Abascal debería ser detenido y puesto a disposición judicial por esto. Inmediatamente.

Piden detener a Abascal por pedir a la policía que desobedezca​

Una frase y el país discutiendo si cabe en el Código Penal. Abascal pidió a los agentes no acatar órdenes ilegales «en caso de que vuelvan a producirse». De ahí a exigir su detención inmediata y su puesta a disposición judicial hay un trecho, pero el terreno abierto es jurídico y no solo ruido: ¿es una advertencia legítima a quien se paga con impuestos, o un llamamiento a que la policía se rebele contra el poder que la manda?

Qué se pide y quién asesora al partido en seguridad​

El punto de partida es una acusación difundida junto a un enlace a La Sexta: que pedir a las fuerzas del orden que se rebelen es más grave que lo que hizo Puigdemont y que Abascal debería estar en prisión. Una parte lo firma sin matices y lo llama alta traición. Otra responde con la lógica del contribuyente: quien sostiene a la Policía con sus impuestos tiene derecho a advertirle de que no debe obedecer lo que es ilegal, porque si lo hace acaba siendo el brazo ejecutor del gobierno que dictó esa orden.

La recomendación no salió de la nada. Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, asesora al partido en materia de seguridad ciudadana, y el detonante que más se repite es la primera jornada en la que se usó gas lacrimógeno para dispersar manifestantes. Un recurso, se argumenta, poco habitual y reservado a cuando la situación se desborda, y cuya orden no venía a cuento. La reconstrucción de la cadena de mando, con la comparación de lo ocurrido en la plaza Urquinaona durante el procés y el uso por iniciativa propia de un subinspector en las marchas por la dignidad, es el desglose más fino de todo el asunto.

¿Es delito pedir a un policía que no obedezca una orden ilegal?​

Quienes defienden esa posición sostienen que no, si la orden es manifiestamente ilegal. Sobre esa base se sostiene que no se está pidiendo un motín, sino aplicar un principio elemental: la orden de un superior no convierte en legal un delito, y quien la ejecuta carga con la responsabilidad. El principio de Nuremberg se invoca aquí, y también quien recuerda que estudió Derecho.

El reverso tiene la misma lógica interna: si una ley se vota, es ley. Incitar a las fuerzas del orden a desobedecer lo que aprueba el Parlamento es, desde esa lectura, de gravedad extrema. Y el espejo devuelve la pelota: quien defiende la amnistía porque salió de una votación tiene que explicar por qué una votación no bastaría para otras cosas. El experimento mental que circula —expropiar por mayoría las cuentas de los catalanes en edad electoral, unos 5 millones, y repartirlo entre los 30 millones del resto de España— es una provocación, pero señala bien dónde se atasca el argumento.

El doble rasero que nadie quiere mirar​

El paralelismo histórico se usa como arma arrojadiza. Se recuerda una campaña electoral en la que se prometió bajar el IVA para subirlo después, y una amnistía fiscal a grandes patrimonios aprobada —se dice— por siete votos. Se recuerda también el «Pujol enano habla castellano» de unos comicios y el «hablo catalán en la intimidad» de después. Cosas que, admiten los propios defensores del ejemplo, no son exactamente iguales, pero riman mucho.

En medio quedan dos posturas que se retroalimentan. Una sostiene que la oposición aguanta la mecha hasta que toque la alternancia, jugando a un juego bastardo. Otra señala que, aunque prosperen, los hechos acabarán siendo simples desórdenes públicos y que, por tanto, no habrá nada que rascar. Entre ambas, la sensación de que el reproche se aplica según quién lo recibe.

Órdenes ilegales y orden público: quién decide qué es ilegal​

Lo que late bajo la polémica es una cuestión de dinero y de mando. La seguridad ciudadana se financia con impuestos y su cadena de mando depende del gobierno de turno, así que la frontera entre advertencia y sedición depende de quién califica la orden de ilegal. Ninguna de las partes ha ofrecido un criterio que no acabe beneficiando a los suyos, y el reproche cruzado de cinismo recorre el hilo.

Con la amnistía sin cerrar y sin resolución pública sobre el encaje penal de la frase, el asunto se queda donde empezó. No en si Abascal debe ir a prisión, sino en quién decide, y con qué criterio, cuándo una orden deja de ser legítima.