Sánchez concede DNI a saharauis: el mapa electoral se reescribe
¿Es legal? ¿Cuántos votos mueve? El Gobierno prepara una vía exprés de nacionalidad para los naturales del Sáhara Occidental, apenas tres años después de reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio. La medida, presentada como un acto de justicia histórica, desata dudas jurídicas y un intenso debate sobre su impacto demográfico y electoral.
La estrategia: pagar en votos lo que se regaló en tierra
En 2022, el presidente Pedro Sánchez dio un volantazo a la posición histórica de España y apoyó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, dejando sin efecto la reivindicación de un referéndum de autodeterminación. Aquello se vendió como un gesto hacia Rabat. Ahora llega la segunda parte: ofrecer la nacionalidad española a los saharauis que residan en el extranjero o en los campamentos de Tinduf. La jugada no es casual: se calcula que la diáspora saharaui ronda las 200.000 personas, muchas de ellas con simpatías hacia la izquierda. Para un Gobierno que depende de mayorías precarias, el censo de esos nuevos españoles podría inclinar la balanza en varias provincias.
El argumento oficial es reparar el «abandono» desde 1975, cuando España se retiró del territorio. Pero la oposición lo tilda de «alta traición»: primero se entrega el suelo a Marruecos y luego se trae a la población a votar aquí. Incluso dentro del bloque progresista hay voces que alertan de la incongruencia jurídica: si el Sáhara es marroquí, los saharauis no son españoles; si son españoles, el Sáhara debiera seguir siendo colonia.
El efecto en las cuentas públicas: ¿un coste asumible?
Más allá del ruido político, la medida tiene implicaciones presupuestarias. Cada nuevo nacionalizado accede a prestaciones sanitarias, educativas y, en su caso, subsidios. Con una población saharaui estimada en unas 200.000 personas (muchas ya residen en España de forma irregular o con permisos temporales), la factura anual podría rondar los 1.000 millones de euros si la mayoría se instala en la península. Esa cifra incluye gastos de integración, rentas mínimas y el impacto en el sistema de pensiones a largo plazo.
Los optimistas señalan que la mayoría ya está en edad de trabajar y que muchos tienen formación, por lo que la recaudación fiscal podría compensar parte del desembolso. Los críticos recuerdan que la tasa de empleo en los campamentos es bajísima y que la acogida masiva saturaría servicios públicos ya tensionados, como centros de salud y vivienda social.
El debate legal: ¿pueden votar ya en las próximas generales?
La vía escogida sería una ley orgánica que otorgue la nacionalidad por carta de naturaleza, un procedimiento discrecional del Consejo de Ministros. Esto permite sortear los plazos ordinarios (10 años de residencia para ciudadanos de países no iberoamericanos). Una vez publicada en el BOE, los solicitantes podrían tramitar el DNI y el pasaporte. Si la norma se aprueba antes de la disolución de las Cortes, los nuevos españoles estarían en condiciones de votar en las siguientes elecciones generales, previstas para 2027 o antes si hay adelanto.
La letra pequeña importa: la conocida como «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática) no se aplica a los descendientes de los nuevos nacionalizados, según aclara un análisis técnico interno. Solo los hijos menores de edad bajo patria potestad adquirirían la nacionalidad derivada, no los nietos ni los mayores de edad. Con lo cual el efecto generacional queda acotado, al menos de entrada.
El factor geopolítico: la tormenta perfecta con Rabat
Marruecos observa con recelo. El acuerdo de 2022 se basaba en que el Sáhara pasaba a ser parte de su soberanía a cambio de garantías sobre Ceuta y Melilla y control migratorio. Si España nacionaliza a los saharauis, Rabat lo interpreta como un cuestionamiento de su jurisdicción sobre el territorio. El riesgo es una crisis diplomática que ponga en peligro los acuerdos de readmisión de inmigrantes y la cooperación antiterrorista. Algunos analistas ven en esta movida una jugada desesperada de Sánchez para asegurarse un bloque de votantes antes de que el electorado tradicional del PSOE se desencante definitivamente.
El cierre es casi una paradoja: quien entrega un territorio para ganar estabilidad con el vecino, ahora puede perderla al importar a sus habitantes. Y todo para arañar unos escaños que, a este paso, quizás no sean suficientes.
