Se me está pasando esto por la cabeza con respecto a las 0 víctimas del parking de bonaire

El parking de Bonaire y el pulso por las cifras​

El aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia, se convirtió en el epicentro de todas las miradas tras la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Durante días, las especulaciones sobre lo que podía haber bajo el agua y el barro —desde cientos de vehículos atrapados hasta un número indeterminado de fallecidos— circularon sin control. Cuando las autoridades finalmente accedieron al interior y anunciaron que no se habían encontrado cadáveres en la primera inspección, la reacción no fue de alivio unánime. Fue todo lo contrario: una parte de la opinión pública interpretó el anuncio como el inicio de un ocultamiento orquestado.

¿Por qué se cuestiona el cero en el parking de Bonaire?​

La secuencia temporal alimentó todas las sospechas. Los primeros días, cuando el caos era absoluto y no había un relato oficial que dirigiera la información, se llegaron a mencionar cifras de desaparecidos que rondaban los 1.900. Después, conforme las autoridades tomaron el control de la zona y se restringió el acceso, esas cifras se desplomaron. Para muchos analistas, ese cambio brusco no responde a una corrección de datos, sino a una estrategia: lo que no se cuenta, no existe.

Hay quien sostiene que el parking se desaguó y revisó en tiempo récord, y que los vídeos que supuestamente desmienten el bulo —el de un joven que asegura que el aparcamiento estaba prácticamente vacío cuando se desalojó, o el de personas corriendo— aparecieron en escena el día 5 de noviembre, cuando ya se había despejado la zona. La pregunta que flota es por qué no se difundieron esos materiales entre el 1 y el 3 de noviembre, cuando las especulaciones estaban en su punto álgido. La respuesta que se da en ciertos círculos es simple: porque en ese momento no interesaba cerrar la herida.

La gestión de los desaparecidos: diez años para declarar un fallecimiento​

Uno de los argumentos más repetidos tiene que ver con el tratamiento legal de las víctimas. En España, una persona desaparecida no se declara oficialmente fallecida hasta que transcurren diez años desde su desaparición. Ese vacío administrativo, que en circunstancias normales protege a los familiares, en una catástrofe de esta magnitud se convierte en un limbo que dificulta el recuento real. Sin cadáver, no hay víctima oficial. Sin víctima oficial, la cifra de fallecidos se mantiene artificialmente baja.

El paralelismo con la pandemia es inevitable. Durante la crisis sanitaria, los datos de muertos se actualizaban a diario y ocupaban portadas. En cuanto la emergencia perdió interés mediático, esos mismos datos desaparecieron de los titulares. Ahora, algo similar ocurre con las víctimas de la DANA: el número de fallecidos ha desaparecido de las portadas online y solo se habla de política. La conclusión que extraen muchos es que la transparencia solo se practica cuando conviene.

El pulso político: entre la negligencia y la conspiración​

La discusión deriva rápidamente hacia el terreno político. Por un lado, se señala que la gestión de la emergencia correspondía a la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar dependía del Gobierno central. Los correos internos de la CHJ, que reflejan cómo el caudal del barranco del Poyo pasó de 29 a 1.686 metros cúbicos por segundo en apenas unas horas, se citan como prueba de que había información suficiente para alertar antes. La pregunta es por qué no se hizo.

Por otro lado, la teoría de la manipulación deliberada gana adeptos. Se argumenta que el Gobierno central, debilitado, tiene interés en minimizar el número de víctimas para evitar un desgaste mayor. Y que la Generalitat, en manos del PP, tampoco tiene incentivos para reconocer una cifra catastrófica. El resultado sería un pacto tácito de silencio entre administraciones de distinto signo para que el recuento final no sea un disparate. Una hipótesis que, como todas las que circulan, carece de pruebas verificables.

La ausencia de imágenes y el control de la información​

Un detalle que llama la atención es la práctica inexistencia de fotografías o vídeos de fallecidos en los medios. En otras catástrofes, las imágenes más crudas terminan filtrándose. Aquí no. Quienes defienden la teoría del ocultamiento lo atribuyen a cláusulas de confidencialidad que se habrían impuesto a los trabajadores que participan en las labores de rescate y limpieza. La falta de imágenes se interpreta como prueba de censura, aunque también podría explicarse por el simple respeto a las víctimas y sus familias.

El debate sobre los desaparecidos se ha convertido en un campo minado. Cada cifra que se publica es cuestionada. Cada silencio, interpretado. Y en medio, la certeza de que hubo una negligencia grave en la gestión de la alerta hidrológica, un hecho que ni siquiera los más escépticos con las teorías conspirativas ponen en duda. La indignación por la incompetencia es transversal. Lo que divide es hasta dónde llega la manipulación.

El punto exacto donde el análisis se atasca​

Con los datos disponibles, es imposible saber cuántas personas murieron realmente en el parking de Bonaire. Las autoridades sostienen que ninguna. Una parte significativa de la opinión pública no les cree. Y no hay forma de verificar quién tiene razón, porque el acceso a la información está restringido y las cifras oficiales de desaparecidos no se actualizan con la frecuencia que muchos consideran necesaria. El análisis se atasca aquí: entre la sospecha razonable y la prueba imposible. Lo único claro es que la gestión de la catástrofe ha dejado una herida de confianza que tardará años en cerrarse, si es que se cierra alguna vez.