Sánchez se da horas para decidir: el 29-N ya suena
Pedro Sánchez no ha convocado elecciones. Tampoco ha dicho que no las vaya a convocar. Entre esos dos silencios cabe una legislatura entera o un fin de semana. El Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno y el presidente, sin intervención prevista, pidió la palabra al terminar el debate para soltar una frase que funciona como cuenta atrás:
«La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan». Desde su núcleo duro explican que dedicará las próximas horas a
«analizar lo que ha pasado» y a comprobar «cómo reacciona la sociedad», sin agenda pública durante el fin de semana.
El 29-N y los 54 días que lo hacen posible
Para que las urnas se abran el domingo 29 de noviembre, la convocatoria tendría que publicarse en el BOE el próximo martes. Son los
54 días de antelación que exige la ley, y ese plazo convierte la hipótesis en un ejercicio de relojería: cualquier día de retraso empuja la cita más allá.
El horizonte oficial era otro. El límite natural de la legislatura apunta al verano del año siguiente y, hasta ahora,
marzo era la fecha más cercana que se manejaba en los cálculos. La caída de los decretos y la hipótesis de que el golpe movilice a la izquierda han llevado a manejar el 29-N como fecha posible.
Del puente de la Constitución al Domingo de Ramos
Si no hay adelanto inmediato, en el hilo se barajan fechas incómodas: el
6 de diciembre, Día de la Constitución y en pleno puente de la Inmaculada; el 25 de diciembre, día de Navidad; el 1 de enero; el 8 de enero, con las Navidades recién terminadas; el 21 de marzo, Domingo de Ramos; y el 28 de marzo, Domingo de Resurrección.
El precedente no ayuda a descartar ninguna. Las últimas elecciones generales se convocaron a finales de julio, en pleno arranque de las vacaciones. Quien espere pudor hacia el votante se equivoca de país.
Junts tumba los decretos y deja la legislatura sin aire
Sánchez lo intentó dos veces en 24 horas. El jueves, desde el Foro La Toja, reclamó a Carles Puigdemont que
«por pura humanidad» no rechazase los decretos. Lo dijo antes de que se reuniera la dirección de Junts, que pasadas las diez de la noche anunció su voto en contra. El viernes, ya en el hemiciclo, llegó el segundo y último llamamiento. No cambió nada: los decretos quedaron condenados.
La consecuencia es más política que normativa.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo queda a la vista, y con ella la sensación de que la legislatura está finiquitada antes de tiempo.
Una legislatura sin presupuestos y con la urna como amenaza
En el análisis que circula hay tres corrientes. Una sostiene que no habrá adelanto: que aguantará hasta el último día, entre otras cosas porque buena parte del asunto está en manos de los tribunales y unas elecciones funcionarían como un tiro en las rodillas. Otra lee ese análisis como escenificación para presionar a Junts y colocarle la responsabilidad del desastre. Una tercera espera un anuncio inminente.
El detalle que más se repite no es electoral, sino presupuestario: según un participante, el Gobierno no presenta cuentas anuales desde el arranque de la legislatura, una anomalía que en cualquier otra democracia sería el titular del año.
Sin presupuestos y sin mayoría, la única palanca que queda es el calendario.
Con estos mimbres, lo razonable es esperar una decisión en cuestión de días. Pero conviene no jurarlo: si no hay adelanto, la legislatura se arrastrará hasta el verano con el mismo aire de interinidad que la envuelve hoy.