Trump: "Estados Unidos estará acabado si los demócratas ganan las elecciones".

Donald Trump ha advertido de que Estados Unidos estará «acabado» si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia en 2028, y ha prometido vetar cualquier ley de la oposición si pierde el control del Congreso. Las encuestas dan a los demócratas favoritos en la cámara baja para las legislativas del 3 de noviembre.

La advertencia no es nueva en su boca, pero esta vez la formuló con una fecha y un escenario concretos. Donald Trump aseguró que las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre abren un ciclo decisivo para el Partido Republicano: si la oposición demócrata gana ahora ambas cámaras y después la Presidencia en 2028, el país estará «acabado». Lo dijo en una entrevista con el programa de la columnista conservadora australiana Miranda Devine, y lo apoyó en una comparación con Elon Musk: «Como perdamos la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia, este país está acabado».

Conviene separar las piezas. Trump no se presenta en 2028: está cumpliendo el máximo de mandatos que fija la Constitución y, de momento, no hay sucesor claro a la vista. Su frase, por tanto, no describe una derrota personal futura sino una cadena de derrotas del partido. Y la primera estación de esa cadena es el 3 de noviembre. Las últimas encuestas conceden a los demócratas la victoria en la Cámara de Representantes y no descartan que se hagan también con el Senado, aunque ahí el desafío es mayor porque hay varios estados clave todavía en juego.

Qué puede hacer un presidente sin Congreso

Si los demócratas se quedan con la Cámara de Representantes, Trump ya ha anunciado qué piensa hacer: vetar. «Me voy a convertir en míster Veto», avisó. Su razonamiento es que la oposición tendrá que negociar con él «como siempre ha pasado». La herramienta es real y está en la Constitución: el veto presidencial obliga a reunir dos tercios de cada cámara para aprobar una ley por encima de la negativa de la Casa Blanca. Con una mayoría demócrata simple en la cámara baja, ese umbral queda lejos.

El resultado práctico de ese pulso sería un desierto legislativo de dos años. La oposición puede aprobar proyectos, pero sin capacidad de superar el veto presidencial se quedan en gestos. A cambio, el Congreso conserva otra palanca que no necesita firma presidencial: investigar. Una cámara hostil puede citar comparecencias, pedir documentos y abrir comisiones que desgasten al ejecutivo. Es presión política, no legislación.

El tercer escenario, el de perder también el Senado, cambia la naturaleza del bloqueo. La Cámara Alta es la que confirma a los miembros del gabinete y a los jueces federales, incluidos los candidatos al Tribunal Supremo. Con mayoría demócrata, Trump no podría colocar a sus nominados. Y ahí hay una cuenta pendiente: las especulaciones sobre una vacante giran en torno a Samuel Alito, de 76 años, y Clarence Thomas, de 77. Un puesto libre con Trump en la Casa Blanca le permitiría nominar a un juez joven afín a su ideario para décadas. Con el Senado en manos demócratas, esa posibilidad se estrella.

La agenda económica que la oposición quiere deshacer

El plan demócrata para los primeros 100 días, según lo que han anticipado sus dirigentes, pasa por revertir partes de la agenda económica del republicano. Los tres frentes que se citan son la recuperación de las ayudas para afrontar el coste de los seguros médicos, la eliminación de los recortes al Medicaid y la lucha contra los aranceles. Es decir, sanidad y precios: los dos terrenos donde la oposición cree que puede rascar votos.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha dejado la puerta abierta a un proceso de destitución, que sería el tercero en la carrera de Trump tras el intento de coaccionar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski para investigar al hijo de Joe Biden en 2019 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pero su prioridad declarada es otra: «Comenzar con esfuerzos para hacer más asequible la vida de los estadounidenses». Su diagnóstico de campaña es que «el coste de la vida es demasiado elevado y muchísimas personas que trabajan arduamente y siguen las reglas no pueden prosperar».

Hay más objetivos sobre la mesa. Abordar las guerras de Irán y Ucrania, poner límites al poder ejecutivo de Trump y regular la inteligencia artificial. En defensa, el control de ambas cámaras permitiría forzar un recorte del gasto militar para presionar al presidente y obligarle a pedir permiso si quiere continuar su campaña bélica en Oriente Próximo. En Ucrania, un país al que Trump ha dado la espalda tras levantar las sanciones al diésel ruso, una mayoría demócrata podría traducirse en nuevas ayudas, incluso si necesitara dos tercios de la Cámara para superar el veto presidencial. Varios congresistas republicanos se han mostrado a favor de enviar fondos para acabar con una guerra que cumplirá cinco años en febrero.

El miedo republicano a una subida de impuestos

Al otro lado, el senador que lidera la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, teme que una oleada demócrata se traduzca en una subida de impuestos y en escenarios que ha calificado de «horribles». Entre ellos, ampliar el número de magistrados del Tribunal Supremo o aprobar que Puerto Rico y Washington DC tengan estatus de estado, lo que serían el 51 y el 52 de la Unión. Son dos escaños más en el Senado y, en el caso del Supremo, la posibilidad de cambiar su equilibrio interno.

Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, ha puesto el acento en los jueces: «Una de las razones por las que debemos asegurarnos de hacer todo lo posible para recuperar el Senado es evitar que Trump coloque a jueces tan terribles en la Corte Suprema y en los tribunales de menor instancia». La frase resume bien lo que está en juego: no solo leyes, también quién las interpreta durante las próximas décadas.

El analista William Galston, del Brookings Institution de Washington, describe el escenario con más precisión que cualquier eslogan: un Congreso bajo control demócrata «podría cuestionar las acciones del presidente a cada paso, ralentizando —y tal vez deteniendo— la constante expansión del poder ejecutivo observada desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, y dificultando que un futuro presidente, de cualquier partido, siga los pasos de Trump». Ni el fin del país ni un paseo: un freno.

La duda sobre el recuento que Trump volvió a sembrar

Trump también puso en duda la integridad de las elecciones. Los tribunales han desestimado varias de sus iniciativas para bloquear recuentos, como ocurrió en Alaska, donde se alegó que el candidato republicano Dan Sullivan y el independiente Daniel J. Sullivan se llaman prácticamente igual y los votantes podrían confundirse. Preguntado por si esperaba unas elecciones honradas, respondió con un «No». Añadió que los dos candidatos «tienen incluso la misma cara» y especuló con que los demócratas «deben haber encontrado a un doble». No hay ninguna prueba que respalde esa sospecha.

Ese tipo de afirmaciones tiene un coste económico medible en otros contextos: la incertidumbre sobre la validez de un resultado encarece la deuda y castiga a los mercados que dependen de la estabilidad institucional. En Estados Unidos, la disputa sobre el recuento de 2020 acabó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, un episodio que costó vidas y dañó la imagen del país ante los inversores internacionales. La comparación no es gratuita: el candidato que hoy promete vetar todo lo que apruebe la oposición es el mismo que entonces cuestionó el resultado.

Lo que está en juego el 3 de noviembre no es una predicción apocalíptica. Es el control de dos cámaras, la capacidad de confirmar jueces, la llave del gasto público y la posibilidad de investigar al ejecutivo. Con la Cámara de Representantes en manos demócratas, la legislación se atasca y el gobierno se hace por decreto y por veto. Con el Senado también, el bloqueo alcanza a los nombramientos. Y con la Presidencia en 2028, el escenario que Trump describe como final es, en realidad, el escenario que cualquier democracia contempla cada cuatro años: la alternancia. Que el país esté «acabado» por eso es una hipótesis política, no un dato económico. Los mercados, de momento, cotizan la incertidumbre, no el fin del mundo.