Si es legal que la mesa del Congreso apruebe los decretos sobre la vivienda, también que los jueces imputen al PSOE en plena campaña

Sí: la Mesa del Congreso puede tramitar decretos-ley y los jueces pueden dictar resoluciones durante una campaña electoral, porque ninguna norma lo prohíbe. Otra cosa es el juicio político sobre la oportunidad de hacerlo, que corresponde al debate parlamentario y a las urnas.

La Mesa del Congreso de los Diputados califica y tramita los decretos-ley que aprueba el Gobierno, y los jueces pueden imputar o citar a declarar en plena campaña electoral. Ninguna de las dos cosas está prohibida por ley. La discusión real no es de legalidad, sino de oportunidad política.

Qué dice el artículo 86 sobre los decretos-ley

El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes en casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Es una figura pensada para legislar rápido cuando la vía parlamentaria ordinaria no llega.

La Mesa del Congreso no aprueba el contenido del decreto. Se limita a gestionar la tramitación administrativa y la calificación de la iniciativa. Quien convalida o deroga el texto es el Pleno del Congreso, con un plazo máximo de 30 días.

Que un decreto responda a fines electorales o partidistas es una valoración política. Se discute en el hemiciclo y, si acaso, en las urnas. La legalidad de su contenido o una posible invasión de competencias se recurre ante el Tribunal Constitucional.

Los jueces no tienen prohibido imputar en campaña

Los jueces y magistrados ejercen la potestad jurisdiccional con independencia y sometidos solo a la ley. No existe ninguna disposición legal que prohíba dictar resoluciones, imputaciones o citaciones durante un periodo electoral.

La actividad judicial se guía por los plazos procesales y por la instrucción de la causa. Frenar o acelerar un procedimiento penal porque coincide con unas elecciones exigiría una justificación procesal. Los jueces no actúan bajo criterios de oportunidad política.

Eso no impide que la coincidencia de decisiones judiciales relevantes con periodos electorales alimente el debate público. Se discute si interfiere en el proceso democrático o si se instrumentaliza la justicia. Es un reproche político, no jurídico.

Por qué la comparación tiene límites

Ambos poderes se rigen por principios y normativas distintas. El legislativo responde ante el Parlamento y los electores. El judicial, ante la ley y los tribunales superiores.

Que las dos actuaciones sean legales no las hace equivalentes. La del Congreso se mueve en el terreno de la oportunidad política. La del juez, en el del procedimiento reglado.

Las críticas por usar decretos en periodo electoral y las que apuntan a una instrumentalización de la justicia comparten naturaleza: son lecturas sobre la intención, no sobre la legalidad. Y como tales, se dirimen en el debate público.

Nada de esto constituye asesoramiento jurídico. Cada caso concreto depende de sus circunstancias y de los tribunales competentes.