Solo vais a poder tener un coche por vivienda:

Un coche por vivienda: la DGT estudia limitar los vehículos por domicilio​

Una proposición de ley sobre la mesa plantea que cada vivienda disponga de un solo coche en propiedad para poder circular, con el objetivo declarado de terminar con las congestiones circulatorias. La medida, difundida a través de medios especializados en automoción, ha caído como un jarro de agua fría entre quienes dependen del vehículo privado para trabajar, llevar a los niños al colegio o simplemente moverse por su ciudad. La DGT ya estudia fórmulas similares a las aplicadas en Francia para obligar a los conductores a ir acompañados, y el precedente de Baleares —donde se ha restringido la circulación a los no residentes— funciona como ensayo general de lo que puede venir.

Qué dice exactamente la propuesta y de dónde sale​

El texto que circula no es una ley aprobada, sino una proposición que prevé aplicar ya la limitación de un vehículo por vivienda. La idea de fondo es sencilla sobre el papel: menos coches en propiedad, menos tráfico. En la práctica, el redactor de la norma se enfrenta a un problema de definición que nadie ha resuelto todavía: qué se considera una vivienda, qué se considera una familia y cómo se controla que un hogar con cuatro adultos en edad de conducir no tenga más de un vehículo.

La propuesta se apoya en el ejemplo de Baleares, donde ya se ha aplicado una restricción de circulación para los propietarios de viviendas no residentes. Ese precedente se presenta como el primer paso de un objetivo más ambicioso: que el vehículo privado deje de ser el medio de transporte por defecto. Hay quien sostiene que la medida llega tarde y hay quien cree que es una cortina de humo para no invertir en transporte público.

El argumento que desmonta la lógica de la norma​

El razonamiento más repetido es también el más difícil de rebatir: un coche aparcado no congestiona nada. Si una persona tiene dos vehículos, solo conduce uno a la vez, por lo que el segundo no añade ni un metro de tráfico. La limitación, por tanto, no ataca la congestión, sino la propiedad. Y la propiedad, en España, está íntimamente ligada a la vida laboral y familiar.

El caso más citado es el de una familia con dos progenitores que trabajan en direcciones opuestas y necesitan cada uno su vehículo. Bajo la nueva regla, esa familia tendría que elegir entre renunciar a un empleo o incumplir la ley. Lo mismo ocurre con los hijos en edad de conducir que viven en el domicilio familiar: todos comparten vivienda, pero no comparten horarios ni destinos. El sinsentido se agrava cuando se compara con la alternativa: dos solteros que viven separados pueden tener dos coches, pero si se emparejan y comparten piso, pasan a tener derecho a uno. La norma, en la práctica, penaliza la convivencia.

El coste real de renunciar al coche​

Quien defiende la medida argumenta que el modelo actual es insostenible y que el transporte público debe absorber la demanda. El problema es que el transporte público no está dimensionado para absorberla. Las cosas que antes se hacían en un tiempo X pasarían a requerir 4X, 10X o 20X, lo que hace inviable la vida diaria de millones de personas que viven en áreas metropolitanas mal comunicadas.

La alternativa que se ofrece desde el discurso oficial es la bicicleta o el patinete, pero esa opción ignora la geografía, la climatología y la distancia. En ciudades medianas y áreas rurales, la bici no sustituye al coche: lo complementa, en el mejor de los casos. Y el patinete, directamente, no sirve para llevar a dos niños al colegio. La pregunta que queda flotando es quién paga el coste de esa transición: si el Estado, con un transporte público que no llega, o el ciudadano, con una multa por tener dos coches.

La trampa de las viviendas y los ricos​

La norma, tal como está planteada, abre una puerta evidente: quien tenga treinta viviendas en propiedad podrá tener treinta coches. La limitación se aplica por domicilio, no por persona ni por patrimonio. Es decir, el que tiene más inmuebles tiene más derechos de circulación. La medida, presentada como progresista, acaba beneficiando a los grandes tenedores y castigando a las familias que solo tienen su casa.

Ese es el punto que más ampollas levanta. La respuesta previsible de quien pueda permitírselo será comprar una chabola en ruinas por cuatro perras y registrar allí un segundo coche. La trampa está hecha antes de que se apruebe la ley. Y mientras tanto, el que no tiene segunda vivienda ni para pagar la primera se queda con un solo vehículo, trabaje donde trabaje y viva donde viva.

Lo que nadie dice sobre el control y las fronteras​

El debate de fondo no es solo el coche. Es el control. La misma administración que dice no poder controlar quién entra por la frontera pretende controlar cuántos vehículos hay en cada domicilio. La contradicción es tan grande que se comenta sola: hay medios para el reconocimiento facial, para el cruce de datos y para la digitalización, pero no para saber cuántas personas cruzan una frontera. La limitación del coche por vivienda es, en ese sentido, la prueba de que el control se reserva para el ciudadano de a pie, no para el que llega de fuera.

El cierre lo da el propio calendario. Mientras la norma avanza, el precio de todo lo relacionado con el coche sube: carburantes, impuestos, restricciones medioambientales, renovación obligatoria del parque. La estrategia no es prohibir de golpe, sino hacer que tener coche sea cada vez más caro hasta que dejarlo sea la única opción viable. Y ese día, el que no tenga alternativa se dará cuenta de que el debate nunca fue sobre la congestión.