La paga extra de pensiones y funcionarios vale más de 20.000 millones
La paga extra de las pensiones y de los empleados públicos tiene fecha de caducidad. Eliminarla ahorraría
más de 20.000 millones de euros al año, una cifra que convierte esa doble mensualidad en el ajuste más goloso de cuantos circulan. El problema, como casi siempre, es quién lo firma, cuándo lo anuncia y a quién le cae el marrón. Porque el menú de recortes lleva tiempo escrito y nadie quiere ser el que ponga el mantel.
¿Qué recortes se están planteando?
La lista es corta y conocida: extras de funcionarios y pensionistas, congelación de la reposición de empleados públicos que se jubilan, tijeretazo a la inversión pública, presión sobre las subcontratas y revisión al alza de la fiscalidad del diésel y de los peajes. Solo la paga doble de las pensiones ronda los
12.000 millones, según los cálculos que manejan los propios pensionistas en sus foros de siempre.
Hay quien sostiene que el recorte se hará por fases para que no se note: quitar una extra y repartir la que quede en dos pagos, de manera que el pensionista cobre lo mismo durante unos meses y luego, simplemente, cobre menos. Otra corriente del análisis lo ve innecesario porque confía en que el ciclo aguante. La primera hipótesis tiene precedentes. La segunda, no.
Deuda al 120% del PIB: la cifra que obliga a recortar
La magnitud que ordena todo lo demás es la deuda. Frente a un
120% de deuda sobre el PIB, el objetivo comunitario para 2030 se queda en el 60%. Ese diferencial se traduce, según los cálculos que circulan, en la necesidad de recortar
15.000 millones anuales a partir de ya. Y sin esperar a que nadie lo pida por escrito: la Comisión Europea exige reducciones de gasto, no capítulos concretos. Elija usted a quién cabrear.
A eso se añade un detalle contable que suele olvidarse:
la Seguridad Social debía 116.000 millones a 31/12/2023, y las cotizaciones no cubren íntegramente las pensiones actuales. Es decir, el sistema ya no se paga solo con lo que entra por nómina, sino con impuestos generales. Cuando alguien dice que las pensiones están garantizadas, conviene preguntarle con qué partida.
El precedente de Grecia e Italia con la paga extra
Quitar una paga extra no es ninguna excentricidad. En Italia se cargaron hace años la
quattordicesima y dejaron la
tredicesima de Navidad, eso sí, con recortes. En Grecia se jugó con las extras y los complementos, y el resultado real fue una bajada de entre el 15% y el 20% de las pensiones, no el desguace total que se contó. La diferencia es importante: el relato del país arruinado sirvió para justificar aquí cosas que allí nunca ocurrieron.
De hecho, el mayor recorte de la historia de las pensiones españolas tiene fecha y firma:
1985, cuando el Gobierno socialista cambió el cálculo de las prestaciones y el ministro de Trabajo dimitió por ello. El segundo llegó con la reforma de 2011 y el artículo 135 de la Constitución. Que cada cual saque sus conclusiones sobre quién recorta cuando de verdad aprieta.
Jubilación a los 67 y 38 años cotizados: la letra pequeña
El cambio de reglas ya está hecho y casi nadie lo ha interiorizado. Se pasa de la jubilación a los 65 a los
67 años, se exigen
más de 38 años cotizados para cobrar el 100% y se quiere computar toda la vida laboral. Para quien empezó a trabajar a los 20, es soportable. Para quien ha encadenado contratos temporales, dos crisis y algún año en negro, es un horizonte que no llega.
Ahí está la trampa demográfica: media generación de menores de 40 no podrá acreditar jamás esos años. Y el sistema que promete una paga doble a los que ya están dentro no tendrá con qué pagarla a los que vienen detrás. No es una opinión: es la aritmética que se desprende de las cifras anteriores.
Funcionarios, interinos y el ajuste silencioso
El ajuste más limpio no se anuncia: se deja morir por inanición. No reponer a los empleados públicos que se jubilen durante los próximos años rebaja el gasto sin foto ni titular, y ya se hizo durante la etapa de control presupuestario en las administraciones locales. Con no renovar interinos, muchas administraciones se ahorran una partida entera sin tocar una ley.
Hay otro flanco que se discute con menos pudor: la equiparación a la baja de los salarios de las administraciones locales y autonómicas con los de la Administración General del Estado. Un policía autonómico y un policía nacional no cobran lo mismo por hacer lo mismo, y ahí hay un ahorro esperando a que alguien se atreva. Eso sí, conviene recordar que un empleado público que cobra 1.400 o 1.500 euros al mes es, en la práctica, un trabajador pobre que comparte piso.
Quién paga la fiesta
Sobre el papel de Europa circula una confusión útil: se atribuye a Bruselas la exigencia de recortes concretos cuando en realidad solo se pide reducir el gasto total y el déficit. El cómo es cosa de cada Gobierno, y ese margen es exactamente el que permite decidir a quién se le toca el bolsillo. Con diez millones de votantes dispuestos a votar pase lo que pase y una mayoría de pensionistas en esa franja, la elección se hace sola.
Una parte del análisis va más allá y señala que una porción del gasto social se dispersa en ayudas directas, vivienda, suministros y tarjetas de alimentos repartidas por administraciones locales y autonómicas, sin un capítulo contable unificado. Cuantificarlo es casi imposible, y precisamente por eso nunca entra en el debate serio.
Lo que sí entra, y cada vez con más fuerza, es la sensación de que las reglas cambiaron para todos menos para unos pocos que siguen jubilándose a los 60 con el 100%. Esa asimetría es la que convierte un ajuste técnico en un problema político.
Si el calendario se cumple, el primer tijeretazo visible llegará por la vía de las extras, probablemente después de los próximos comicios y con el argumento de la sostenibilidad del sistema. Lo que nadie ha explicado todavía es cómo se sostiene un sistema que promete 14 pagas a unos mientras exige 38 años de cotización a otros. Puede que el recorte se anuncie a final de año. Puede que se retrase. Lo que no va a ocurrir es que el dinero aparezca solo.