Sarah Santaolalla: "Solo hay un camino: expropiar el piso de afeminadormen y el de todas aquellas personas que hayan sido desahuciadas de manera ilegal..

Expropiar los pisos de los desahuciados: la propuesta de Santaolalla​

El caso de Maricarmen se resume en una cifra incómoda: seis años de litigios hasta que el Tribunal Supremo dio la razón al propietario. Sobre ese desenlace, convertido ya en símbolo, se ha lanzado una propuesta que ha encendido el debate público: «Solo hay un camino: expropiar el piso de Maricarmen y el de todas aquellas personas que hayan sido desahuciadas de manera ilegal, e intervenir el mercado de una maldita vez». La firma, Sarah Santaolalla. En un solo mensaje caben tres cosas: un caso concreto, una categoría jurídica discutible y una medida económica de fondo.

¿Qué es un desahucio «ilegal»?​

Un desahucio se ejecuta, por definición, con una orden judicial detrás. La pregunta no es si existe el lanzamiento sin sentencia —existe, y es raro— sino si la expresión «de manera ilegal» describe un supuesto real o sirve para deslegitimar al juez que firma. Quienes simpatizan con la propuesta hablan de desahucios injustos, abusivos o ilegítimos; quienes la rechazan recuerdan que detrás de cada lanzamiento hay un procedimiento y, casi siempre, años de recursos. El caso de Maricarmen encaja en el segundo grupo.

Qué exige la ley para poder expropiar​

Existe una Ley de Expropiación Forzosa que, pese a datar de la época de Franco, sigue vigente, y exige dos condiciones que la propuesta pasa por alto: una causa de utilidad pública o interés social y una indemnización al propietario. Reasignar el piso de un particular a un inquilino no es activar un trámite; es abrir la puerta a que cualquier propiedad sea reasignable si el motivo se declara de interés social. Ahí el debate deja de ser vivienda y pasa a ser modelo económico. Y ahí aparecen los espejos incómodos: Venezuela como advertencia, la colectivización como pendiente resbaladiza.

La pendiente resbaladiza: hoy un piso, mañana todos​

El argumento más repetido no discute el drama de Maricarmen. Discute la regla. Sostiene que si se expropia el piso del casero que alquila, mañana se expropiará el del que tiene dos, y pasado el del que tiene cuatro habitaciones para él solo. La objeción no es moral, es de incentivos: cuando el esfuerzo por acumular deja de tener premio, la inversión en vivienda se retrae y el parque se encoge. Los defensores responden con un argumento igual de viejo: el mercado ya está intervenido de facto —por los fondos, por los precios, por la falta de oferta— y lo único que se pide es nivelar la balanza. Ninguno de los dos bandos cede.

Postureo, cortina de humo o problema real​

Una parte del debate no discute ni la legalidad ni la economía: discute el motivo. Hay quien ve en la propuesta puro postureo, una forma de ocupar titulares sin coste parlamentario, y quien sospecha que el caso se usa para tapar otros asuntos. En el extremo opuesto se defiende que el revuelo demuestra justo lo contrario: que la vivienda se ha convertido en la grieta por la que se cuelan todos los descontentos. Lo que nadie discute es que el asunto del alquiler ya no admite compases de espera.

Cuántos desahucios hay encima de la mesa​

Detrás del caso concreto está el volumen. Un cálculo que circula en el propio debate cifra en alrededor de 4.000 los desahucios ejecutados en lo que va de año y anticipa que la cifra se multiplique hasta las decenas de miles en 2027. Si el goteo se convierte en torrente, el símbolo de Maricarmen dejará de ser excepción y será rutina. Y la pregunta volverá a ser la de siempre: qué se hace con miles de personas sin techo y un parque de vivienda que no se mueve.

Con esos números, expropiar deja de sonar a consigna y empieza a sonar a problema que alguien tendrá que gestionar antes o después. La palabra asusta más que describe. El fondo, sigue sin resolverse.