El decreto de vivienda cae y sobrevuela el adelanto electoral
El decreto de vivienda del Gobierno llegó al hemiciclo, los grupos parlamentarios retrataron su voto y el texto cayó. Con la gente todavía en la calle, la discusión ha saltado del contenido del decreto a la fecha de las próximas elecciones generales. Recorre la conversación una sospecha incómoda: que al propio presidente le conviene más el decreto muerto que aprobado, según plantea uno de los intervinientes.
¿Por qué se especula con un adelanto electoral tras el rechazo?
Porque un decreto tumbado deja al Gobierno sin el marco normativo que había vendido y le devuelve la pelota a un terreno que controla mejor: la campaña. La secuencia que se maneja es casi mecánica. Primero se rechaza el texto; después, con la calle aún caliente, llega el adelanto; y el decreto deja de ser un fracaso de gestión para convertirse en prueba de cargo contra quienes lo bloquearon.
El cálculo más repetido es que la
vivienda, la bandera con la que el Ejecutivo ha intentado marcar perfil, es también su flanco más débil. De ahí que parte del análisis sostenga que el mejor escenario posible para el PSOE era no tener que defender ese decreto en los tribunales ni en la calle, sino en un mitin.
Cuatro años sin presupuestos: la profecía que se cumple
Un participante recuerda que Sánchez dijo desde el propio Gobierno que iban a ser
cuatro años sin presupuestos por culpa de la derecha, catalana y nacional, y que esa foto ya se encargaría de
retratar a los responsables del bloqueo. La ironía es que la profecía se ha cumplido por otra vía: no hacen falta unas cuentas públicas para que un decreto se caiga.
Ahí se agrieta el relato oficial. Una legislatura que se pasa los meses atribuyendo el bloqueo al adversario termina sin margen legislativo que exhibir. La vivienda, que era la bandera, se queda colgando de un texto que no existe.
El calendario judicial, la pieza que nadie confirma
Se sostiene con insistencia que existe una norma no escrita por la que los jueces no dictan resoluciones durante las campañas electorales, para no influir en el voto. Es el argumento que da sentido a la hipótesis del adelanto: cuanto antes se convoque, más tarde llega cualquier resolución incómoda.
Ni está recogida en ninguna ley ni se puede verificar desde fuera, y ese es justamente su encanto: sirve para explicar cualquier fecha sin comprometerse con ninguna. Otra corriente lee la jugada al revés, como una
huida hacia delante de quien ya tiene decidido el relevo, con la acampada y el decreto como entretenimiento para movilizar a una izquierda que, según esta lectura, no va a ningún sitio. Las decisiones, se dice, se toman más arriba.
Ocho años de política de vivienda y dos relatos enfrentados
Aquí no hay acuerdo. Hay quien sostiene que
ocho años dan de sobra para haber hecho algo por la vivienda y que el resultado ha sido el contrario: el problema está peor que antes. Y hay quien defiende exactamente lo opuesto, que aprobar ese decreto le costaría al PSOE un puñado de votantes escandalizados con su contenido, de modo que la caída del texto sería, en términos electorales, un
alivio.
Las dos lecturas comparten un diagnóstico incómodo: la vivienda ya no se discute con números. Se discute con relato. Y el relato, de momento, lo escriben los que votan en contra.
Y luego está el dato que descoloca. Un Gobierno que, según el relato de uno de los intervinientes, anunció cuatro años sin presupuestos para retratar a la oposición ve ahora caer su propio decreto sin que nadie le haya votado las cuentas. El bloqueo ya no es una amenaza de futuro: es el presente, y lo firma el mismo texto que iba a arreglarlo.