Reto del día: Nombrad cosas que el gobierno haya hecho en los últimos 40 años y hayan mejorado vuestra vida

Cuarenta años de gobierno: lo que sí cambió tu vida​

Un reto lanzado en un foro de economía —nombrar lo que la administración ha hecho en cuatro décadas y ha mejorado la vida del contribuyente— recibió una respuesta que se repite: casi todo lo bueno que se cita es una prohibición. Prohibir fumar en espacios públicos, prohibir conducir ebrio, prohibir beber en la calle. La ley antitabaco aparece una y otra vez como el ejemplo estrella, y no por casualidad: no cuesta un euro al presupuesto. La pregunta de fondo es otra: si en cuarenta años lo único que se recuerda como beneficio son normas que limitan a otros, ¿qué dice eso del contrato entre el ciudadano y quien le cobra la mitad de lo que gana?

Las prohibiciones que no cuestan dinero​

El patrón es llamativo. Entre las respuestas más repetidas están la ley antitabaco, la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y la de beber en la calle, estadios y espacios públicos. Todas comparten una característica: no requieren gasto presupuestario. Quien plantea el reto lo subraya con retintín: «curiosamente por ahora son todo cosas sin gastar un duro del presupuesto».

No hay consenso ni siquiera ahí. Una parte sostiene que la norma antitabaco debió dejarse en manos de cada local, con libertad para elegir a qué establecimiento entrar. Otra recuerda lo obvio: quien fuma en una terraza llena de gente impone su humo a los demás, y eso no es libertad, es molestia ajena. La discusión deriva hacia el detalle cotidiano —el humo en una terraza con niños— más que hacia el principio general.

Infraestructuras: el argumento que se cae al mirar la factura​

El segundo bloque de respuestas apunta a las obras públicas: autopistas, autovías, líneas de alta velocidad, kilómetros de metro en Madrid. Es el ejemplo clásico de inversión estatal con retorno visible. El problema, señalan varias voces, es que muchas de esas vías se pagan dos veces: primero con impuestos y después con peajes. «Llevo 40 años pagando peajes para llegar decentemente a los sitios», resume un participante.

La contraofensiva llega con datos. Se recuerda que la red de autovías se construyó en buena parte para subvencionar de forma implícita al transporte por carretera y alimentar a las grandes constructoras, con sobrecostes y comisiones. El AVE, añaden, funcionó como agujero negro de miles de millones y como excusa para especular con suelo. La conclusión de esa corriente: la infraestructura existe, pero el ciudadano la ha pagado con creces y no siempre la disfruta gratis.

Sanidad, educación y pensiones: el gasto que sí se nota​

Frente al bloque anterior, otra parte de las respuestas enumera lo que considera logros incuestionables del Estado: asistencia médica universal, sistema educativo, sistema judicial, policía, defensa, pensiones. Es el paquete clásico del Estado del bienestar, y quien lo defiende añade una pregunta incómoda: ¿compensa lo que nos quitan? La respuesta que dan es matizada: probablemente podría hacerse con menos impuestos si no existieran corrupción y despilfarro, pero el servicio, en sí, existe y funciona.

La entrada en la Unión Europea aparece también como hito. Se argumenta que evitó la quiebra del país y permitió circular libremente por el espacio comunitario. Quien lo defiende reconoce que tiene costes, pero sostiene que sin ella el escenario habría sido mucho peor. Es, de nuevo, un argumento de comparación con un contrafactual que nadie puede medir.

El SMI y la trampa del poder adquisitivo​

La subida del salario mínimo figura entre las respuestas positivas. Y ahí se abre otra grieta. Una corriente sostiene que subir el SMI mientras se emite deuda no sirve de nada: el poder adquisitivo sigue bajando y el incremento nominal se lo come la inflación. Otra recuerda que el SMI es una referencia legal, no un aumento real de la capacidad de compra de quien ya cobraba por encima.

El intercambio se encona cuando entra la comparación generacional. Un participante afirma que en los años 90 alguien de su edad se compraba coche y piso con un sueldo, y que hoy una pareja con dos ingresos no cubre ni el alquiler. La respuesta llega con datos de parque móvil: la edad media del automóvil en España ronda los 14 años y hay millones de vehículos por encima de los 20. La contrarréplica: en toda Europa pasa igual, y se cita el caso de Finlandia. El dato descoloca a quien lo usaba como prueba de decadencia nacional.

Matrimonio igualitario y otras medidas de coste cero​

Entre las aportaciones positivas aparece el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado bajo el gobierno de Zapatero, que él mismo señaló como uno de sus mayores orgullos. El detalle no es menor: es una medida de coste cero, igual que las prohibiciones. Quien la menciona lo hace notar con ironía: parece que solo se recuerda lo que no cuesta dinero.

La jornada de 37,5 horas se cita como avance en camino, todavía sin consolidar. Y los tapones unidos a las botellas aparecen como ejemplo de regulación que no beneficia a nadie y que se recuerda cada vez que se abre una botella. La mezcla de lo trascendente y lo absurdo resume bien el tono general.

El balance que nadie cierra​

El resultado del ejercicio es un inventario corto y discutido. Un bloque amplio concluye que no hay nada que merezca la pena, que todo son prohibiciones, regulaciones e impuestos, y que los más de 400.000 cargos públicos no se traducen en mejoras proporcionales. Otro bloque responde con la lista clásica de servicios públicos y advierte que quienes añoran épocas pasadas olvidan cómo funcionaban realmente.

El punto exacto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: nadie discute que existan carreteras, hospitales o escuelas. Lo que no se cierra es la cuenta. Cuánto de eso lo habría hecho igual la iniciativa privada, cuánto se ha pagado de más, y cuánto de lo que se presenta como beneficio es en realidad una norma que limita a alguien. Con esos mimbres, el reto sigue sin una respuesta que convenza a todos.