TOREROS evacuaNDO BLANDO: el electorado empieza a darse cuenta que LA DERECHA JUDIA ES SU ENEMIGA

El pulso por la vivienda: 200.000€ en Vallecas, 88.000€ en Jaén​

El precio de la vivienda vuelve al centro del combate electoral y, con él, una pregunta incómoda: ¿a quién beneficia de verdad cada propuesta? Un piso anunciado en 200.000 euros en Vallecas, barrio obrero de Madrid, frente a otro de 88.000 euros en Jaén. Dos anuncios que retratan realidades muy distintas dentro del mismo país. Sobre ese contraste se está montando buena parte del relato político de los próximos meses —y también el cabreo.

Hay quien sostiene que el Ejecutivo instrumentaliza la vivienda porque «vienen elecciones» y no le sale gratis subir el SMI ni señalar a los grandes tenedores. Enfrente pesa el argumento contrario: si un partido defendiera de verdad a la mayoría, señalar a los especuladores no debería molestar a nadie. Cuando la crítica se limita a la propaganda del rival y no a la política, el diagnóstico se queda a medias.

¿Por qué el precio de la vivienda divide tanto a izquierda y derecha?​

El diagnóstico del mercado inmobiliario se ha convertido en un campo de batalla donde casi nadie se pone de acuerdo ni en los datos. Un sector sostiene que el verdadero pelotazo es convertir un contrato de alquiler en un título de propiedad de facto: entrar en un piso, declararse vulnerable, cobrar el Ingreso Mínimo Vital y no salir de allí ni con orden judicial. Ese escenario, según esta lectura, abriría un enfrentamiento civil difícil de olvidar.

La otra corriente responde que en España hay todo tipo de propietarios y que generalizar es trampa. El problema, dicen, no es el casero de un piso heredado, sino una estructura que ha hecho posible que un cuartucho mohoso de ocho metros cuadrados con un retrete compartido cueste el sueldo completo de un mes. Entre esos dos polos, la política de vivienda se ha vuelto un ejercicio de equilibrismo donde cada medida protege a alguien y enfada a otro.

El estado de excepción que se convirtió en norma​

Durante la pandemia se suspendieron los desahucios de personas vulnerables y se prorrogaron los alquileres. En aquel contexto, medidas extraordinarias y razonables. El problema llega cuando la excepción se instala como regla: un Estado social que no ofrece alternativa a ser propietario y que, cuando lo eres, te recorta derechos, se convierte en un polvorín. «No te doy opciones salvo ser propietario y cuando lo eres te lo quito», resume la queja. Vamos a las armas, añade un participante, medio en broma medio en serio.

La papeleta de la vivienda, argumenta esta corriente, la tiene que resolver el Estado, no un particular que, con las reglas actuales, terminaría en la ruina. La suspensión indefinida de desahucios sin un parque público de alquiler detrás deja el problema intacto y traslada el coste al pequeño propietario.

FROB, IMV y la memoria del rescate bancario​

Para medir la credibilidad de cada bando, el debate recurre a la hemeroteca. En 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el PSOE creó el FROB. Para unos, fue el movimiento más usurero y rastrero para salvaguardar los intereses de la banca; para otros, mal necesario en plena crisis financiera. Que el mismo partido que hoy habla de regular el alquiler pusiera dinero público a disposición de las entidades es un arma arrojadiza que no caduca.

En el otro plato de la balanza, sus defensores esgrimen subidas del SMI y el Ingreso Mínimo Vital como prueba de que al menos hay algo. La contra replica que el IMV es, en la práctica, una renta pública y que de ahí a llamar rentista a un perceptor vulnerable hay un trecho que algunos cruzan sin pestañear.

¿Quién puede permitirse comprar hoy en España?​

Con una ayuda familiar y una entrada, una hipoteca de 150.000 euros sale con una cuota razonable, sostiene una parte del análisis, que recuerda que hubo propuestas de subvencionar entradas de hasta 50.000 euros a interés cero —hipotecas del 100%— con condiciones lógicas, como no revender después por más.

El debate se atasca justo ahí: en si un Estado puede garantizar vivienda sin expropiar a nadie. Nadie da con la tecla, y los precios siguen marcando el paso.