Sentencia pionera: en Galicia ahora los hombres divorciados tienen que pasar pensión al perro de ella y no, no es broma

Avalan una pensión de 40 euros al mes para el perro tras un divorcio​

Una resolución judicial en Galicia ha fijado una pensión de 40 euros mensuales para la mascota de un matrimonio divorciado. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo. La cantidad es actualizable anualmente conforme al IPC.

El fallo no se queda en la cifra. La mascota queda al cuidado de la mujer y ambos excónyuges abonarán la mitad de los gastos extraordinarios y de veterinario. Atendiendo al mayor poder adquisitivo del hombre, el juez determina que él contribuya con esos 40 euros al mes. La sentencia original data de febrero del año anterior y fue ratificada después de que la mujer recurriera el régimen de custodia compartida de los hijos y el uso de un vehículo. La Audiencia rechazó el recurso.

Qué se decide exactamente​

Quienes debaten el caso señalan que la clave no está en el importe, sino en el precedente: hasta hace poco, según ese relato, un perro era, a efectos civiles, un bien más del ajuar conyugal, y ahora se le asigna una prestación periódica, indexada y con gastos compartidos.

Un participante recuerda que el terreno se abonó cuando la legislación estatal dejó de tratar a los animales como objetos y los reconoció como seres sintientes. A partir de ahí, sostiene, las sentencias de divorcio están obligadas a pronunciarse sobre el destino de las mascotas cuando la pareja no lo pacta. Sin norma que fije baremos, añade, cada juez decide: aquí, 40 euros y revisión anual.

El resultado, según ese análisis, es un limbo jurídico: sin baremos fijos, la decisión depende del juzgado que toque.

¿Sirve de algo firmar un acuerdo antes de casarse?​

No, a juicio de quienes debaten el caso. En el análisis legal que circula se subraya que los pactos entre particulares no pueden contradecir la ley: si un contrato privado dijera algo distinto de lo que marca la norma, el juez aplica la norma. Es el mismo principio que impide a un casero colar en el contrato de alquiler cláusulas que la ley de arrendamientos prohíbe, por mucho que el inquilino haya firmado.

Ese diseño tiene una lógica: evitar que la parte con más poder imponga condiciones abusivas a la más débil. Para varios participantes, el problema aparece cuando la relación de fuerzas se presume por defecto en lugar de probarse: la sospecha estructural, aplicada a cada divorcio, convertiría el papel firmado en decorado.

El problema pendiente: la mascota también muere​

Los perros y los gatos no viven muchos años, señala un participante. Cuando el animal fallezca, según ese mismo usuario, el obligado a pagar tendrá que pedir una modificación de medidas, con abogado y procurador de por medio. Si la otra parte se pone dura, el trámite puede costar más que la propia pensión acumulada.

En el hilo también se apunta que, con honorarios y plazos de por medio, el litigio por 40 euros mensuales puede salir más caro que los propios 40 euros. Hay quien sostiene que esa es, precisamente, la función de estas causas: no cobrar, sino someter.

Mascotas, demografía y el debate sobre casarse​

El caso gallego no flota en el vacío. Coincide con una marea social que se sigue con atención: ayuntamientos que crean concejalías de animales de compañía y territorios donde, según se comenta en el hilo, hay más perros que niños y jóvenes.

De ahí sale uno de los comentarios del hilo: si un divorcio acaba con una pensión para el animal, la pregunta no es cuánto cuesta el perro, sino cuánto cuesta el contrato matrimonial. Casado y con perro, advertido.

Lo que se puede esperar​

En el debate no hay certezas: se trata de una resolución de una audiencia provincial, no de una doctrina cerrada. Mientras tanto, el que se divorcia suma, según los participantes, una factura más.