Montero pide a los 'youtubers' ser "solidarios" para tener servicios públicos de calidad

Montero pide solidaridad a los 'youtubers' mientras el 45% de la renta va a impuestos​

El 45% de las rentas de las familias españolas se destina ya a pagar impuestos, según recogen las informaciones publicadas. Sobre ese punto de partida, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los creadores de contenido que sean «solidarios» para poder sostener servicios públicos de calidad: «Si todo el mundo decidiese trasladar su residencia fiscal a un lugar donde se aporte menos», avisó, no sería posible contar con esos servicios. La frase encaja mal, a juicio de los participantes del debate, con el destino que recibe lo ya recaudado y con el rastro documental que acumulan varias residencias fiscales discutidas.

Qué hay detrás de la petición de solidaridad a los creadores​

El argumento oficial es de caja: menos ingresos, peores servicios. La ecuación, sin embargo, choca con el gasto que aparece en las cuentas. Las empresas públicas de las comunidades autónomas acumulan pérdidas de más de 10.000 millones de euros al año. En Correos, la cúpula directiva ha pedido un préstamo para pagarse su bonus mientras la plantilla denuncia precariedad laboral, con un agujero de 1.200 millones atribuido a la gestión de su antecesor.

Hay un detalle que incomoda más: entre las empresas más subvencionadas de España figuran sociedades de defraudadores y de beneficiados por la mayor amnistía fiscal conocida. O sea, parte del dinero que se reclama a quien se va acaba, según esas informaciones, en quien se quedó y no pagó. Y sí, la petición de austeridad moral convive, según se apunta en el propio hilo, con partidas como los 360.000 euros destinados a un plató de televisión.

El caso que desactiva el argumento: la residencia fiscal en Portugal​

Mientras se pide solidaridad a los creadores, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, sostuvo en declaraciones recogidas por la COPE que la residencia fiscal en Portugal del hermano del presidente es «legal y ética», y el PP extremeño pidió al PSOE que desautorizara esas palabras.

El detalle documental aprieta: la Diputación de Badajoz certificó que David Sánchez no teletrabaja en Portugal, y diversas informaciones apuntan a que no declaró a Hacienda durante tres años lo que cobraba de esa Diputación. Su mujer y su hija van a residir en Madrid, lo que complica la coartada de la residencia lusa. La UCO habría detectado 23 pagos con facturas en el extranjero vinculados a una cuenta de Airbnb a su nombre. Todo ello bajo investigación judicial, sin condena alguna.

Los inspectores de Hacienda hablan abiertamente de estupor y resumen el caso con una comparación que ha hecho fortuna: es como los youtubers en Andorra. Otros apuntan directamente a la sede central de la Agencia Tributaria: allí, sostienen, se cocinó el privilegio. La jueza que instruye el asunto ha pedido identificar al autor del informe que exonera al hermano del presidente.

¿Por qué Andorra sostiene servicios públicos con impuestos más bajos?​

La pregunta no tiene respuesta oficial, y es la que más incomoda. El relato de Montero presupone que solo con presión fiscal alta se sostienen hospitales y escuelas; varios participantes del hilo sostienen que la experiencia de los países a los que se trasladan los contribuyentes sugiere lo contrario, o al menos que ahí hay algo que aquí no funciona. Por mucho que sube la presión fiscal nunca hay suficiente, resume el argumento más repetido: no es un problema de ingresos, es un problema de qué se hace con ellos.

El contraste no se resuelve con eslóganes. Un territorio de tamaño reducido no soporta la misma estructura administrativa que un Estado con diecisiete sistemas sanitarios, pero tampoco es serio despachar el asunto diciendo que quien se va es un insolidario. Nadie ha explicado aún por qué el mismo dinero rinde distinto según a qué lado de la frontera se recaude.

Agencia Tributaria, cupo catalán y la próxima subida​

El otro frente es el propio organismo recaudador. Los inspectores denuncian irregularidades en la ley que permite ser directivo público sin ser funcionario y advierten del peligro de politización; el Gobierno ha colado en el BOE un atajo para acceder a esos puestos sin pertenecer a ningún alto cuerpo funcionarial. Se suman los indicios que apuntan a un uso instrumental de la Agencia.

El cupo catalán cierra el círculo. La cesión a Cataluña aboca, según los análisis publicados, a una subida potente de impuestos que se cargaría sobre el IRPF de las clases medias. No hay margen para recortar gasto y el endeudamiento tiene límites, así que la factura vuelve a los mismos que llevan años pagándola. Al otro lado del Atlántico, la ley que prepara la Administración Trump para gravar a inversores de países con Haciendas «abusivas» coloca a España en la diana.

Cuentas sin declarar y sociedades interpuestas​

El inventario no ayuda al discurso. La Guardia Civil sitúa a José Luis Ábalos como titular o autorizado en 265 cuentas bancarias vinculadas al PSOE, y el partido suma más de 400 cuentas sin reflejar en sus estados financieros, según las informaciones publicadas. El exministro habría mantenido dos décadas sin declarar a Hacienda una propiedad en Perú, y una estudiante que lo acompañaba en viajes oficiales habría cobrado 1.500 euros por día.

A otra escala, una conocida presentadora puede ahorrarse 131.000 euros en IRPF por facturar a la radiotelevisión pública a través de una sociedad, según una información publicada. Son casos distintos con un patrón común: la residencia fiscal y la estructura societaria se organizan donde más conviene. Unos pueden; otros, simplemente, cobran nómina y no tienen esa opción.

La conversación no se cierra: ningún responsable político ha explicado todavía qué parte del problema son los que se van y qué parte los que ya no saben adónde va lo recaudado. ¿O es que la solidaridad solo se exige a quien no puede esconderse?