Inmobiliaria: Todas las TVs mienten u ocultan datos sobre el desahucio de la anciana del Retiro. A tomar por saco la langosta.

Renta antigua, una socimi y una orden judicial: el caso Maricarmen​

¿Por qué se desahucia a una mujer de 87 años de un piso en el que lleva décadas viviendo? Porque el contrato que la amparaba, la renta antigua, ya no existe, y una orden judicial —intentada ejecutar por cuarta vez— sostiene que no puede quedarse. Entre esas dos realidades cabe casi todo el ruido mediático del caso, y bastantes datos que apenas se han puesto sobre la mesa.

Los datos del expediente que casi nadie cuenta​

La inquilina vive con contrato de renta antigua en un piso de unos 100 metros cuadrados en la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. La propiedad es Urbagestión, una socimi —sociedad cotizada dedicada al alquiler—. Su renta mensual pasaba de unos 500 euros a 1.650, mientras su pensión ronda los 1.300 euros, según lo difundido por la Cadena SER. Tiene reconocida una discapacidad del 50%.

Ganó en primera instancia. Fue el Tribunal Supremo el que acabó dando la razón a la propiedad. El lanzamiento de esta jornada es el cuarto intento.

Por qué la renta antigua dejó de protegerla​

La renta antigua salió de la ley de arrendamientos de 1964, que congeló los alquileres y, por la vía de los hechos, estranguló el parque de vivienda en alquiler. Sobre esa norma se apilaron décadas de prórrogas. Desde 2005 la figura quedó extinguida: quien estaba acogido a ella ya no tiene derecho a perpetuarla. Que la inquilina tenga 87 años no cambia lo que firma un juez; que la ley se pensara así durante cuarenta años sí explica por qué el conflicto estalla ahora.

La residencia ofrecida y el uso político del caso​

Lo de la residencia es una versión, no un dato zanjado: la de la Comunidad de Madrid, que sostiene que ofreció a la mujer una plaza y ella la rechazó. No está confirmado por todas las partes y conviene decirlo antes de darlo por bueno.

Y está el tuit. El delegado del Gobierno en Madrid calificó el desahucio de «profundamente injusto e inaceptable en un Estado que debe ser tan Social como de Derecho». El detalle incómodo: quien firma esa condena política forma parte del mismo Ejecutivo cuya Policía Nacional ejecuta el lanzamiento por orden de un juzgado.

La orden la firma un juez, no un partido​

En el fondo late una confusión que conviene deshacer. La ejecución no la ordena un color político: la ordena un tribunal, y los gobiernos de cualquier signo no empujan a nadie a la calle, ejecutan resoluciones firmes. Eso no absuelve a nadie de haber ido desmontando durante décadas la política de vivienda pública, que es donde de verdad se dirime este problema. Mientras tanto, millones de inquilinos pagan rentas de mercado muy por encima de esa pensión, y de ellos no se acuerda ningún telediario.

Si el relato fuera tan simple como lo pintan unos y otros, no haría falta explicar ni la ley del 64, ni quién es el dueño del piso, ni cuántos intentos lleva la ejecución. La letra pequeña, curiosamente, nunca sale en la portada.