Tres picoletos bocaclanclas serán sancionados.

Tres guardias civiles, sancionados por un comunicado en redes​

Un comunicado publicado por una asociación de guardias civiles prometiendo «derramar» su sangre para evitar un acuerdo de Gobierno acaba con tres agentes expedientados. La sanción, que según los primeros cálculos se traduce en seis meses sin empleo y sueldo, ha reabierto el viejo pulso sobre dónde está la frontera entre la libertad de expresión y la disciplina militar en un cuerpo armado.

El caso se discute en un contexto de máxima tensión política: la investidura pendiente, el pacto con las fuerzas independentistas y una amnistía que aún no está cerrada. En ese marco, tres agentes de la Guardia Civil han sido señalados por un texto que, según la versión más repetida, no contenía amenazas concretas pero sí un lenguaje impropio de quien viste uniforme.

¿Qué dijeron exactamente los agentes sancionados?​

El comunicado, difundido por una asociación profesional, prometía «derramar» su sangre para evitar el acuerdo de Gobierno. La cita textual aparece recogida en el material del caso, aunque con matices: unos leen que los agentes se comprometían a derramar su propia sangre, no a derramar la de otros. Esa diferencia, que parece semántica, es la que separa una simple bravata de un delito de amenazas.

En el cuerpo del texto también se alude al juramento de defender la Constitución y a la obediencia debida. Hay quien sostiene que repetir el ordenamiento jurídico y el juramento no es sancionable, y que la sanción responde más al ruido político que al contenido literal. En contra pesa el argumento de que un guardia civil no es un ciudadano cualquiera cuando habla en nombre de una asociación del cuerpo.

Seis meses sin empleo y sueldo: el castigo que se baraja​

La sanción más citada es la de seis meses sin empleo y sueldo, una figura disciplinaria que en la práctica supone la suspensión temporal de funciones y retribuciones. Hay quien matiza que, si solo se les separa de empleo, los agentes podrían seguir cobrando, lo que rebajaría el castigo a un simple paréntesis administrativo.

El cálculo completo, con los tramos de suspensión y las consecuencias sobre la carrera profesional, da una diferencia que sorprende: no es lo mismo una pérdida de destino que una pérdida de condición de funcionario. Esta última, la expulsión del cuerpo, es la que reclaman las voces más duras, que consideran que un agente que promete derramar sangre desobedece el principio básico de neutralidad.

El precedente de Tejero y la doble vara de medir​

La comparación más repetida es la del teniente coronel Tejero, que estuvo quince años en la cárcel y fue expulsado de la Guardia Civil tras el intento de golpe de Estado. Quienes traen a colación ese precedente sostienen que la disciplina militar se aplicó con toda su dureza entonces y se aplica con cuentagotas ahora, cuando el infractor viste el mismo uniforme pero promete sangre desde una asociación.

La objeción inmediata es que Tejero entró en el Congreso con una pistola y estos tres agentes escribieron un comunicado. La distancia entre ambos hechos es abismal, y mezclarlos sirve más para calentar el ambiente que para aclarar el régimen disciplinario. Aun así, el argumento de la doble vara planea sobre todo el caso: se sanciona a tres guardias por un texto mientras otras conductas más graves, según se afirma, quedan impunes.

El juramento a la bandera como coartada​

El juramento de defender España hasta derramar la última gota de sangre es el argumento que esgrimen quienes defienden a los sancionados. Si el juramento obliga a defender la Constitución, dicen, cumplir ese juramento no puede ser delito. La objeción es que el juramento se presta ante la bandera y se cumple obedeciendo la cadena de mando, no interpretando por cuenta propia cuándo la patria está en peligro.

En el fondo del asunto late una cuestión que trasciende a los tres agentes: ¿puede un funcionario armado expresar opiniones políticas en el ejercicio de su cargo? La respuesta legal es que su condición de militar limita la libertad de expresión más que la de un policía, y bastante más que la de un ciudadano de a pie. Esa asimetría es la que algunos consideran censura y otros, simple disciplina.

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Queda por ver cómo se resuelve el recurso y si la sanción se confirma o se queda en un aviso. Mientras tanto, el mensaje que queda flotando es incómodo: en un cuerpo armado, la palabra pesa tanto como el arma, y a veces más.