Inmobiliaria: Todas las TVs mienten u ocultan datos sobre el desahucio de la anciana del Retiro. A tomar por saco la langosta.

Maricarmen, 87 años, renta antigua y un fondo como casero​

Maricarmen tiene 87 años y ha sido desahuciada del piso en el que vivía, en el distrito de Retiro, en Madrid. Su caso está en todos los informativos. ¿Por qué este y no los alrededor de 25.000 lanzamientos que se ejecutan cada año en España? La respuesta corta es política; la larga tiene números: una renta antigua de en torno a 500 euros mensuales, una pensión de exfuncionaria de unos 1.400 y un casero que no es un particular, sino un fondo de inversión.

¿Cuánto pagaba Maricarmen de alquiler?​

Las cifras que se manejan sitúan lo que abonaba en unos 500 euros al mes por un piso en el centro de Madrid. El precio de mercado del mismo inmueble rondaría los 1.650 euros. Menos de un tercio. La inquilina, exfuncionaria, percibe una pensión de alrededor de 1.400 euros. Ese diferencial entre lo que pagaba y lo que cuesta el alquiler real es, para una parte del análisis, el corazón del asunto.

¿Por qué se ejecuta el desahucio si había ofertas encima de la mesa?​

Aquí el relato se rompe. La propiedad ofreció pagar el alquiler completo, hasta esos 1.650 euros, hasta el fallecimiento. La Comunidad de Madrid ofreció una plaza en una residencia. Ambas propuestas habrían sido rechazadas, según las versiones que circulan. Y no era el primero: cuatro procedimientos judiciales previos precedieron al lanzamiento. La ocupante había perdido el derecho a la renta antigua en 2005, con prórrogas que quienes defienden la ejecución consideran más que suficientes.

De la LAU de 1964 al decreto Boyer​

La renta antigua nace con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que congeló los alquileres y se aplicó incluso de forma retroactiva a los contratos ya firmados. El decreto Boyer, ya en democracia, liberalizó el mercado. Desde entonces, el parque de contratos fósiles ha ido extinguiéndose a medida que fallecían sus titulares. Hay quien sostiene que aquella congelación buscaba que el dinero que no se invertía en ladrillo acabara en negocios y talleres. Sea como fuere, el piso del caso tiene hoy dueño: un fondo.

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El desahucio ordenado por un juez ha puesto de acuerdo a casi nadie y ha enfrentado a todos. El delegado del Gobierno en Madrid calificó la ejecución de profundamente injusta mientras la Policía Nacional cumplía la orden. Todo un espectáculo. Con este material sobre la mesa, la pregunta que queda no es quién tiene razón, sino cuántos casos idénticos se quedan sin un solo titular.