Sanchinflas lo vuelve a hacer: los acuerdos son un "ya veremos", "todo está en el aire"

El PSOE convierte el pacto de la amnistía en un «ya veremos»​

El pacto con los independentistas sigue en pie. Quien mire el papel y no las ruedas de prensa lo tiene claro: el término lawfare no aparece por ninguna parte del articulado de la amnistía. Lo que ha cambiado es el envoltorio. El PSOE ha empezado a decir que los acuerdos «son un ya veremos», que «todo está en el aire», justo cuando las concentraciones frente a sus sedes encadenan jornadas. El texto, según esa lectura, no se mueve. El relato, sí.

La secuencia tiene su lógica. La investidura ya está hecha y los votos ya están contados; el coste político de cada concesión, en cambio, se paga cada tarde en la calle. De ahí que el alcance se rebaje a la vez que se firma: se firma todo y se promete poco en voz alta. Es una forma barata de ganar tiempo sin tocar una coma.

Qué se está diluyendo exactamente en el pacto​

Hay una parte jurídica y otra de mercadotecnia. La jurídica es concreta: la amnistía avanza sin que el término lawfare —el uso del aparato judicial como arma política— figure en la ley, es decir, sin reconocer por escrito que existió persecución judicial contra el independentismo. La política es más difusa: el acuerdo queda presentado como algo reversible, condicionado, sujeto a lo que pase mañana.

En esa ambigüedad conviven dos lecturas. Una sostiene que es un globo sonda dirigido a un barón territorial concreto para frenar la sangría interna sin romper nada. Otra, más simple, responde al calendario de las protestas: bajar el volumen para que la calle se desinfle. Ninguna de las dos exige modificar el documento firmado.

Según esa segunda lectura, el ya veremos no se dirige al votante de Junts ni al de ERC. Se dirige al español medio, al que se le pide paciencia mientras la maquinaria sigue avanzando. Y si cuela, se repetirá la fórmula en cada hito de la legislatura.

¿Quién tiene la llave de la legislatura: los socios o la calle?​

La respuesta no admite muchas dudas si se mira el reglamento. Cada votación en el Congreso depende de los mismos diputados y, según el cálculo que circula en el debate, con que se descuelguen cuatro el suelo se mueve. La aritmética manda más que cualquier manifestación: una mayoría se pierde en el hemiciclo, no en una avenida.

Frente a eso, la protesta arrastra un problema de eficacia y otro de imagen. El cálculo que se repite es que a un Ejecutivo con mayoría mediática le resulta más barato desgastar a los manifestantes —etiquetarlos, reducirlos a un estereotipo— que incumplir a sus socios. El acuerdo se cumple; a los descontentos se les gestiona con tiempo y con relato.

Con el independentismo el margen es otro. La formación que sostiene la legislatura ha entendido que su fuerza está en no moverse y en cobrar cada voto por separado. No es casual que hasta quienes contemplan un adelanto electoral lo sitúen cuando a esa formación le convenga, ni que en algunas quinielas se dé por hecho que la legislatura se estirará lo que haga falta.

Hacienda trabaja ya en unos Presupuestos para marzo​

Mientras el relato se descafeína, la maquinaria presupuestaria avanza. Según la información periodística que se cita, el Gobierno ha pedido a Hacienda cerrar las cuentas para aprobarlas en primavera, con la idea de blindar media legislatura y contar con una prórroga de los actuales hasta que lleguen los nuevos.

Es el manual conocido: estirar los presupuestos prorrogados y, si nadie los firma, seguir legislando por decreto ley. Aprobarlos a principios del ejercicio da aire para dos años más, con o sin apoyos puntuales. Quien haya seguido una legislatura gobernada a golpe de decreto sabe lo cómodo que resulta cuando no hay que negociar cada partida.

El detalle importa porque ahí está la prueba de fuego. Unos presupuestos nuevos exigen votos nuevos, y esos votos son los mismos que ahora se presentan como condicionados y reversibles. Si el acuerdo es un «ya veremos», el Presupuesto será el primer sitio donde se sabrá si el ya veremos era una frase o una política.

La calle, el ruido exterior y el termómetro catalán​

En el terreno de las protestas, las concentraciones frente a las sedes socialistas se han convertido en la foto fija de la semana. Circulan versiones —no verificadas y sin confirmación oficial— sobre llamadas desde Bruselas preocupadas por el orden público y por el posible efecto de las manifestaciones, que alimentan la tesis de que el ruido trasciende fronteras.

Más discutible es el supuesto avance del independentismo en Cataluña. Según un cálculo difundido en el debate, la base convencida ha pasado de un veintitantos por ciento de la población a cerca del 50% actual, un crecimiento silencioso a base de sumar gente al discurso victimista y de evitar la discusión abierta. Paso a paso, sin prisa.

A eso se añaden mensajes que corren por redes atribuidos a dirigentes independentistas y que describen el pacto como una guerra civil entre españoles. La cita, difundida y no confirmada más allá de su circulación, mide mejor que cualquier encuesta el clima con el que se negocia, según quienes la reproducen: no se pide un acuerdo, se pide una rendición por entregas.

Con el calendario presupuestario en marzo, las votaciones en el aire y una calle que no se traduce en escaños, la predicción más razonable —y también la más frágil— es que el pacto se cumplirá, el relato seguirá rebajándose y los descontentos seguirán siendo gestionados. Si algo rompe esa lógica, es probable que no venga de una pancarta, sino de un voto.