Sánchez cita a banca y promotoras por la vivienda

Sánchez reúne a banca, promotoras y sindicatos por la vivienda​

La banca no lo vio venir. Está acostumbrada a tratar con el Ministerio de Economía y se encontró con una convocatoria que salía de Presidencia. Pedro Sánchez cita el jueves a las 10:30 en la Oficina de Moncloa a los primeros espadas del sector financiero, inmobiliario y sindical para hablar de política de vivienda y de falta de financiación. El motivo oficial es técnico; el oficioso admite una lectura electoral, con comicios vascos y catalanes en el calendario. Nada de esto es neutral: todos los que se sientan a esa mesa se juegan algo.

Quién se sienta en la mesa de Moncloa​

Sánchez no llega solo. Con él estarán la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas; el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, y la secretaria de Presidencia, Judit Alexandra González Pedraz. Al otro lado, el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez Pintado; el de Concovi, Juan Casares, y el de AGV, Juan José Perucho, por el bloque promotor. La AEB de Alejandra Kindelán y la Ceca de José María Méndez representan a la banca, con Pedro Fernández Alén al frente de la patronal de la construcción, la CNC. CCOO y UGT cierran la convocatoria. Intereses dispares en una sola mesa. Hay quien advierte de que un foro así solo funciona si el suelo público, en manos de las administraciones, sale a precio razonable y deja de tratarse como activo especulativo.

¿Por qué la banca recela de la cita en Moncloa?​

Las entidades acumulan dos vías de exposición al ladrillo: los activos adjudicados, reducidos en los últimos años, y la financiación. La negociación entre Ejecutivo y banca sigue sin cerrarse, y sobre el encuentro planea la sospecha de que sea un preludio de algún anuncio en clave de campaña. El marco no ayuda: en marzo la inflación en Estados Unidos subió al 3,5% y la subyacente al 3,8%, enfriando las expectativas de recortes de tipos, y el petróleo Brent superaba los 90 dólares. Con ese telón de fondo, la financiación barata no está para muchos trotes.

El cuello de botella que arrastra la construcción desde la burbuja​

El sector reclama desde hace años una nueva Ley del Suelo para facilitar los cambios de uso, la Ley de Desindexación que prohibió la revisión de precios y un tope en la Ley de Contratos del Sector Público. Sobre la mesa están además la fiscalidad de la vivienda, las garantías y los préstamos necesarios para generalizar la construcción industrializada. Pero el problema que no se resuelve con decretos es la falta de mano de obra. En pueblos de montaña de Cataluña y Aragón, trabajadores de pistas de esquí y del sector turístico pasan la temporada en autocaravanas y furgonetas porque no pueden pagar un alquiler. La falta de vivienda asequible expulsa también a docentes y sanitarios que podrían instalarse en el Pirineo. Y se apunta en el debate que dormir en el coche es, además, ilegal.

Ayudas públicas que acaban en el precio​

Una corriente del análisis sostiene que buena parte de las ayudas a la compra y al alquiler termina capturada por bancos y propietarios. El mecanismo es sencillo: cuanto más dinero público entra en el mercado, más margen hay para subir precios. La ayuda al inquilino degenera en subida de renta. Es la misma objeción que se hizo a las medidas sobre la luz, cuando el recibo terminó más caro que antes. Otros añaden un matiz que incomoda a ambos bandos: si no aumenta la oferta real, cualquier subvención solo mueve el dinero de sitio y acelera la burbuja.

Vivienda pública prometida y el ruido sobre la ocupación​

Cada vez que se habla de vivienda reaparece el mismo frente: la vivienda pública anunciada y no entregada. Se pregunta dónde están las 200.000 viviendas públicas prometidas y si el plan alcanzará a quienes lo necesitan. A la vez, parte de los propietarios reclama mano dura contra la ocupación ilegal, que consideran un freno para sacar pisos al mercado. Las dos demandas conviven mal: exigir más oferta pública y, en paralelo, lanzar señales de seguridad jurídica al propietario privado. Alguien tendrá que decidir cuál pesa más en la balanza.

El pulso entre el rentismo y la vivienda como derecho​

Buena parte del descontento apunta a un parque inmobiliario convertido en refugio de valor. Se mira con lupa la supresión de la llamada golden visa, la Ley de Vivienda y las zonas de mercado tensionado, y se describen como avanzadillas de medidas más severas. Los propietarios responden que sin ellos no hay oferta nueva y que la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión. La tensión no es solo española. En Vietnam, un tribunal sentenció a pena de muerte a una magnate inmobiliaria por uno de los mayores casos de corrupción del país, con un perjuicio calculado en 27.000 millones de dólares. La anécdota no invita a extrapolar, pero deja claro hasta dónde puede llegar el castigo al ladrillo cuando el escándalo es mayúsculo.

Que la vivienda es hoy un problema de acceso y de oferta lo admiten casi todos los interlocutores. Que la mesa de Moncloa sirva para algo más que para una foto, no lo firma nadie. ¿Y si la solución se diluye en cuanto pase el calendario electoral?