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El Ministerio de Trabajo ha iniciado el trámite para actualizar el salario mínimo interprofesional, un movimiento que llega antes de las elecciones generales. La medida abre el debate sobre el calendario y el impacto en las rentas más bajas.
El Ministerio de Trabajo ha iniciado el trámite para actualizar el salario mínimo interprofesional, un movimiento que llega antes de las elecciones generales. La medida abre el debate sobre el calendario y el impacto en las rentas más bajas.
El Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso formal para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Lo ha hecho, según ha adelantado El País, antes de las elecciones generales, lo que sitúa la negociación en plena precampaña. El gesto no es una subida en sí, sino el arranque del procedimiento administrativo que suele preceder a cualquier incremento.
El trámite inicial consiste en abrir la consulta pública previa, un paso que permite recabar opiniones antes de redactar el borrador del real decreto. No fija una cifra ni una fecha concreta, pero sí compromete al Gobierno a mover ficha. En los últimos años, este procedimiento ha sido el preludio de subidas que luego se han aprobado en el Consejo de Ministros.
Que el anuncio llegue antes de las elecciones generales tiene lectura política. El SMI es una de las medidas con más recorrido electoral entre el electorado de izquierdas, y el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha hecho de su subida una bandera. La pregunta es si da tiempo a aprobarla o si queda como promesa de campaña.
La consulta pública no tiene un plazo fijo, pero suele resolverse en semanas. Después llega la propuesta concreta, que debe pactarse con los agentes sociales. La CEOE ya ha mostrado su rechazo a subidas que, a su juicio, tensionan los márgenes de las pymes. Los sindicatos, por su parte, presionan para que el incremento no se quede corto.
El contexto económico añade presión. La inflación ha moderado su ritmo, pero los precios siguen por encima de los niveles previos a la pandemia. Cualquier subida del SMI se medirá contra ese telón de fondo, y los empresarios avisan de que un alza fuerte puede frenar la contratación.
El SMI afecta a los trabajadores que cobran la base de la tabla salarial. Una subida tiene efecto directo sobre las nóminas más bajas y también sobre las cotizaciones sociales. El Gobierno ha defendido que los incrementos anteriores no han destruido empleo, una tesis que la oposición y parte de los economistas discuten.
La decisión final se conocerá después de las elecciones o, si el calendario aprieta, se dejará atada antes. En cualquier caso, el primer paso ya está dado y el debate sobre la cuantía queda abierto. Conviene recordar que las decisiones sobre salarios y cotizaciones tienen efectos a medio plazo y conviene consultar fuentes oficiales antes de sacar conclusiones.
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