Díaz propone a Sánchez un nuevo impuesto para embolsarse el 25% de la venta de viviendas que hayan sido adquiridas dos años antes

Díaz propone gravar con un 25% la venta de viviendas compradas dos años antes​

¿Cuánto de ese 25% acabará pagando el comprador en el precio final? La vicepresidenta Yolanda Díaz ha trasladado al PSOE un nuevo impuesto que gravaría con el 25% el precio total de la venta de una vivienda adquirida dos años antes. El argumento oficial: combatir el «acaparamiento» inmobiliario y ampliar el mercado para jóvenes y familias vulnerables. El argumento que circula en los mentideros: que la medida se queda corta, que llega tarde o que directamente la pagará quien menos tiene.

La propuesta no es un proyecto cerrado. Es una carta a los socios de coalición que abre un melón conocido: quién paga la fiesta cuando se toca el ladrillo. Y como todo lo que toca el ladrillo, ha dividido el patio en tres o cuatro trincheras que no se escuchan entre sí.

Qué grava exactamente el impuesto del 25%​

El diseño que se ha filtrado es simple: si compras una vivienda y la vendes en menos de dos años, Hacienda se queda con el 25% del precio de venta. No del beneficio. Del precio total. Ahí está el primer problema técnico, porque el texto inicial no aclara si eso es un tipo efectivo, un recargo sobre la plusvalía o una tasa nueva que se suma a las que ya existen.

En la práctica, el vendedor que compró a 100 y vende a 200 dos años después no tributaría por los 100 de ganancia, sino que vería desaparecer 50 de los 200 de la operación. Si a eso se le suman IRPF, plusvalía municipal y gastos de compraventa, el negocio se convierte en una ruina para el particular que necesite liquidez por una mudanza laboral. Los fondos y las socimis, en cambio, aguantan el inventario dos años y un día y siguen a lo suyo.

Hay quien sostiene que la medida es un brindis al sol porque los especuladores profesionales no compran para vender en dos años: compran, alquilan y esperan. Y hay quien responde que el problema no es el especulador profesional, sino el pequeño propietario que hereda o compra un segundo piso y lo pone en alquiler sin saber que le van a clavar un 25% si algún día quiere salir.

El argumento de la oferta: menos construcción, más retención​

La crítica más repetida no va contra el impuesto en sí, sino contra su efecto sobre la oferta. Si gravas la venta a corto plazo, el propietario que dudaba entre vender o alquilar se queda quieto. Y si se queda quieto, el mercado se estrecha. El resultado paradójico sería menos vivienda disponible, no más.

A eso se suma el argumento de la construcción: cualquier medida que encarezca la operación inmobiliaria desincentiva la promoción de obra nueva, que ya arrastra sus propios costes. Quien defiende el impuesto responde que el problema no es la oferta, sino la demanda extranjera y la compra institucional. Quien lo critica responde que el problema es que no se construye y que el suelo urbanizable está en manos de unos pocos.

El diagnóstico de la vivienda como bien de primera necesidad frente al de la vivienda como activo financiero es el eje real del choque. Y no se resuelve con un tipo del 25%.

¿Quién paga realmente el impuesto?​

La pregunta que recorre todos los análisis es la misma: si el vendedor tiene que soltar un 25%, ¿lo asume él o lo traslada al comprador? La respuesta económica estándar es que depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. En un mercado tensionado como el español, con escasez de vivienda en las zonas donde se trabaja, el vendedor tiene margen para subir el precio. El comprador paga. Y si el comprador es un joven que se hipoteca a 30 años, el impuesto se convierte en una hipoteca más alta.

Ese es el argumento que más circula entre los críticos: la medida no abarata la vivienda, la encarece. Y el argumento que más circula entre los defensores: sin intervención, el mercado seguirá expulsando a los que no tienen patrimonio previo.

La letra pequeña: herencias, movilidad y fondos​

Hay un detalle que se repite en los análisis más técnicos: el impuesto castiga la movilidad laboral. Quien compra un piso, lo vende dos años después porque le han trasladado de ciudad y se ve con una factura fiscal que se come el ahorro de una década. Ese perfil no es un especulador. Es un trabajador con hipoteca.

También se discute el tratamiento de las herencias. Si el impuesto se aplica a la venta de una vivienda heredada dentro de los dos años siguientes a la adquisición, el heredero que vende para repartir la legítima se lleva el golpe. Y si se excluye la herencia, se abre un agujero por el que puede colarse el que compra a través de sociedad interpuesta.

La comparación con otros países aparece una y otra vez: en Alemania, la plusvalía por venta de vivienda habitual está exenta si se ha poseído más de diez años, y se considera actividad económica tener más de tres pisos. En España, el debate se queda en el tipo y no en el hecho imponible.

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Con estos mimbres, el impuesto del 25% tiene pinta de quedarse en el limbo de las propuestas que se anuncian y no se tramitan. O de tramitarse con tantas excepciones que el 25% acabe siendo un 4% para el que tenga buenos asesores. La vivienda sigue sin resolverse, pero al menos ya sabemos a quién le van a echar la culpa cuando suba el precio.