El precio de la vivienda se triplica en España y la culpa siempre es de otro
¿Cómo es posible que el precio medio de compra haya pasado de 2.000 a 6.000 euros el metro cuadrado en ocho años y que el alquiler se haya multiplicado por casi cuatro, de 8 a 30 euros? La pregunta no es retórica: es la que se hace cualquiera que intente emanciparse o cambiar de piso. Y la respuesta oficial, según el relato que se repite en foros y tertulias, siempre acaba en el mismo sitio: los fondos buitre, los pisos turísticos o, en su defecto, el gobierno anterior. Cualquier cosa menos asumir que la demanda se ha disparado mientras la oferta sigue atascada en el mismo sitio.
De 2.000 a 6.000 euros el metro: los números que nadie discute
Los datos que maneja el sector son tozudos. En 2018, con un gobierno recién llegado tras ocho años de gestión anterior, el metro cuadrado se compraba a una media de
2.000 euros y se alquilaba a
8 euros. Ocho años después, las mismas cifras se han convertido en
6.000 euros de compra y
30 euros de alquiler mensual por metro. El resultado es una triplicación del precio de venta y un incremento del 275% en el alquiler. No es una opinión: es la evolución que cualquiera puede comprobar en los portales inmobiliarios.
La consecuencia inmediata es la que describen quienes buscan piso: cada vivienda que sale al mercado recibe tal avalancha de candidatos que la selección se convierte en un casting. Hay quien lo resume con una exageración:
«cada piso que sale al mercado hay 8273738392 candidatos y no puedes alquilar». La hipérbole es evidente, pero el fondo del problema no lo es menos.
¿Por qué se culpa a los fondos buitre si controlan menos del 10%?
Aquí empieza el laberinto. Los datos oficiales, según se repite en el propio debate, sitúan el control de los fondos de inversión sobre el parque inmobiliario por debajo del
10%. Es decir, la inmensa mayoría de las viviendas sigue en manos de particulares, familias y pequeños propietarios. Sin embargo, el relato dominante insiste en señalar a esos fondos como responsables principales de la escalada.
Hay quien sostiene que el problema real es otro: la competencia de vivienda es autonómica, y las comunidades gobernadas por el PP no habrían aplicado la ley de vivienda, mientras que el decreto para frenar la escalada habría sido bloqueado por PP, Vox y Junts. En el lado opuesto, se argumenta que la competencia es estatal y que lo único que ha influido en la subida es la entrada masiva de demandantes de vivienda. Dos relatos, un mismo resultado: nadie asume su parte.
El comodín que sustituye al análisis
La discusión deriva a menudo hacia el terreno de la fe. Quien cuestiona el relato de los fondos buitre se topa con la misma respuesta:
«ahí se acaba el razonamiento». La ironía es que muchos de los que esgrimen ese argumento son propietarios que alquilan o venden, es decir, parte interesada en que los precios no bajen.
Mientras tanto, la teoría de que la vivienda sube en cualquier municipio, incluso en los que no son destino internacional de millonarios, porque
«todo el mundo sabe que son destinos codiciados», se desmonta sola. La subida es generalizada, también en ciudades medias y pueblos sin tirón turístico. Eso apunta a causas más estructurales: falta de construcción nueva, tipos de interés, presión demográfica y un mercado laboral que no acompaña.
El límite de la estupidez y el colchón que lo tapa
La pregunta que sobrevuela todo el asunto es si existe un límite a la capacidad de tragarse el relato. Hay quien responde con escepticismo:
«el hambre». Es decir, que mientras las pensiones y el empleo público sostengan el consumo, la queja no pasará de las redes y las manifestaciones de fin de semana. Cuando ese colchón se agote, la cosa cambiará. O no.
Lo cierto es que el precio de la vivienda se ha convertido en el termómetro perfecto de un país que prefiere discutir sobre culpables antes que sobre soluciones. Y mientras tanto, el metro cuadrado sigue subiendo.