona​

La regulación del alquiler temporal y de habitaciones parecía una medida tibia. No lo era. La clave está en una cláusula que condiciona la legalidad de estos arrendamientos a la normativa urbanística de cada ayuntamiento, lo que abre la puerta a que los consistorios los prohíban de facto en barrios enteros. El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez sostiene que el «plan secreto» del Ejecutivo «ya ha comenzado» y señala a Barcelona como el laboratorio donde se está probando el modelo: la ciudad ya tramita el cambio de su planeamiento urbanístico para cerrar la persiana a los pisos turísticos y a los alquileres por habitaciones.

Qué cambia con el registro digital de alquileres​

La norma exige el registro digital de los inmuebles y habitaciones destinados al alquiler temporal. Hasta ahí, puro trámite. El problema viene después: la inscripción no basta si el planeamiento urbanístico municipal no contempla ese uso. Es decir, el Estado fija el marco y los ayuntamientos deciden si aprietan el tornillo. Barcelona, pionera en esto de regular antes que nadie, ya ha aprobado inicialmente en su Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda la normativa que persigue el uso fraudulento de esta modalidad. El texto, además, se acompaña de la intención de retirar del mercado más de 10.100 pisos turísticos.

Hay quien lee aquí una simple medida de ordenación urbana. Y hay quien ve algo bastante más grande: el primer paso para que el alquiler de temporada deje de ser un coladero y se convierta en un uso residual. El precedente catalán, sostienen los más pesimistas del sector, se replicará en otras ciudades a lo largo de 2025.

El impuesto a los propietarios con más de tres casas​

A la regulación urbanística se suma otro frente fiscal. Según informaciones periodísticas, el Gobierno prepara un impuesto dirigido a los propietarios de más de tres viviendas, con el objetivo declarado de «desincentivar la especulación y poner coto a la vivienda turística y otros usos» considerados fraudulentos. La combinación de ambas medidas dibuja un escenario incómodo para el pequeño tenedor de pisos, ese que compró dos o tres inmuebles como complemento de renta y que ahora ve cómo se le acumulan las obligaciones: registro, inspecciones, sanciones y un recargo fiscal.

La respuesta del sector no se ha hecho esperar. Una parte del análisis sostiene que gravar al propietario no abarata el alquiler, sino que reduce la oferta y empuja los precios hacia arriba. El argumento contrario es que el parque de vivienda en manos de particulares se ha convertido en un negocio de rentabilidad creciente y riesgo decreciente, y que sin intervención el acceso a la vivienda se vuelve imposible para quien no hereda. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, y ese es justo el problema.

Huelgas de alquiler y el pulso por el fraude de ley​

El malestar no se queda en los despachos. En Salou, 23 familias de un bloque de vivienda social han iniciado una huelga de alquileres. El gesto, todavía minoritario, apunta a un cambio de humor social que algunos leen como la antesala de conflictos mayores. La pregunta de fondo es si el marco legal actual permite desalojar a un inquilino que deja de pagar cuando alega condiciones abusivas, y qué coste político tiene hacerlo.

Mientras tanto, la maquinaria administrativa se prepara para apretar. Se habla de líneas verdes para que los vecinos denuncien pisos turísticos ilegales, de más inspecciones y de un régimen sancionador que obligue a declarar cada euro. La «matrícula digital» del alquiler, con sus obligaciones de registro y su rastro fiscal, apunta al mismo sitio: que no quede ni un contrato fuera del radar.

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La foto que queda es la de un mercado partido en dos. Por un lado, los grandes tenedores y los fondos, que aguantan impagos, pleitos y años de vacío sin despeinarse. Por otro, el propietario particular con hipoteca, que necesita cada euro de la renta para pagar la cuota y que ahora descubre que su plan de jubilación tiene fecha de caducidad regulatoria. ¿Cuántos de esos pequeños propietarios aguantarán el tirón antes de vender, y a quién le venderán?