Ultima ocurrencia de Sánchez: toda la información electoral será secreto nacional = No se va a ir.

Interior clasifica la información electoral como secreto nacional​

El Ministerio del Interior ha aprobado la Orden INT/2026, un documento de 12 páginas que actualiza la política de seguridad para la información clasificada y permite restringir el acceso a datos electorales bajo la etiqueta de seguridad nacional. El texto, aún en borrador y pendiente de publicación en el BOE, crea el Servicio de Protección de la Información Clasificada (SPIC) y establece categorías como «uso oficial» o «difusión limitada» que, en la práctica, pueden congelar el acceso público a resultados provisionales, investigaciones de irregularidades o datos sobre seguridad en votaciones. La oposición denuncia un pucherazo en ciernes; el Gobierno aún no se ha pronunciado.

Qué dice exactamente la Orden INT/2026​

El documento, filtrado y difundido en redes, amplía la capacidad de la administración para clasificar información sensible. Según el texto, la información de «uso interno» no podrá ser objeto de transmisión fuera del departamento ministerial, y la de «uso oficial» quedará limitada por el principio de necesidad de conocer. El SPIC será el órgano encargado de ejecutar este control, con potestad para decidir qué se clasifica y qué no. La orden se apoya en normativa europea que, según los críticos, no fue diseñada para este fin.

La sombra que planea sobre el proceso electoral es evidente: si un ciberataque, una irregularidad en el escrutinio o un resultado preliminar pueden etiquetarse como materia de seguridad nacional, la ciudadanía pierde la capacidad de verificar qué se votó y cómo se contó. El propio Ministerio del Interior gestiona las elecciones a través de Indra, cuyo contrato incluye cláusulas de confidencialidad que ya blindan el código fuente. Ahora, las actas también podrían quedar fuera del alcance del Parlamento.

El cuarto poder electoral que nunca existió​

España carece de un poder electoral independiente al estilo de otros países. La gestión recae en el Ministerio del Interior, y la Junta Electoral Central (JEC) actúa como órgano de arbitraje pero sin capacidad de auditar el software. El código de Indra es secreto industrial; las actas son «públicas» sobre el papel, pero inaccesibles en la práctica. La JEC, en una sesión del 17 de octubre de 2024, solicitó al Ministerio que adoptara medidas urgentes para digitalizar y publicar las actas, una petición que, a la luz de la nueva orden, parece haber caído en saco roto.

La comparación con Francia no mejora el panorama: el país vecino tampoco tiene una autoridad electoral independiente y el Ministerio del Interior supervisa el proceso, con un Consejo Constitucional que interviene a posteriori. El software de recuento no es auditable. La diferencia es que en Francia no se ha aprobado una orden para clasificar la información electoral como secreto nacional.

Las sospechas de fraude que nunca se probaron​

El hilo recoge múltiples acusaciones de fraude electoral en comicios anteriores, desde las elecciones europeas hasta las generales de 2023. Se menciona un presunto amaño en las primarias del PSOE, el caso Koldo y la sospecha de que Indra se audita a sí misma. Ninguna de estas acusaciones ha sido probada judicialmente. La demanda admitida a trámite por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a instancias de Iustitia Europa es el único frente judicial abierto, pero su admisión no implica una sentencia favorable.

La orden, según los críticos, no hace más que formalizar lo que ya era una realidad: la opacidad del sistema electoral español. La diferencia es que ahora esa opacidad tendría cobertura legal explícita, lo que dificultaría aún más cualquier intento de auditoría ciudadana o parlamentaria.

Qué puede pasar ahora​

La orden está en fase de borrador y pendiente de publicación en el BOE. Una vez publicada, entrará en vigor y el SPIC comenzará a operar. La oposición ha anunciado que recurrirá la norma, pero el calendario judicial es lento. Mientras tanto, las próximas elecciones generales se celebrarán bajo este nuevo marco, lo que añade incertidumbre sobre la transparencia del proceso.

El dato que descoloca: la JEC ya pidió en octubre de 2024 que se digitalizaran y publicaran las actas. Un año después, el Ministerio del Interior responde clasificándolas. No es un error de comunicación. Es una decisión política.