Se acabó la fiesta en Reino Unido para los invasores ilegales, primeras detenciones y expulsiones a Ruanda

Reino Unido deporta a Ruanda y España mira de reojo​

El plan británico de enviar a Ruanda a quienes entran de forma irregular ha dejado de ser un titular de campaña y se ha convertido en un programa con detenciones y expulsiones en marcha. La cifra que circula en los mentideros es la de 80.000 deportaciones al año, una cifra que, puesta en relación con los flujos reales de entrada, provoca más de una carcajada nerviosa. Porque el problema no es el destino del vuelo, sino la aritmética.

Qué ha pasado con el plan de Ruanda​

El gobierno británico ha activado el mecanismo por el que las personas que llegan sin autorización son detenidas y trasladadas a Ruanda, donde se tramitará su solicitud. La medida, impulsada desde el ala conservadora, ha sobrevivido a los tribunales y a los cambios de inquilino en Downing Street. El nuevo primer ministro, según se comenta, se limpia el culo con esa medida, lo que da una idea del entusiasmo institucional.

El detalle que más se repite es que el propio impulsor de la idea era un jodido indio del partido conservador, lo que a más de uno le parecía una ironía desternillante. La política migratoria como paradoja: quien la diseña no siempre es quien la sufre.

Por qué España no es Reino Unido​

La comparación con España es inevitable y, a la vez, tramposa. Aquí el debate se ha centrado en Barajas, que según algunos ha dejado de ser un aeropuerto para convertirse en centro de refugiados y solicitantes de asilo. El dato que se maneja: el Gobierno solo expulsa a uno de cada diez migrantes irregulares que llegan al aeródromo madrileño. Durante el mes de enero, Interior tramitó la expulsión de 108 personas de las mil que llegaron en la misma fecha.

Hay quien sostiene que la diferencia de fondo es el control de pasaportes. Quien entra por Barajas deja huella: foto, pasaporte, país de origen. Quien cruza el Estrecho, no. Por eso los primeros son expulsables sobre el papel y los segundos se quedan en un limbo administrativo del que nadie los saca. La conclusión que se extrae es incómoda: si no los expulsan, es porque no quieren.

El coste de no deportar​

La factura es el argumento que más peso tiene en la conversación. Se calcula que cada mena cuesta 4.200 euros al mes, lo que en dos años suma los 100.000 euros que costaría deportar a un solo migrante. La cuenta, expuesta así, parece un chollo para quien gestiona la política de expulsiones. O un despropósito, según se mire.

A esto se añade el goteo de regularizaciones: dos años de estancia legal y ya se puede pedir permiso de residencia por arraigo social; dos más y se accede a la nacionalidad. El resultado, según se lamenta, es un DNI regalado que convierte en español a quien hace una década era un recién llegado.

El efecto llamada y el efecto expulsión​

La teoría del efecto llamada tiene su reverso: el efecto expulsión. Si se deporta a Ruanda, ¿cuántos intentarán volver? La respuesta que se da es que Ruanda está lejos, pero no tanto como para que no exista una low cost de Ruanda a Marruecos por 100 euros. El ciclo se cierra sobre sí mismo.

En el fondo late una pregunta que nadie responde: ¿qué pasa con los que ya están? Porque deportar a los que llegan es una cosa; deportar a los que llevan una generación es otra. Y ahí, el plan británico no sirve de modelo.

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¿Y si el problema no fuera el destino del vuelo, sino la imposibilidad de gestionar lo que ya está dentro?